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    democraciaEl ex funcionario, que se acaba de ser declarado inocente, señala estar sufriendo una “persecución personal” y reclama que “no han sido tomadas las medidas que corresponden al caso”.

    La Unión.- Arnaldo Obando Rodríguez, profesional técnico en computación y ex funcionario de planta del municipio, indica estar cansado de tocar y tocar puertas, para pedir ayuda. Actualmente está manejando un colectivo de la Línea 11, uno más de los trabajos esporádicos y con poca estabilidad económica que ha debido ejercer “por esto mismo, de estar luchando más de 5 años en que se haga justicia”. Este molesto ciudadano local va a demandar a la municipalidad por daños y perjuicios, porque “cualquier persona que estuviese en mis zapatos haría lo mismo.”
    Obando era Jefe de Computación de la municipalidad, donde se hacía cargo de la limpieza y mantención de los equipos, de toda la parte técnica y de sistemas. Nunca tuvo un reproche, ni algún reclamo en su desempeño laboral, durante el periodo en que trabajó, que abarcó los años 1992 a 1999.
    Es durante ese último año, y en la administración municipal de la alcaldesa Efrida Ojeda, que se realiza un sumario administrativo, producto de unas liquidaciones de sueldo falsificadas. La secretaria de Administración y Finanzas, en ese entonces, Olga Boettcher, solicitó un préstamo a una financiera en convenio con la municipalidad. Ante una investigación, se determinó que estos papeles estaban alterados, lo que culminó con el despido de la funcionaria.
    Es ahí cuando Arnaldo Obando entra a protagonizar esta Kafkaiana historia: “Como yo estaba a cargo del tema remuneraciones, se me echó la culpa, porque yo fui aval de esta persona, pero nunca se me ha comprobado nada, no hay ninguna prueba, todo fue hecho en torno a especulaciones. Se me acusó de haber falsificado los papeles yo. Lo peor, es que en el sumario figura que la persona que me inculpó fue la misma señora Olga.”
    Sin embargo, el afectado comenta que lo difícil de resolver que se ha tornado el caso, tiene que ver con una “persecución personal de parte de la actual Jefa de Finanzas del municipio, Miriam Figueroa. Incluso más adelante, en Investigaciones y en Tribunales, se reveló que la señora Olga me había acusado presionada por la Figueroa.” Obando también señala que la investigación judicial presentó graves carencias de objetividad, ya que “el fiscal de ese tiempo y que terminó el sumario, era el marido de Miriam Figueroa, don Joaquín Pérez Vilches. Él mismo fue el que solicitó mi destitución.”
    Y aunque el mismo año 99 se solicitó a la alcaldesa Ojeda que reposicionara a los afectados en sus puestos, como lo establece la ley, la sanción se mantiene hasta el día de hoy. Todo esto pese a que la causa fue sobreseída, el día 27 de abril del 2005, señalando, según el mismo documento dictado por la Juez de Letras Titular, Claudia Camus Hidalgo, “no obstante existir indicios de la existencia de un delito, del merito del proceso ha quedado claramente establecida la inocencia de don Arnaldo Obando Rodríguez.”
    Según uno de los incisos del artículo 119 de la Ley 18.883 de Estatutos Administrativos para Funcionarios Municipales, se establece que el acusado, al ser sobreseído o absuelto en tribunales (y que es el caso de Obando), deberá ser reincorporado por la municipalidad en sus funciones o en un cargo de similar jerarquía, con todos los derechos y beneficios legales como si hubiese estado en actividad.
    Pero Obando comenta que la municipalidad actual tampoco se ha hecho cargo de su problema. “El abogado me dijo que se estaban tomando las medidas, pero hasta este momento no he sentido una respuesta favorable y satisfactoria. El elástico se sigue estirando…”
    Alex Salas, asesor jurídico del municipio, señaló que “el señor Obando solicitó a Contraloría su reincorporación. Ellos nos instruyeron respecto a que debíamos dar una respuesta en un tiempo determinado, analizando los sumarios realizados en su oportunidad. El municipio tiene la mejor disposición para solucionar el problema de esta persona, intentando dar la mayor diligencia ante su consulta.”
    Finalmente, el técnico profesional comenta a El Ciudadano que “A mí esto me ha destruido, ha destruido a mi familia y a mis hijos. No he tenido posibilidades de encontrar un trabajo que me permita mantenerlos económicamente bien. Yo seguiré luchando para que se haga pública mi inocencia, devolviéndome mi trabajo y mi dignidad.”

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