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    Miles de manifestantes de sindicatos y movimientos de izquierda marcharon este martes en protesta contra la continuidad de los despidos, el tarifazo en los servicios públicos, la inflación galopante, el agravamiento de la situación y en demanda de una acción unitaria urgente del movimiento obrero para realizar un paro general de 36 horas “en un país que bordea el estallido social” ante la indiferencia del gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri.

    Según informó el diario La Jornada, desde la mañana, comenzaron a cortar calles en distintos puntos de la ciudad y en la tarde otros sectores acompañaron a la marcha y al acto en Plaza de Mayo.

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    Dirigentes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) dijeron que esta actividad se desarrollaba con distintas acciones en todo el país, donde pese a las movilizaciones el gobierno “se burla del pueblo y continúa sin ceder despidiendo a trabajadores en todo el país, y tomando medidas cada vez más lesivas para la población y para el país”.

    En tanto, en el Congreso Nacional, el conjunto de la oposición decidió citar para este miércoles a una sesión especial, y debatía la noche de este martes un proyecto urgente de rechazo al tarifazo que ha sido considerado “impagable” por unos 50 jueces en todo el país, a lo que se añade que el ministro de Energía, Juan José Aranguren pidió a la corte que se apresure a votar sobre el tema de tarifas y responsabilizó a los magistrados de lo que pueda suceder en el área de energía.

    Por otra parte, la jueza María José Sarmiento, dio un plazo de tres días al gobierno para que explique las razones del decreto del pasado 25 de julio, en una resolución firmada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y publicada en el Boletín Oficial, disponiendo que esa jefatura podrá utilizar la base de datos personales de los ciudadanos registrados en la Administración Nacional de Servicios Sociales (Anses) para aplicarlos a “estrategias de comunicación”.

    La magistrada respondió a un amparo presentado a título personal por la abogada Valeria Laura Carreras contra la decisión del gobierno de traspasar la base de datos de la Anses, lo que está prohibido constitucionalmente y pidió una medida a cautelar para suspender la medida.

    La oposición también cuestionó esta medida advirtiendo que se trata de una intromisión en la vida personal de los ciudadanos, lo que es un “avance contra las libertades democráticas”, y también se lo vincula con los “oscuros acuerdos de seguridad” firmados por el gobierno de Macri con Estados Unidos, que incluyen entregas de datos en nombres de la “lucha contra el terrorismo” y un mayor control.

    Más amenazas contra Cristina Fernández

    En este ambiente enrarecido se conocieron graves amenazas contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mediante cartas enviadas a su departamento en esta capital. Son amenazas personales, insultos, recortes periodísticos sobre causas judiciales, le advierten que va a ir presa y que si esto no sucede “por vías institucionales habrá otras formas de hacer justicia” , reporta la prensa.

    Además en otra extraña misiva supuestamente enviada desde Irlanda por una agencia de seguridad aparentemente sueca “le ofrecían (a la ex mandataria) un avión en cualquier aeropuerto de la Patagonia para sacarla del país y llevarla a Suecia, porque tienen información de que su vida y su seguridad corren peligro en Argentina”.

    Robos en casas de opositores

    Además robaron el departamento de la periodista Cynthia García, simpatizante del opositor Frente para la Victoria, y lo mismo sucedió en la oficina del también dirigente de este movimiento Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio en el gobierno anterior; a ambos les sustrajeron computadoras, papeles, anotaciones, documentos. Los dos denunciaron esta situación que es enmarcada por un grupo de diputados y abogados como parte “del esquema de persecución política, que cada vez da muestras más peligrosas , además de la actuación de un grupo de jueces, que conforman el Partido Judicial del gobierno actual”.

     

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