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    Líderes indígenas, apoyados por la Red Eclesial Panamazónica (Repam), enviarán a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe con casos documentados de violaciones de derechos en la Amazonía, la mayoría vinculados a la actividad de industrias extractivas y empresas mineras.

    Una treintena de líderes de comunidades indígenas de los nueve países de la Panamazonía han recibido formación en la Escuela de Derechos Humanos de la Repam, situada en la ciudad peruana de Jaén, donde se ultima un documento que recopila las principales vulneraciones en el territorio de la Amazonía, en el que viven 33 millones de personas.

    Las denuncias se centran en zonas donde se han ubicado industrias extractivas que contaminan el entorno natural y alteran la vida de esas comunidades obligadas en ocasiones a desplazarse.

    “Las principales amenazas vienen de los Estados que no garantizan los derechos de estos pueblos y autorizan a las empresas extractivas y petroleras a realizar esas actividades”, según denuncia la responsable de comunicación de la red, Daniela Andrade, una de las formadoras de esta escuela de derechos humanos.

    En la escuela se dota de herramientas a líderes de comunidades amazónicas, como enseñanza jurídica para conocer las vías de acceso a los sistemas de defensa de derechos humanos en sus países y ante organismos internacionales como la ONU, para que ayuden a sus poblaciones a tomar conciencia de sus derechos.

    “También se trabajan protocolos de defensa ante posibles ataques de empresas y de Gobiernos”, señala Andrade, porque “muchos de esos líderes están amenazados por este trabajo de resistencia y de defensa de la dignidad de las comunidades”.

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