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    Estados Unidos impulsó en la Organización de Estados Americanos (OEA) una moción que considera “ilegítima” y “fraudulenta” la reelección de Nicolás Maduro, pese a que observadores internacionales validaron el proceso

    40 países amenazan con cortar relaciones diplomáticas o reducir sus lazos con la nación suramericana a partir del 10 de enero, cuando está previsto que el presidente Nicolás Maduro comience un nuevo mandato de seis años.

    Estos gobiernos no reconocen los resultados de las elecciones del pasado 20 de mayo en las que Maduro obtuvo la victoria con el 67,84% de los votos, pues fueron convocados por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que según ellos carece de legitimidad.

    Con éste argumento se ha desarrollado la campaña contra Venezuela, es el con el que se persistirá utilizando el hito administrativo del 10 de enero.

    Los países son: Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, Paraguay, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda del Norte, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, República Checa, Inglaterra, Rumania, Suecia, España, Noruega y Suiza.

    Presión golpista

    La Asamblea Nacional (AN) venezolana desconoce la legitimidad de las elecciones presidenciales de mayo pasado  y por ende la juramentación de Nicolás Maduro del próximo 10 de enero.

    Plantea que los comicios tuvieron lugar seis meses antes del fin del período presidencial, lo que supuestamente viola una garantía electoral universal que establece que las elecciones deben tener fecha fija porque de lo contrario el gobierno puede aprovechar fechas en su conveniencia.

    Por tanto establecen que Maduro, no ha sido reelecto y su período termina el 10 de enero de 2019.

    Según el sofismo administrativo, se abriría un vació de poder que debe ser cubierto por el presidente de la AN, que será electo por los diputados cinco días antes, al comenzar el período de sesiones el 5 de enero de 2019.

    En un documento publicado el pasado 13 de noviembre los diputados de la AN piden que se realicen nuevos comicios en los que puedan participar libremente “los inhabilitados y exiliados políticos y con un Consejo Electoral equilibrado”,  en una  “fecha y condiciones que garanticen el derecho a elegir de los venezolanos, bajo observación nacional e internacional calificada e independiente”.

    El dirigente opositor, Miguel Pizarro, planteó que los diputados “no pueden poner la torta” el 5 de enero , ya que que la AN debe instalarse con la directiva “sin divisiones, sin peleas y sin tonterías”.

    Destacó que si la oposición vuelve a crear una expectativa (antes del 10 de enero) que no sea capaz de realizar “vamos a tener que pagarlo nosotros porque seremos los únicos responsables de construir un sueño que no se materializó”.

    Para el también opositor, Juan Pablo Guanipa, el 10 de enero de 2019 se violará nuevamente la Constitución nacional y la soberanía popular al juramentar, ante la “fraudulenta” Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a Nicolás Maduro para el período presidencial 2019-2025.

    Señaló que la declaración del Parlamento tiene total consonancia con lo que ha sido la posición de la mayoría de los países del mundo, por lo que llamó  a la ciudadanía a ejercer el “legítimo derecho” a la protesta.

    “Por eso, a partir de esa fecha, debemos intensificar la presión política, social e institucional que –acompañada por la presión internacional– provocará lo más pronto posible el cambio político en nuestro país. Cuando esa presión nos haya llevado al máximo posible de acumulación de fuerzas, llegará el momento propicio para negociar las garantías que permitan que Maduro y sus cómplices salgan del poder y logremos darnos una nueva oportunidad como país”, dijo citado por el diario El Universal.

    Dijo que es difícil predecir la manera cómo saldrá Maduro del poder y que hay posibles escenarios que nadie puede controlar, y cuya probabilidad también se desconoce.

    “Algunos hablan de decisiones militares o foráneas, nosotros apostaríamos por una salida bajo presión, con garantías, o por un llamado a proceso electoral presidencial –también bajo presión, no hay otra forma”, subrayó.

    Para aumentar esta presión los factores de la oposición preparan acciones de calle e incluso huelgas en todo el país.

    “Después del 10 de enero de 2019, Maduro continuará en el poder, pero no vamos a tener un presidente como lo indica la Constitución  de Venezuela. La respuesta no se puede dar sin la participación ciudadana, por eso estamos impulsando, organizando, preparando como respuesta una huelga cívica nacional inmediata ante su impostura el próximo 10 de enero”, dijo el dirigente del partido La Causa R, Andrés Velásquez en declaraciones al diario El Impulso.

    “ Hay que estar claro que Maduro no se va ir si no luchamos, no va a salir del poder porque un sector de la oposición se sienta a dialogar con él en una mesa. Esa película ya la hemos visto muchas veces y eso así no funciona”, manifestó.

    Ruptura diplomática

    Como parte de la nueva fase de hostigamientos contra Venezuela, se espera que la mayoría de los integrantes del Grupo de Lima y los 28 miembros de la Unión Europea (UE) corten o reduzcan drásticamente sus relaciones diplomáticas con el país suramericano.

    El presidente de Colombia, Iván Duque amenazó con cesar las relaciones diplomáticas con Venezuela después del 10 de enero.

    “¿Qué quiere decir eso? Que en enero, cuando entre el nuevo periodo del dictador con esa apariencia de formalidad, no vamos a hacer la pantomima de seguir manteniendo relaciones diplomáticas con un régimen que está violando la Resolución 1373 de Naciones Unidas, alojando terroristas en su territorio”, expresó  en entrevista concedida al diario El Tiempo.

    El gobierno de mi antecesor no reconoció los últimos resultados electorales en Venezuela. Yo tampoco, como muchos otros países de la región”, apuntó quien lidera la presión latinoamericana contra Maduro.

    De manera similar, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, planteó que dado que la mayoría de los 14 países latinoamericanos que conforman el llamado Grupo de Lima no reconocieron los resultados de las elecciones del 20 de mayo en Venezuela, “no reconocemos al presidente que surge de esa elección, y por tanto no vamos a reconocer a Maduro como presidente de Venezuela “.

    En el ámbito europeo destacan las declaraciones del ministro de Exteriores de España, Josep Borell, quien señaló que Maduro hasta el 10 de enero tiene la legitimidad de unas elecciones que nosotros reconocemos, pero el 10 de enero se le acaba ese mandato, y empieza uno en base a unas elecciones que no reconocemos”.

    Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, confirmó que prepara la próxima reunión con la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar el tema de Venezuela.

    “El Servicio Europeo de Acción Exterior mantiene contactos frecuentes con la OEA y está estudiando las fechas para el próximo diálogo político con la OEA, que tendrá lugar antes de que finalice el año, en Washington”, indicó.

    Mientras que  el Grupo de Lima prevé reunirse antes de la toma presidencial de Nicolás Maduro el 10 de enero de 2019, para evaluar acciones a tomar sobre el caso de la nación suramericana.

    Los apoyos de Maduro

    Con la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil el presidente venezolano, Nicolás Maduro, queda rodeado por gobiernos de derecha y que responden a los intereses de Estados Unidos.

    El mandatario colombiano Iván Duque califica el sistema político venezolano de dictadura y ha denunciado a Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por violación de derechos humanos.

    Mientras que el vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, afirmó que la administración de Bolsonaro ejercerá una “presión diplomática” sobre Venezuela.

    “Este grupo chavista ha estado en el poder desde 1998. Son veinte años de poder. Pero está llegando a su fin”, dijo citado por la agencia AFP.

    En el nuevo esquema geopolítico de América Latina y el Caribe, Maduro  contaría con seis gobiernos aliados en: Nicaragua, Bolivia, El Salvador, Cuba y Trinidad y Tobago y Suriname.

    Otros países podrían mantenerse “neutros” ante la situación política de  Venezuela. Estos son: Belice, Uruguay, Haití y México con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador.

    Consecuencias del aislamiento

    La pregunta que  muchos analistas políticos se hacen es ¿cuáles serán las consecuencias que tendrá la decisión los 40 países de cortar relaciones diplomáticas con Venezuela?.

    Si se presenta una ruptura entre Colombia y Venezuela , este hecho “puede motorizar sanciones más fuertes contra el Gobierno venezolano por tratarse de un país vecino con mucha vinculación”, alertó el internacionalista Luis Daniel Álvarez.

    También señaló que el retiro de embajadores generará consecuencias económicas porque “desincentiva el tema comercial” y recordó que la mayoría de los países “tiene sus misiones diplomáticas al mínimo” en Venezuela.

    “La globalización es un hecho y la globalidad es una realidad, el que no hayan representantes diplomáticos lleva a que no se puedan profundizar en facilidades económicas; en que aumenten los controles para los ciudadanos de un país, en este caso Venezuela, que viajen a otro lugar; complica más las cosas para las empresas y hace más engorroso cualquier trámite administrativo”, dijo citado por Efecto Cocuyo.

    El internacionalista Daniel Merchán considera perjudicial para el pueblo venezolano el recrudecimiento de la política de aislamiento.

    “A mayor aislamiento, el margen de maniobra de Maduro se reduce. China y Rusia, países aliados del Gobierno, no pueden por sí solos dar credibilidad ni sostener económicamente toda la demanda de Venezuela. Los servicios públicos han colapsado porque dependen de las importaciones y del apoyo de la comunidad internacional”, señaló.

    ¿Gobierno opositor?

    El periodista argentino, Andrés Oppenheimer, planteó que la decisión oficial de muchos países de desconocer a Maduro como presidente legítimo podría sentar las bases legales para que más tarde reconozcan un “gobierno legítimo” paralelo liderado por la oposición.

    “Algunos líderes del exilio venezolano están pidiendo a Estados Unidos y otros países para que simultáneamente corten relaciones diplomáticas con Maduro y reconozcan a un gobierno provisional independiente liderado por el presidente de la Asamblea Nacional”, expuso en un artículo publicado por El Nuevo Herald.

    Indicó que el argumento es que si Maduro y su vicepresidente no son considerados líderes legítimos una vez que finalice su mandato actual, habría un vacío de poder. Por lo que el próximo en la línea de sucesión sería el presidente de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.

    “Un líder opositor me dijo: Lo más importante no es que los países dejen de reconocer a Maduro como presidente legítimo, sino que reconozcan a un gobierno legítimo liderado por la oposición”, relató el periodista.

    Sin embargo, reconoció que “no existe una sensación de urgencia en la comunidad diplomática para tomar medidas extremas en Venezuela”. En su opinión “por ahora, la decisión de muchos países de desconocer a Maduro como un presidente legítimo será un anuncio mayormente simbólico”.

    El periodista incluso parece “adivinar” cuál será la estrategia que utilizarán los sectores de la oposición para incrementar la presión internacional contra Maduro, y ve en las acciones de calle y protesta el camino para lograr este cometido.

    “Si la oposición sale a las calles en enero a protestar por la inauguración de Maduro y la crisis humanitaria del país, como lo están planeando algunos partidos opositores, las cosas podrían cambiar. Habría una base legal para el paso siguiente: el reconocimiento internacional de un gobierno provisional de oposición”, sostuvo en su artículo.

    Sanciones y más sanciones

    El plan para aislar y acorralar al gobierno venezolano tiene como uno de sus puntos claves  el incremento de la presión internacional y de las severas y aleatorias sanciones que buscan deteriorar al país hasta que no haya forma de revertir la situación.

    Para el presidente estadounidense,  Donald Trump “todas las opciones están sobre la mesa“,  por lo que Washington cada vez aumenta el número de sanciones unilaterales  con el propósito de  lograr  que el gobierno de Nicolás Maduro colapse , a pesar de que el principal afectado sea el propio pueblo venezolano.

    En agosto de 2017,  Trump decretó las primeras sanciones financieras sobre el gobierno de Venezuela. Desde ese entonces, las medidas han ido en incremento, a la par del deterioro de la economía de la nación suramericana, que se ve perjudicada por la dureza de la presión internacional.

    La administración Trump ha promulgado órdenes ejecutivas en las que se  prohíbe a cualquier ciudadano, institución o empresa estadounidense adquirir deuda venezolana o activos y propiedades pertenecientes al Gobierno de Venezuela en Estados Unidos, incluidas aquellas inversiones derivadas de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

    Asimismo, para  debilitar la economía venezolana, Washington ha establecido sanciones contra las exportaciones de oro de Venezuela y restricciones a  las transacciones financieras estadounidenses que involucren a la criptomoneda Petro, respaldada en las reservas de petróleo del país suramericano.

    “La estrategia de Estados Unidos es internacionalizar la situación venezolana con la misma fórmula que ha venido implementando a partir de las sanciones económicas, del bloqueo financiero, de las presiones políticas y la búsqueda de una alianza que vaya más allá de lo regional”, expresó el politólogo Walter Ortiz en declaraciones a Sputnik.

    Sin embargo, los ataques no se limitan al campo económico, ya que tanto Estados Unidos como la Unión Europea y países como Canadá, Panamá y  Suiza   han aplicado sanciones a más de 200 funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo al propio Maduro, argumentando supuestas  violaciones a los derechos humanos, blanqueo de capitales y vínculos con bandas delictivas y el narcotráfico.

    Apoyo al terrorismo

    Según el diario The Washington Post  el próximo paso dentro del plan para acorralar a Maduro es  que el gobierno de Donald Trump estudia declarar a Venezuela como país que apoya al terrorismo, por sus supuestos nexos con la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la organización islámica Hezbolá.

    Esta lista, integrada por ahora por Irán, Corea del Norte, Siria y Sudán, está reservada a los países que han “apoyado actos de terrorismo internacional en reiteradas ocasiones” y acarrea sanciones severas.

    Según el diario estadounidense, que cita a funcionarios bajo condición de anonimato y correos electrónicos internos gubernamentales, el Departamento de Estado, responsable de la lista, ha consultado a otras agencias del Gobierno su opinión sobre la inclusión de Caracas.

    Sin embargo las fuentes no revelaron si Trump ya tomó la decisión.

    The Washington Post también recoge el planteamiento de analistas  cuestionan los presuntos nexos de Venezuela con organizaciones terroristas internacionales.

    “Sospecho que esto (la inclusión en la lista) se basará en rumores y fuentes de integridad cuestionable”, afirmó al rotativo Post David Smilde, del centro de estudios Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

    Incluso, señaló que la designación de Venezuela como país patrocinador del terrorismo podría debilitar la legitimidad internacional de la lista.

    El ser catalogado como patrocinador del terrorismo conlleva una serie de estrictas sanciones sobre un país por lo que no puede recibir ayudas norteamericanas; no puede comprar ni vender armamento en territorio norteamericano; se le bloquean los créditos en el Banco Mundial y cualquier transacción comercial queda sujeta a un estricto control por parte del Gobierno estadounidense.

    Adicionalmente, las trabas a la venta de petróleo pueden afectar severamente la economía venezolana, ya que  las empresas de norteamericanas son las principales compradoras de crudo extraído Venezuela, ya que adquieren alrededor de 600.000 barriles al día.

    Esta medida se lo pondrá muy difícil a las refinerías norteamericanas”, sostuvo Joe McMonigle, analista de la consultora Hedgeye Risk Management y ex jefe de gabinete del departamento de Energía de EE UU.

    “A los bancos ya les pone de por sí nerviosos tener que prestar cualquier apoyo a transacciones de crudo que tengan que ver con Venezuela. Esta decisión sólo elevará todavía más esas barreras”, dijo citado por ABC.

    Llamado al diálogo

    Frente a las constantes agresiones, sanciones y presiones internacionales, la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro ha sido llamar una y otra vez al diálogo.

    “El presidente Donald Trump debería abrir los ojos (…) el camino, presidente Donal Trump, es el respeto, es el diálogo, es el trabajo conjunto”, dijo en declaraciones recientes.

    El mandatario venezolano ratificó que “el camino es el diálogo y el respeto, no el chantaje, las amenazas ni las sanciones ilegales”.

    El camino de la humanidad es respetar a los pueblos del mundo, su identidad, los distintos modelos con los han ido gestando su futuro”, manifestó.

    Hay voces que acompañan este llamado, como las del periodista venezolano, Vladimir Villegas, quien recomendó a los sectores del país suramericano “volver a la política para encontrar soluciones concretas a la crisis del país, para la necesidad de conocer al otro”.

    Señaló que la situación actual amerita la necesidad de negociar, “precisamente cuando le cerramos las puertas a la política se le abre las puertas a la aventura, a la anti política, al autoritarismo”.

    Según Villegas ha habido un proceso de desgaste de la política en Venezuela, “tenemos una severa crisis institucional también y eso tiene que resolverse por la única vía posible y la menos costosa, la vía de la negociación política”.

    Sin embargo, actores de la oposición como el dirigente de Causa R, Andrés Velásquez, cuestionan los intereses de los “vendedores de nuevo diálogo”.

    “Denuncio que estos persiguen normalizarle situación a dictadura, para juramentar a Maduro, por 6 años más. Cuando haya que sentarse con Maduro tiene que ser para establecer un gobierno de transición sin Maduro”, planteó.

    Asimismo, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, considera que hablar de diálogo político en Venezuela es “absurdo” y una “falta de respeto” al pueblo venezolano.

    “Hablar sobre un diálogo político con la dictadura de Venezuela a estas alturas es absurdo y muestra una falta de respeto al pueblo venezolano“, dijo Almagro en un video publicado en su cuenta de Twitter.

    El Gobierno de Maduro y la oposición se reunieron por primera vez en 2014, luego de un jornada de violentas protestas opositoras, y a finales de 2017, cuando se retomaron las acciones de calle.

    Este último proceso, que contó con la facilitación de los cancilleres de México y Chile, así como con la del expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, acabó sin ningún acuerdo en febrero pasado.

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