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    La historia obrera ha sido trágica, un largo proceso de lucha regado con la sangre de muchos centenares de trabajadores. Emblema universal de tal proceso es el conjunto de sucesos que desembocan en las protestas estadounidenses del 1º de mayo de 1886 y luego, del 3 de mayo en la plaza Haymarket de Chicago, donde la policía utiliza a provocadores -clásico recurso- para justificar el asesinato de unos 50 trabajadores y el procesamiento de sus dirigentes, sometidos luego a juicios vergonzosos y plagados de irregularidades


    Resultado: la condena a muerte para algunos de ellos y la cadena perpetua para otros. (“Es verdaderamente difícil leer los informes sin sacar la conclusión de que fue la más monstruosa caricatura de justicia que haya sido dado ver jamás en un tribunal americano”, dirá el historiador Morris Hilquit).
    Los obreros norteamericanos exigían el cumplimiento de la jornada de 8 horas promulgada por la Ley Ingersoll. Estos hechos, que remecieron la conciencia del mundo, dieron origen a la posterior conmemoración del Día Internacional del Trabajador, a partir de 1889. Paradojalmente, los yanquis no recuerdan la fecha con feriado nacional, como ocurre en el resto del mundo.
    En Chile, las demandas proletarias no han estado exentas de situaciones similares. Con dolor se recuerdan los hechos ocurridos el 21 de diciembre de 1907 en la Escuela Santa María de Iquique, donde fueron ametrallados cerca de 3.000 trabajadores del salitre y sus familias, que -mediante una huelga- exigían mejoras salariales y que se cambiara el abusivo sistema de pagos con fichas y vales, por dinero en efectivo. Pedro Montt, presidente de la época, ordenó al general Roberto Silva Renard, disparar contra los obreros paralizados. Los historiadores clasifican este episodio dentro de la llamada “Cuestión Social”, siendo el primer caso de enfrentamiento de tal magnitud entre fuerzas de seguridad estatal y los obreros. La “guerra del Pacífico”, cuyo más famoso episodio fue el combate naval de Iquique, puso también a disposición de compañías privadas la fuerza militar y policial. Y los obreros de las salitreras fueron los llamados a poner su vida a disposición de esta “cruzada”. De ahí en adelante, se inicia un proceso continuo de lucha para la clase obrera chilena.

    LA FUENTE INDUSTRIAL QUE ALIMENTABA CHILE EN LOS 70
    La capacidad que tenían los obreros para mover importantes centros de producción de metales como el fierro y acero en fundiciones y de la refinería de Huachipato, la explotación minera en Lota, Coronel, Lebu, Curanilahue, abasteciendo de energía al país con el carbón, la mano de obra absorbida por las pesqueras, la industria del calzado, los centros madereros que aportaban a la construcción, las empresas textiles y de artefactos sanitarios de Tomé, el vidrio y las empresas nacionales de químicos para la industria chilena, establecieron un precedente importante en el aporte al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, particularmente en la zona del Bío Bío, en los años ’70. Pero todo se vino abajo con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Éstas pasaron a manos de particulares cercanos al régimen militar, quienes reprimieron a los trabajadores y sus dirigentes con fusilamientos y detenciones, estableciendo un nuevo orden social que destruye el avance de la clase obrera chilena e impone un nuevo modelo de acumulación del capital. El Neoliberalismo, impuesto a punta de fuego y muerte, marcando otro precedente del trágico caminar de los trabajadores en el mundo.

    POBREZA DIGNA
    Hoy, más de 700.000 personas reciben el salario mínimo de $127.500. No obstante, el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) -considerando las variables utilizadas por el Estado- determinó que una familia chilena debe recibir 340 mil pesos para vivir bajo una situación de “pobreza digna”. Los que logran percibir esa cantidad viven con la angustia de la deuda por créditos obtenidos en bancos y casas comerciales. El televisor o el DVD que se compraron a crédito, los tiene sordos, ciegos y mudos. Como están endeudados, no reclaman ni se sindicalizan, los dirigentes están callados, no existe unidad.
    Las grandes compañías no aceptan sindicatos, mujeres y jóvenes menores de 21 años reciben sueldos inferiores, la mitad de los trabajadores no se atreven a pedir aumentos de sueldo y el tiempo trabajado sobrepasa las 10 horas diarias. El sistema ha logrado, en muchos segmentos, introducir prácticas como el “sapeo” y la competencia individualista, que atentan contra la indispensable organización. En medio de esta realidad “no oficial”, han surgido organizaciones combativas como los empleados subcontratistas de Codelco, Supermercado Líder, expresiones como tomas de terreno y ocupaciones de departamentos. Pero frente a tanta injusticia laboral, surge la pregunta ¿dónde está la respuesta de los trabajadores?

    CAPITALES MONOPÓLICOS, UNA NUEVA BURGUESÍA
    La implementación del modelo neoliberal en Chile y América Latina por los Chicago Boys, impone una política económica donde los aranceles a productos importados son bajos, permitiendo el ingreso de la manufactura extranjera a un precio inferior, dejando fuera de competencia a los productos nacionales. Este hecho desencadena el cierre de las industrias del vestuario, del calzado y metal-mecánica, afectando directamente las fuentes laborales. Desaparece así buena parte de la industria nacional, factor que incide en forma determinante en los altos niveles de cesantía. La oligarquía chilena se cobra una despiadada revancha después de haber sido golpeada por el gobierno de Salvador Allende.
    Surge una nueva burguesía monopólica con carácter de Holding, con inversiones en diversas áreas de la economía: los “grupos económicos” y las transnacionales, que muchas veces asociados intentan tomarse el mercado nacional y el de la región, en un contexto internacional.
    La instalación del modelo neoliberal en Chile y en América Latina construye otro pilar de sustentación: la proliferación de los subcontratistas. Hay casos en donde, en una planta, puede haber hasta 100 razones sociales distintas, neutralizando de esta forma la negociación colectiva y el derecho a huelga. Si esto último sucede, se persigue al “culpable” y se le despide. Si el caso se agudiza, está la Ley de Seguridad Interior del Estado, que ampara la represión policial violenta argumentando que “en Democracia no deben suceder este tipo de manifestaciones, porque las instituciones están abiertas al diálogo”.

    Pedro Herrera

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