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    Decenas de agentes estadounidenses allanaron una fábrica de remolques de la empresa Load Trail, ubicada en Texas, y detuvieron a 160 inmigrantes indocumentados.

    Los medios norteamericanos reseñan que ésta es una de las mayores redadas realizadas durante el gobierno del presidente Donald Trump, caracterizado por sus agresivas políticas antimigratorias.

    La redada pudo haberse producido por una llamada anónima reportando la presencia de indocumentados en la fábrica. En junio de 2017,  el Gobierno norteamericano habilitó la línea 1-855-48-VOICE para reportar delitos de inmigrantes.

    Durante el descanso del primer turno, los funcionarios armados tomaron “cada esquina” de las instalaciones de la fábrica, narró el empleado Dennis Perry al diario Dallas Morning News.

    Contratación de inmigrantes

    Según el reporte oficial, la redada fue parte de una investigación criminal contra la compañía, acusada de haber reincidido en la contratación de inmigrantes indocumentados.

    Katrina Berger, agente especial del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) , indicó que la empresa crea “una ventaja injusta sobre los negocios competidores” al ofrecer empleo “intencionalmente” a ciudadanos indocumentados.

    Los propietarios de Load Trail enfrentan una posible acusación penal, y ya han sido acusados de contrabando y albergue de extranjeros, fraude de documentos, lavado de dinero y conspiración.

    En 2014, la compañía fue obligada a pagar una multa de 445.000 dólares, luego de que en su planta fueran descubiertos 170 trabajadores indocumentados.

    Según Berger, los agentes interrogaron a los empleados y detectaron que muchos estaban usando documentos de identificación fraudulentos. Estos fueron “arrestados administrativamente” y procesados por violaciones de inmigración.

    Las autoridades liberaron a aquellos que pudieron demostrar su residencia legal en Estados Unidos, pero quienes no pudieron hacerlo fueron trasladados a centros de detención de inmigración en el norte de Texas y Oklahoma. Se prevé que estos inmigrantes indocumentados permanezcan bajo custodia hasta que un juez haga efectiva su expulsión de Estados Unidos.

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