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    Radio La voz de Paine

    El 23 de mayo de 2014 la radio emisora La Voz de Paine fue sancionada con la caducidad de su concesión de radiotransmisión sonora por la Subsecretaria de Telecomunicaciones (SUBTEL), luego de una fiscalización solicitada por la Municipalidad de Paine, donde registraron alteraciones menores en sus transmisiones.

    Considerando la sanción como “tecnocrática, desmedida, discriminatoria y atentatoria al derecho a las comunicaciones populares”, los integrantes de la radio recurrieron a la Corte Suprema de Justicia. El pasado 5 de noviembre, en fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal dejó sin efecto la caducidad de concesión decretada por la SUBTEL.

    Sin embargo, tan importante como esta resolución, es lo que la Suprema señala en el Artículo Octavo del fallo, en donde establece que “…es importante recalcar que se trata de una radio comunitaria, sin fines de lucro, que atiende a un significativo sector rural de la comuna de Paine, por lo que es evidente que la reclamante cumple un importante rol social y de utilidad pública, antecedente relevante al momento de sopesar los bienes jurídicos en conflicto”.

    En un comunicado, La Voz de Paine destacó el sentido y alcance de la resolución de la Corte Suprema, planteando que “pone en valor la función social que cumplen las radios comunitarias, constituyéndose en un llamado de atención hacia la autoridad administrativa, en orden a cumplir un rol de custodio y facilitador de las comunicaciones comunitarias, contrastando con la actitud hostil, intimidante y criminalizadora que exhibe hoy la autoridad sectorial”.

    La CIDH y la Radio Estrella del Mar de Melinka

    Esta resolución favorable a una radio comunitaria se suma a la realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien hizo pública su decisión en el caso Miguel Ángel Millar Silva y otros conocido como Radio Estrella del Mar de Melinka-, en donde declaró la responsabilidad internacional del Estado de Chile por la violación del derecho a la libertad de expresión y a la igualdad, que afectó a un grupo de comunicadores/as y oyentes de la mencionada emisora. Chile aceptó la decisión de la CIDH y firmó con las víctimas y sus representantes un acuerdo, que se encuentra en ejecución, para el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión.

    Por Daniel Labbé Yáñez

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