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    1999. La Organización de Naciones Unidas (ONU) acababa de permitir que se violara por primera vez su Carta fundacional bajo el pretexto de “ayuda humanitaria”. De esta manera, dio paso a la primera intervención militar ―oficial― de las tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y con eso se vulneraba el derecho internacional, al agredir la soberanía y los asuntos internos de un Estado nación.

    La “ayuda humanitaria” llegó de inmediato, las fuerzas de la OTAN hicieron continuos bombardeos contra la República de Yugoslavia, todo en menos de 3 meses. La misión era acabar con el conflicto serbio-albanés y prevenir una “crisis humanitaria”, pero la razón real era lograr la desintegración de la Yugoslavia socialista, que lideraba Slobodan Milošević, y que significaba el último reducto del comunismo en Europa tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS); es decir, una ficha que debía borrar el macartismo estadounidense.

    Las agresiones militares de los países que integran la OTAN contra Yugoslavia se extendieron desde el 24 de marzo hasta el 10 de junio de 1999. El pretexto era evitar las “limpiezas étnicas”, basados en el antecedente del genocidio en Ruanda (1994), donde la ONU también mantuvo complicidad. Esa era la manera más confiable de justificar y acelerar la intervención contra el pueblo yugoslavo.

    Diferentes trabajos de investigación relacionados con la guerra de Kosovo refieren estos hechos a conflictos soberanos de Yugoslavia que fueron utilizados como parte de una campaña orquestada por el Gobierno de Estados Unidos y sus aliados, con el objetivo de ejecutar la desintegración de Yugoslavia y, de esa forma, establecer su control sobre la región.

    En aquel momento, el Gobierno de Yugoslavia era perseguido desde todos los ámbitos internacionales. Una de las principales promotoras de la invasión militar contra Yugoslavia fue la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Mary Robinson, quien, desde esa tribuna,  procuró la consolidación de la Corte Penal Internacional (CPI), un organismo inquisidor de los pueblos y Gobiernos soberanos que persiguió a los integrantes del Gobierno yugoslavo y que justificó también el accionar de la industria militar que impera en la OTAN.

    Tropas invasoras de la OTAN

    Venezuela en la mira de la “ayuda humanitaria”

    Casi 20 años han pasado desde la primera vez que la ONU permitiera que se vulnerara el tratado internacional que dio origen a su fundación; y con ello marcó el antecedente necesario para la ejecución de una política intervencionista militar  progresiva de la OTAN, con el objetivo de invadir países soberanos, ajenos a los intereses de EE. UU. y sus aliados, para así apoderarse de sus riquezas energéticas, minerales, naturales y geoestratégicas.

    Desde 2014, se promueve con mayor intensidad, desde Washington y sus amigos, una campaña de desprestigio contra el Gobierno venezolano, al intentar crear una falsa matriz de opinión que cuenta con el apoyo de las grandes corporaciones mediáticas internacionales, para hacer creer que Venezuela vive en medio de una supuesta “crisis humanitaria”.

    Con esta matriz justificada en el inconciente colectivo, EE. UU. y sus aliados cuentan con el argumento útil para la ONU y la OTAN, para ejecutar ―en principio― una “ayuda humanitaria” que seguramente, y como ocurre en otros países invadidos por tropas extranjeras, se convertirá en una “intervención humanitaria” que “concluirá” sólo  hasta que se pueda “garantizar” la “paz”, la “democracia” y un “Gobierno con reconocimiento internacional”, que no es otra cosa que el control del poder político, social y económico de la nación invadida.

    Luis Almagro, secretario general de la OEA

    Tal escenario ―en la actualidad― en más visible. Prueba de ello es la arremetida internacional que se ejerce contra Venezuela desde varias plataformas internacionales. La primera de ellas es la Organización de los Estados Americanos (OEA), con la actuación servil de su secretario general, Luis Almagro, quien asomó que ejecutar una intervención militar contra el pueblo venezolano es una de las posibles “soluciones” para acabar con el Gobierno constitucional que lidera el presidente Nicolás Maduro.

    Al mismo tiempo, se intensifican los ataques contra Venezuela desde la propia ONU, en un escenario como la Asamblea General, donde países como Canadá, EE. UU., Chile, Ecuador, Perú, Argentina, Panamá, Colombia y Paraguay emanaron una serie de ataques infundados para intentar desprestigiar diplomáticamente al Gobierno venezolano.

    En ese periplo, estos países que cuentan con crisis sociales, económicas y humanitarias particulares, se usó de manera reiterada la idea infundada de “que el pueblo venezolano vive una crisis humanitaria” de la cual es culpable el Estado; todo esto sin nombrar que el duro momento económico y social que viven los venezolanos comenzó con las sanciones económicas y el bloqueo y financiero impuesto por EE. UU. contra la nación bolivariana.

    Michel Bachelet, secretaria general de Derechos Humanos de la ONU

    Aprobada “ayuda humanitaria” y denuncia ante la CPI

    Los ataques contra la soberanía de Venezuela y su pueblo se intensifican. Cada vez más, el poder hegemónico estadounidense con sus lobbys internacionales instalados en la ONU y la CPI dan pasos para habilitar la forma “humanitaria” para ejecutar su intervencionismo de guerra.

    Una prueba de esto fue la aprobación de “ayuda humanitaria” para Venezuela que realizó este jueves, 27 de septiembre de 2018, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la primera resolución en la historia emanada por este organismo al país suramericano.

    La resolución de “ayuda humanitaria internacional”, según el Consejo de DDHH de la ONU, es para “aliviar la escasez de alimentos y medicinas que afectan a la población venezolana”, pero no explican en su documento que gran parte de la falta de estos rubros se debe al bloqueo que impuso el Gobierno estadounidense contra Venezuela.

    En esa instancia, dirigida por Michel Bachelet ―expresidenta de Chile―, quien ya se ha pronunciado contra el Gobierno venezolano y se ha hecho eco de la campaña de descrédito de “crisis humanitaria”, de un total de 47 países que integran el Consejo, 23 votaron a favor, 17 se abstuvieron y 7 se manifestaron en contra de la arbitrariedad que vulnera la soberanía venezolana.

    En ese espacio, el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, condenó la resolución y la calificó como “el comienzo de una escalada intervencionista” que busca la caída del Gobierno venezolano para así “establecer un mecanismo de tutelaje” extranjero sobre Venezuela.

    Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda

    A la par, la Fiscalía de la CPI confirmó ese mismo día ―27 de septiembre de 2018― la recepción de la petición por parte de Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá para que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.

    La fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, recordó en un comunicado que la solicitud “no conduce automáticamente a la apertura de una investigación” y que su oficina ya abrió un examen preliminar sobre el país caribeño en febrero de este año.

    En bombardeos de la OTAN mueren cientos de niños y otros miles resultan heridos y con graves daños psicológicos

    Mundo humanitario, una pantalla para imponer políticas hegemónicas

    El profesor de derecho internacional en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Teherán y miembro asociado del Instituto de Derecho Internacional, Djamchid Momtaz, explicaba cómo la excusa de “ayuda humanitaria” podría convertirse en una pantalla conveniente, sólo para las potencias militares, para imponer sus políticas alrededor del mundo.

    En un artículo publicado por la Revista Internacional de la Cruz Roja el 31 de marzo del 2000, titulado “La ‘intervención humanitaria de la OTAN’ en Kosovo y la prohibición de recurrir a la fuerza”, el experto en derecho internacional explica que recurrir a la fuerza militar para solventar supuestas crisis humanitarias es simplemente una excusa que se convierte para los agresores en “un simple derecho de injerencia humanitaria”.

    En su texto, Momtaz explica que la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados ,de conformidad a la Carta de las Naciones Unidas, establece que “ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de ningún otro. Por lo tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualquier otra forma de injerencia (…) son violaciones del derecho internacional”.

    Bombardeos de la OTAN contra el pueblo sirio

    En ese sentido, explicaba Momtaz ―sobre el caso de la intervención militar contra Yugoslavia― que “uno de los fundamentos jurídicos de la solicitud de instancia de la República Federal de Yugoslavia ante la Corte Internacional de Justicia es la violación del artículo 53, apartado 1 de la Carta de la ONU, por parte de los Estados miembros de la OTAN”.

    Ese artículo establece que “de conformidad con esta disposición, los organismos regionales no emprenderán ninguna acción coercitiva sin autorización del Consejo de Seguridad, norma que no respetó la OTAN”.

    Entonces, explica Momtaz, resulta preocupante “el reconocimiento del derecho de las organizaciones regionales a recurrir a la fuerza armada para poner término a una catástrofe humanitaria”.

    Agrega que ese escenario lo que ocasiona es un fatídico “derecho de injerencia humanitaria” que sólo favorece a las organizaciones regionales, para quedar “libres de recurrir a la fuerza de manera selectiva”.

    “Cabe fuertemente temer que los elementos decisivos de cualquier toma de decisión de recurrir a la fuerza armada serán los intereses de los Estados miembros de esas organizaciones y sus imperativos de seguridad, más particularmente los de la potencia militar dominante. Se correría el riesgo de que el mundo humanitario se convierta en una pantalla que permitiría a las grandes potencias llevar a cabo su propia política“, agrega Momtaz en su análisis.

    Tropas de la OTAN en acción

    El negocio de la guerra y la justificación de la agresividad como “ayuda humanitaria”

    Por su parte, el lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense Noam Chomsky considera que el concepto de ayuda humanitaria es “casi todo acto agresivo realizado por cualquier potencia” y que es inherente al papel desempeñado por EE. UU. y la OTAN en sus intervenciones militares alrededor del mundo.

    Al respecto, agrega que esa “ayuda humanitaria” sólo es vista de esa manera por el o los países agresores; pero es un cruel acto de guerra por las víctimas, es decir, el pueblo que recibe la invasión bélica.

    Estas aseveraciones las realizó Chomsky en febrero de 2018, en una entrevista ofrecida al canal Telesur, en donde recuerda que el primer ejemplo de ayuda humanitaria fue el bombardeo unilateral de las fuerzas armadas de la OTAN contra Serbia en 1999.

    En aquel momento, recuerda Chomsky, las fuerzas de Albania cometían ataques terroristas en territorio serbio para provocar una respuesta de su Gobierno que le sirviera como justificación a la OTAN para entrar al país.

    “Cuando asumieron la invasión, el general estadounidense a cargo, Wesley Clark, le informó a Washington que el resultado del ataque intensificaría las atrocidades, porque Serbia no era capaz de responder militarmente bombardeando. Serbia respondió por tierra, expulsando de Kosovo a los albaneses terroristas, justo después del bombardeo de EE. UU. Pero la gran cobertura mediática fue la de Slobodan Milošević (expresidente serbio) llevado a la Corte Penal Internacional por una acusación sobre crímenes masivos, todos ocurridos justamente después del bombardeo que ejecutó Washington contra su pueblo. Todo lo narrado anteriormente fue una intervención humanitaria”, resalta Chomsky.

    Explica el politólogo estadounidense que actualmente la ONU fundamenta sus intervenciones militares con base en palabras emitidas anteriormente por el exprimer ministro australiano Garreth Evans, quien debatió sobre la “responsabilidad de proteger” del organismo multilateral, al argumentar que “así el Consejo de Seguridad (de la ONU) no esté de acuerdo en autorizar una intervención, agrupamientos regionales pueden intervenir a la fuerza por su cuenta”.

    “¿Qué agrupamiento regional es capaz de una intervención? Hay uno solo y se llama OTAN”, subraya Chomsky, al resaltar que otro ejemplo de ayuda humanitaria fue el bombardeo a Libia en 2011.

    “Una resolución de la ONU en 2011 hizo un llamado a la creación de una zona de exclusión aérea en Libia, a excepción de aquellos cuyos fines sean ‘humanitarios’, que pasó a términos diplomáticos para solucionar el problema, y que Muamar Gadafi aceptó, declarando un cese el fuego contra fuerzas opositoras a su gobierno. Finalmente, Washington optó por apoyar una resolución mucho más amplia que la de la simple zona de exclusión aérea, y apostó por una ocupación militar del país. Reino Unido, Francia y Estados Unidos se convirtieron en la fuerza aérea de la oposición. Uno de sus ataques terminó sepultando a Gadafi y matando a 10.000 personas, dejó a Libia en lo que es hoy día, en manos de milicias“, explica.

    La intervención militar en Libia generó miseria, pobreza, subdesarrollo, violaciones graves a los derechos humanos, el robo de al menos 200.000 millones de dólares en reservas internacionales que mantenía el gobierno de Gadafi en bancos europeos, el control geoestratégico del país y el apoderamiento de sus riquezas petroleras, gasíferas y naturales.

    Chomsky agrega en la entrevista para Telesur, que “sólo en términos militares, EE. UU. maneja el 25% de la economía mundial” y que pese a que, en economía, Washington ha ido en declive, “sería un error pensar en que han perdido su dominio”, pues “las multinacionales estadounidenses son dueñas de la mitad del mundo, están integradas con el Estado y tienen todos los sectores: industria, venta, comercio, finanzas”.

    El presidente Maduro defendió la soberanía de Venezuela y denunció a EE. UU.

    Defensa de Venezuela ante la inminente amenaza de invasión militar

    El miércoles 26 de septiembre de 2018, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, intervino en el 73° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, realizada en Nueva York, EE. UU.

    Un día antes intervino el presidente de los EE. UU., Donald Trump, quien reiteró que una intervención militar contra Venezuela es una de las opciones que maneja la Casa Blanca para tomar el control en el país suramericano.

    La noche siguiente, en su alocución, Maduro denunció el boicot social, económico y financiero que ejecuta EE. UU. contra Venezuela; la actuación contra la soberanía venezolana por parte de “Gobiernos satélites” de EE. UU. en Latinoamérica como Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Colombia, Paraguay, Panamá, entre otros; y pidió a la ONU que realice una investigación imparcial sobre el intento de magnicidio en su contra e instó a Michel Bachelet a visitar el país y conocer la realidad venezolana no manipulada por los grandes medios aliados a Washington.

    Además, instó al Gobierno de EE. UU. a enviar funcionarios de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés) para que participen en el esclarecimiento del magnicidio frustrado contra su persona y ratificó su disposición de dialogar con el presidente estadounidense, Donald Trump.

    Maduro también solicitó a los Gobiernos de Chile, México y Colombia a esclarecer la presunta implicación de algunos de sus funcionarios diplomáticos en la protección y fuga de los autores materiales del intento de magnicidio.

    Denunció, además, las palabras de Trump que incitan a la ejecución de un golpe de Estado militar contra el Gobierno constitucional de Venezuela y exigió respeto a la soberanía del pueblo .

    El Presidente venezolano también abogó por el cese inmediato del bloqueo criminal de EE. UU. contra Cuba, que ahora se ejecuta también contra su país; exigió respetar los derechos humanos, sobre todo la vida del pueblo palestino, así como su soberanía y autodeterminación.

    También reclamó por las atroces violaciones a los derechos humanos que ejecutan las tropas de EE. UU. y de la OTAN contra los pueblos de Libia, Irak, Siria, entre otros. Por ende, instó a promover la paz del mundo con base en la multipolaridad, el multiculturalismo y la diversidad política e ideológica.

    La industria militar que controla la OTAN genera grandes dividendos a EE. UU. y sus aliados

    Ayuda humanitaria, ¿un término ingenuo?

    Un trabajo publicado por el portal de investigación Misión Verdad, en junio de 2016, indica que el término de “Ayuda Humanitaria” no es un término ingenuo o desprovisto de fines políticos.

    “Los aparatos militares de los países centrales (la OTAN y el Pentágono) aprovechan los desastres naturales o situaciones de conflicto interno como una autopista para la intervención a países soberanos, utilizando a la ONU como soporte legal y a las ONG como propagandistas”.

    Al respecto, agrega como ejemplos los casos de Haití (2010) y Somalia (1993), que “son algunos de los casos más estremecedores de cómo una situación de dificultad específica deriva en violaciones a la soberanía por parte de fuerzas políticas y militares extranjeras. Libia es el caso más reciente”.

    Agrega este portal que “en el manual TC 18-01 de las Fuerzas Especiales del Pentágono sobre la Guerra No Convencional, la “asistencia humanitaria” (sea esta un canal o puente) aparece como la fase donde debe “desembocar” el conjunto de operaciones de sabotaje económico y político a la vida de la población. En ese marco operacional, el general John Kelly, exjefe del Comando Sur, expresaba en CNN: “Lo que me mantiene despierto en la noche con respecto a Venezuela es que si hay alguna crisis humanitaria importante, es decir, un colapso de la economía al punto de que necesiten desesperadamente alimentos y medicamentos, entonces podríamos reaccionar a eso. Y lo haríamos”.

    Entonces, explica este medio que “la guerra económica, el sabotaje a los servicios públicos y el financiamiento de acciones violentas (saqueos o disturbios) posteriormente cartelizadas a escala planetaria bajo la matriz del ‘hambre’ y del ‘Estado fallido’, diseñan el escenario (mediatizado) y fabrican la ‘necesidad’ para que los actores políticos de la derecha venezolana coordinen, negocien y planifiquen una intervención dosificada por ‘razones humanitarias’ a discreción de los centros de poder global: Estados Unidos y Europa”.

    Por esa razón, explica Misión Verdad, “se hace necesario reafirmar que los actores que más hablan sobre ‘crisis humanitaria’ son los mismos que financian saqueos y protestas violentas”.

    Venezuela no sufre actualmente ningun desastre natural, una guerra interna o un conflicto armado que justifique el llamado a “crisis” o “emergencia humanitaria” que establece la ONU para aprobar ayuda de ese carácter para un país.

    Actualmente, el pueblo venezolano es víctima de un brutal bloqueo económico impuesto por el Gobierno estadounidense que busca asfixiar a la población y arrebatarle ―al mismo tiempo― su calidad de vida, para provocar un descontento generalizado y un ambiente de conflicto interno que sea incontrolable o al menos justificable para que la ONU abra una nueva puerta al belicismo hegemónico que propaga la OTAN.

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