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    El Ministerio del Interior de Cuba y la Real Policía Montada de Canadá suscribieron un acuerdo para fortalecer la cooperación bilateral contra el tráfico sexual de personas, el abuso a menores, la prostitución y la pornografía infantil.

    El documento fue firmado en La Habana por Idaís Borges, jefa de la Dirección de Menores del despacho de Interior; y Marie Claude Arsenault, directora general del Centro de Policía Canadiense para Niños Desaparecidos y Explotados.

    Ambas instituciones se comprometieron a trabajar en conjunto en la búsqueda de delincuentes sexuales infantiles transnacionales, y establecer una “cooperación sólida” basada en la comunicación y el “intercambio de información”, entre las policías del país de origen y de destino.

    Intercambio de información

    El comunicado señala que uno de los objetivos es evitar que los delincuentes sexuales puedan beneficiarse de  las brechas jurisdiccionales e impedir que continúen viajando para seguir explotando sexualmente a los niños.

    “Aunque Canadá y Cuba ya han colaborado estrechamente en las investigaciones, este nuevo acuerdo formaliza sus respectivas funciones y responsabilidades y solidifica esta importante asociación”, refiere el texto.

    “En términos concretos, este acuerdo facilitará el intercambio de información para la investigación de delitos sexuales con niños”, añade.

    A través del convenio se impulsará un mayor intercambio de información, investigaciones conjuntas y el enjuiciamiento de sospechosos por cualquiera de los dos países, reseña la Agencia Cubana de Noticias.

    Asimismo, prevé la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en la prevención y lucha contra los delitos contra los niños.

    Borges destacó que el acuerdo “formaliza y amplía las acciones” realizadas en las últimas dos décadas por Cuba “en materia de intercambio informativo, desarrollo de investigaciones conjuntas y preparación de fuerzas policiales”.

    Cuba y Canadá firmaron en 1999 un memorando sobre cooperación en la lucha contra el tráfico de narcóticos y luego en 2003 un acuerdo sobre la repartición de los bienes decomisados o sus fondos equivalentes.

    Ambos países también reafirmaron  su voluntad de continuar respetando la Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo.

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