Organizaciones sociales exigen reconocimiento del Derecho al Refugio

Este 20 de Junio se conmemora el Día Internacional del Refugiado, fecha escogida por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, el Colectivo Amauta y la Corporación Colectivo Sin Fronteras para conformar una Articulación de Defensa del Derecho al Refugio, instancia que pretende impulsar una modificación a la ley que norma el tratamiento de refugiados en Chile.

Las agrupaciones suscriptoras llamaron a las autoridades «a generar urgentes respuestas a estos desafíos a través de iniciativas legislativas, del fortalecimiento de la institucionalidad y la implementación de políticas públicas».

«En el marco de crecientes crisis humanitarias y de la movilidad humana a nivel mundial, la temática del refugio en Chile es un tema cada vez más necesario de atender, no sólo por los desafíos legales y de políticas públicas que tiene el Estado para una gestión acorde a la realidad del contexto del refugio y las solicitudes de refugio a nivel interno, sino también porque las y los refugiados nos brindan la oportunidad de fortalecer una cultura de Derechos Humanos y aprender sobre la necesidad de una convivencia respetuosa entre pueblos hermanos», señalaron.

Si bien el conjunto de organizaciones valora el trabajo legislativo sobre los refugiados, al mismo tiempo cuestiona que «este avance no se ha traducido en mayor respuesta institucional, a la acogida, protección, inclusión social y asistencia humanitaria de los solicitantes de refugio y refugiados en Chile».

En este sentido, los miembros de la Articulación muestran preocupación por la inexistencia de garantías de reconocimiento a los refugiados que fueron reconocidos antes de Ley Refugio del año 2010. «Actualmente, los refugiados reconocidos antes del año 2010, no cuentan con una norma o referencia expresa dentro de la ley que haga inequívoca el reconocimiento de su condición de refugiados», plantean.

Para las agrupaciones, es necesario establecer garantías al principio de no devolución de solicitantes y refugiados. Al respecto explican que «actualmente los refugiados se ven expuestos a procedimientos de expulsión o extradición sin que sea considerado en primer término su condición de refugiados. Para la procedencia y aplicación de estas medidas, de extradición y expulsión, que deben ser excepcionalísimas, se debe ponderar la integridad y seguridad de los refugiados que surgen desde las propias normas de Refugio, la Convención de Ginebra sobre los Refugiados, así como por la Convención Internacional Contra la Tortura, entre otras».

Además, sostienen que es necesario establecer un protocolo para el procedimiento de evaluación y resolución de solicitudes: garantizar asistencia legal oportuna, regulando los tiempos adecuados y pertinentes.

Según indican, «las solicitudes de refugio son resueltas o rechazadas luego de varios años de tramitación, en algunos casos por más de cuatro años, sin la mínima asistencia legal. Urge entre otras cosas Reglamentar la Secretaría Técnica encargada de la materia, dar posibilidad de intervención dentro del proceso de reconocimiento a los solicitantes, asegurar al solicitante el derecho a asesoría y asistencia letrada, como parte del debido proceso y la legítima defensa».

Al mismo tiempo, manifiestan que los funcionarios de la PDI y Extranjería carecen de sensibilización y formación, así como la necesidad de resguardar la homologación de derechos e implementar programas para favorecer acceso a derechos fundamentales.

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