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    La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela pidió la extradición de la exfiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien reside en Colombia, y del exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, quien se encuentra en España.

    Ortega, fiscal general entre 2007 y 2017, es requerida para ser juzgada en Venezuela “por su presunta participación en los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones, uso de documento público falso, uso de sello falso, ocultación y retención, falsa denuncia o acusación y asociación”, dice el texto.

    Ortega, una abogada muy cercana al fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) fue destituida de su cargo el 5 de agosto de 2017 en la primera sesión de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Poco después, Ortega salió del país y desde entonces se ha dedicado a denunciar al gobierno de Maduro ante diferentes instancias como la Corte Penal Internacional.

    La exfiscal Ortega Díaz fue destituida del cargo en el año 2017. Foto: Web

    Rafael Ramírez también

    La Sala de Casación Penal del TSJ “declaró procedente la solicitud de extradición activa al Reino de España del ciudadano Rafael Ramírez Carreño para ser sometido a un proceso penal (…) por su presunta participación en los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación”, dice otro comunicado de la corte suprema divulgado a través de Facebook.

    Ramírez, quien fue también del círculo más estrecho del chavismo -ministro de Petróleo entre 2002 y 2013 y presidente de la estatal Petróleos de Venezuela entre 2004 y 2013-, está acusado de haber montado supuestamente una red de corrupción para modificar el precio de venta del crudo venezolano a cambio de comisiones que le habrían causado al país pérdida por 4.800 millones de dólares.

    Rafael Ramírez también fue presidente de PDVSA. Foto: Web

    Más temprano, el TSJ dio curso a pedidos de extraditar desde Colombia al diputado opositor Julio Borges y a los ciudadanos Rayder Alexander Russo Márquez, Oswaldo Valentín García Palomo, Elvis Arnaldo Rivas Barrios y Carlos Monasterio, todos acusados por las autoridades de estar implicados en el atentado con drones del 4 de agosto contra el presidente Nicolás Maduro.

    El TSJ también dio curso a pedidos de extradición desde Estados Unidos de Josser López Valero, Osman Delgado y Virginia Antonieta Da Silva-Pío, y desde Perú de Yilber Escalona.

    Se imputa a estos solicitados por la justicia venezolana de los delitos de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en perjuicio del presidente y de siete oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas, terrorismo, financiamiento del terrorismo y asociación para delinquir

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