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    Un proyecto educativo gubernamental que concitó el repudio estudiantil masivo en Chile amenaza a la presidencia de Michelle Bachelet. El movimiento, conocido como “la rebelión de los pingüinos”, considera que dicha iniciativa –la Ley General de Educación– pretende acabar con la educación pública e imponer una enseñanza de corte privado al servicio de la derecha. Estas manifestaciones, que mantienen al país en estado de efervescencia, podrían ser reflejo de una crisis mayor…

    Con los peores índices de popularidad desde que asumió el gobierno de Chile, la presidenta Michelle Bachelet se encuentra en jaque una vez más ante la escalada de paros indefinidos y revueltas estudiantiles que se han sucedido en los últimos días contra el proyecto de Ley General de Educación (LGE), el cual, según sus detractores, amenaza la educación pública y privilegia la educación neoliberal, afín a los valores de la derecha.

    En esta capital y en el interior del país no cesan las marchas masivas, como la del miércoles 4, que acabó en enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas policiales. Esta efervescencia social y política involucra a cientos de miles de estudiantes de secundaria y universitarios, quienes mantienen tomada casi la mitad de las instituciones educativas nacionales, incluidas las universidades públicas.

    En el Instituto Nacional y en la Universidad de Chile, prestigiosas instituciones donde estudiaron casi todos los presidentes del país, se realizan encendidas asambleas en las que se discuten las estrategias para modificar el sistema educativo nacional.

    Una demanda articula todas las propuestas: frenar la polémica Ley General de Educación (LGE) impulsada por el gobierno de la presidenta Bachelet y que, según sus opositores, debe ser sustituida por un nuevo proyecto, público y democrático que deje atrás el actual modelo individualista y neoliberal.

    Los profesores, que habían permanecido al margen de las movilizaciones, decidieron sumarse a la demanda estudiantil de cambio. Lo hicieron mediante un paro nacional realizado el mismo miércoles 4.

    Según el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, sólo 75% de los educadores se adhirió al paro. De acuerdo con un comunicado de prensa de los maestros agrupados en el Colegio de Profesores, el paro fue acatado por 95% de sus agremiados.

    El recuerdo de 2006

    El actual ciclo de protestas tiene como antecedente las movilizaciones que entre abril y junio de 2006 pusieron en jaque a Bachelet. Un millón de estudiantes de secundaria –mejor conocidos como pingüinos, por la manera en que visten– se rebelaron entonces contra el sistema educacional y la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), que le da sustento.

    Mediante tomas de liceos y colegios, y una aceitada y horizontal organización, los pingüinos evidenciaron las deficiencias de la educación chilena, que hasta entonces habían sido ignoradas o minimizadas por el gobierno y la prensa. “La rebelión de los pingüinos”, como se le conoció internacionalmente, terminó el 6 de junio de 2006, cuando la presidenta Bachelet creó un Consejo Asesor Presidencial para Mejorar la Calidad de la Educación, al que invitó a los estudiantes movilizados. Éstos, tras algunas dudas, cesaron las protestas y se integraron al diálogo.

    Además de los jóvenes de secundaria, el consejo promovió la participación de representantes de los profesores y de los estudiantes universitarios. En conjunto, estos tres sectores sociales de la educación ocuparon 24 de los 80 asientos del órgano asesor. También participaron dueños de colegios, rectores de universidades, representantes del Ministerio de Educación y numerosos profesionales ligados a la derecha política y académica. Estos últimos, al ser mayoría, terminaron por imponer sus criterios en el consejo.

    El 12 de diciembre de 2006, el Consejo Asesor entregó a la presidenta las conclusiones de su trabajo. Propuso crear una superintendencia de educación encargada de velar por el buen uso de recursos fiscales. También se planteó crear una agencia certificadora de la calidad de la educación y se abrió la posibilidad de acabar con el lucro en la educación.

    Sin embargo, no consideraba el retorno al Estado de los colegios municipalizados en tiempos de Pinochet ni el fortalecimiento de la educación pública, como lo exigieron profesores y estudiantes. Al ver que no había avances optaron por retirarse del Consejo Asesor. Lo hicieron cuatro días antes de que éste entregara el informe final a la presidenta.

    El 10 de abril de 2007, el gobierno presentó en el Congreso Nacional el proyecto de reforma de la LOCE, denominado Ley General de Educación (LGE). En lo sustancial, esta iniciativa recogía los acuerdos emanados del Consejo Asesor. A pesar de lo moderado que era, la derecha bloqueó su aprobación. Estudiantes y profesores también lo rechazaban, aunque estos últimos por considerarlo claramente insuficiente.

    El proyecto se estancó porque la derecha no lo apoyó. No fue sino hasta el 13 de noviembre pasado cuando Bachelet y todos los jefes de partidos de la oficialista Concertación por la Democracia (Democracia Cristiana, Partido Socialista, Partido Radical y Partido por la Democracia) y de la derechista Alianza por Chile (Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente) lograron un acuerdo que reactivó el proyecto. Sin embargo, quedaron fuera las demandas centrales de los estudiantes que se movilizaron en 2006.

    Al momento de poner la rúbrica, Bachelet definió como “histórico” el acuerdo alcanzado. Y, en un hecho inusual, invitó a todos los ministros y dirigentes políticos presentes a tomarse de las manos y alzarlas como muestra de la unidad nacional que existiría –a su entender– en torno de la propuesta allí presentada. En la ocasión no estuvieron presentes los dirigentes pingüinos que protagonizaron las revueltas de 2006. El retiro de este proyecto del parlamento y la discusión de uno nuevo son hoy demandas centrales de los estudiantes de secundaria.

    El proyecto de LGE está en la Cámara de Diputados, pero es incierta su aprobación debido a las enormes protestas que ha provocado entre los estudiantes. Es poco probable que se apruebe porque diputados afines al gobierno defendieron la educación pública, lo cual fue considerado por la derecha como una vulneración del acuerdo contraído con la presidenta. El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Hernán Larrraín, señaló el martes 3 que el acuerdo suscrito con el gobierno “estaba roto”.

    En entrevista con Proceso, la emblemática dirigente estudiantil María Jesús Sanhueza, de 18 años, se refiere a las motivaciones de los jóvenes de secundaria movilizados: “El movimiento estudiantil está exigiendo que el Estado se haga cargo y que garantice el derecho a la educación. Queremos que exista una educación pública que sea gratuita y de buena calidad”.

    A su entender, el proyecto de ley que busca reemplazar a la LOCE no constituye avance alguno respecto de ésta. “Para lo único que sirve es para perpetuar el actual modelo que considera a la educación como una mercancía”, afirma.

    Y agrega: “El movimiento estudiantil está enfrentado a un Estado que administra un modelo neoliberal y que despliega una inmensa represión, la que es casi idéntica a la que existía durante la dictadura”.

    María Jesús protagonizó este jueves 12, la toma de la embajada de Brasil en Santiago, acción en la que fue acompañada por un centenar de estudiantes. Pidió la intervencción del Gobierno y del pueblo de Brasil para ayudar a los estudiantes chilenos en su lucha por mejorar la educación. El mismo día, miles de estudiantes secundarios y universitarios copaban las calles centricas de Santiago para pedir el fin de la educación de mercado y un nuevo sistema: Público, gratuito, de buena calidad y democrático.

    Ley maldita

    La LOCE fue dictada por Augusto Pinochet el último día de su mandato (10 de marzo de 1990). Se caracteriza por ordenar la desvinculación del Estado (Ministerio de Educación) de sus responsabilidades formativas. Con la LOCE se dio un marco legal al traspaso de las escuelas y liceos públicos a los 345 municipios del país. Los municipios no tenían ninguna experiencia ni fueron preparados para asumir esa responsabilidad. Ahí se puede encontrar parte de los muy malos resultados que ha tenido la educación municipal chilena en todo tipo de evaluaciones. La LOCE consolidó la privatización de las actividades educativas.

    Desde que la LOCE entró en vigor, la libertad de enseñanza –interpretada por la derecha como la libertad de hacer negocios en educación– se ha convertido en un principio intocable que hoy es defendido a muerte.

    Con la llegada de los gobiernos concertacionistas (marzo de 1990) y pese a las expectativas generadas, poco o nada se ocuparon de mejorar la educación. De hecho, las universidades estatales fueron abandonadas a su suerte. Por ejemplo, la Universidad de Chile debe autofinanciar 80% de su presupuesto. Esto la obliga a cobrar a sus estudiantes altas mensualidades (que en promedio alcanzan los 400 dólares) y a endeudarse con la banca. Esta situación se reproduce en toda la educación superior. En la actualidad hay algunas universidades públicas que están a punto de cerrar definitivamente por falta de liquidez o por sus enormes e impagables deudas. Es el caso de la Universidad de Valparaíso.

    La educación pública se ha deteriorado hasta extremos inconcebibles. En la reconocida medición internacional TIMMS, tomada en 2003, el sistema educativo chileno ocupó el lugar 41 entre 45 países encuestados. Para evitar bochornos mayores, el gobierno de la presidenta Bachelet decidió no participar en las evaluaciones que se realizaron en 2007.

    En entrevista con este semanario, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, el socialista Alejandro Navarro, sostiene que “es necesario generar una discusión nacional sobre la educación pública en Chile y establecer un conjunto de indicaciones que alejen la administración de los colegios de los municipios, los que deberán ser reemplazados por Corporaciones Regionales de Educación Pública. Es decir, un regreso a un esfuerzo estatal, porque los municipios han fracasado en su tarea de administrar la educación”.

    Navarro asegura que “el proyecto LGE no aborda los elementos esenciales y necesarios para resolver la calidad de la educación ni tampoco incorpora el concepto de educación pública”. Además, dice que “es producto de un acuerdo político que no fue debatido por el parlamento ni se consultó la opinión de los actores involucrados en este asunto. Por eso hemos dicho que este proyecto debe ser congelado”.

    A pesar de pertenecer a las filas oficialistas, Navarro dice que “ni el gobierno ni la ministra de Educación (Mónica Jiménez) han dimensionado la profundidad de la crisis. La LGE propone medidas parches que no resuelven los problemas planteados”, precisa.

    “Por el contrario –agrega Navarro–, la LGE no genera ningún avance, sino más bien apunta a la consolidación del actual sistema competitivo, economicista, altamente egoísta. Todo lo contrario a lo que la Concertación prometió al país (hace dos décadas) que fue: mayor equidad, igualdad y humanismo en el vivir.”

    Las movilizaciones de los estudiantes y profesores por una nueva educación están siendo respaldadas por importantes sectores sociales. El miércoles 4, la poderosa Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) se volcó a las calles de numerosas ciudades para acompañar las manifestaciones de los estudiantes.

    El Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL) hizo otro tanto el martes 3, cuando una veintena de sus integrantes penetró en el consulado de Argentina, en Santiago, con el fin de entregar una carta “al pueblo de Argentina y a los pueblos del mundo”. En ésta se solicita ayuda internacional para mejorar la educación en Chile.

    Las movilizaciones se desarrollan en un creciente clima de agitación social. El miércoles 4, día del paro de la educación, 60 mil camioneros detenían sus faenas para pedir que disminuyera el impuesto específico de los combustibles. Hicieron lo mismo los gremios de la locomoción colectiva en casi todo el país.

    Ese día también se unieron al paro los carteros de la empresa estatal de Correos, los guardias de parques nacionales y los empleados del Instituto de Normalización Previsional (INP). Los pescadores de todo Chile se encuentran movilizados contra la pesca de arrastre y el virtual exterminio de los recursos pesqueros por parte de un pequeño pero influyente grupo de armadores industriales.

    Todo indica que los problemas educativos en Chile podrían ser reflejo de una crisis mayor que aqueja al modelo de desarrollo existente en el país.

    Por Francisco Marín /

    * Edición publicada por la revista Proceso de México de artículo Mala Educación publicado en Chile por este mismo medio: www.elciudadano.cl . / Foto: Iñigo Solano

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