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    El Gobierno de España aboga por la libertad de expresión en otros países, pero no la defiende en su territorio. Este lunes, Amnistía Internacional (AI) reveló que esa nación acumula una media de 80 multas diarias desde la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC), llamada Ley Mordaza.

    En un comunicado, precisaron que ese promedio es el resultado de las 73.187 amonestaciones impuestas, según datos oficiales del Ministerio del Interior, desde el 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2017

    Además, precisaron que estas multas diarias son solo en aplicación “de los dos artículos con más impacto de esta ley, lo que podría equivaler a casi 25 millones de euros“.

    Esos dos artículos son los que contemplan amonestaciones cuando se producen “faltas de respeto o consideración” hacia miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y cuando un individuo incurre en “desobediencia o resistencia a la autoridad” en situaciones no constitutivas de delito, reseñó Sputnik.

    “Más de tres años después de su entrada en vigor, esta legislación ha ido empeorando el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información y se ha empleado contra periodistas y formas legítimas de protesta y activismo social”, alertó el director de AI, Esteban Beltrán.

    Desde la organización también manifestaron su preocupación por los castigos que impone la norma a la organización de manifestaciones sin notificación previa o la distribución de las fuerzas de seguridad en determinadas circunstancias.

    Por esta razón, instan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a derogar los artículos “que limitan de forma desproporcionada el ejercicio de derechos humanos”, tal como lo ha prometido en sus declaraciones.

    Finalmente, sugieren al país incorporar un mecanismo independiente de investigación de abusos policiales como ya lo han hecho Bélgica, Reino Unido, Irlanda o Noruega.

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