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    Luego que en la edición N° 33 de nuestro medio entregáramos sólidos antecedentes sobre una querella por estafa y defraudación interpuesta contra el concejal Alexi Pérez, el asesor jurídico Alex Salas y otros, además del allanamiento de la Municipalidad por personal de la policía de Investigaciones, la alcaldesa de La Unión, Maria Angélica Astudillo, emitió una declaración publica.


    concejales
    En lo medular, señala allí que desconocía todos estos antecedentes y que se enteró de ellos precisamente por nuestra publicación. Resulta curioso, por decir lo menos, que tampoco supiera entonces del allanamiento del municipio y de su citación a declarar como testigo. O que no se hubiera enterado que la contratista -también demandada- Maria Keim Álvarez pretendía, mediante una querella, conseguir de parte de la corporación edilicia una indemnización por setenta millones de pesos por incumplimiento de contrato. Más aún, la propia edil local habría ordenado cancelar tres millones de pesos al asesor jurídico municipal, Álvaro Jaramillo, para que en el eventual juicio cautelara los intereses municipales, de acuerdo a lo señalado a El Ciudadano por el concejal Waldemar Sepúlveda.
    Éste desmiente tajantemente la versión de la alcaldesa, precisando que “ella firmó el contrato de las obras con la señora Keim”. Agrega Sepúlveda que por el monto de la inversión -que superaba los 27 millones de pesos-, se debió haber solicitado la aprobación del Concejo Municipal, situación que no ocurrió. Ignora también qué sucedió con una modificación presupuestaria que sí pasó por el concejo, donde se aprobaron setecientos cuatro mil pesos más para las obras, dineros que no se sabe dónde están. “A esa altura, a simple vista nos dimos cuenta que el trabajo que se estaba haciendo era de pésima calidad, por lo que recurrí a la Contraloría Regional, quienes se constituyeron en la sede edilicia local y elaboraron un categórico informe: el trabajo era totalmente deficiente. Literalmente, 27 millones de pesos de todos los unioninos se fueron a la basura, ya que el edificio municipal deberá ser pintado de nuevo o terminará descascarándose entero a medida que avance el verano”.
    El concejal DC Orlando Soto, junto con ratificar los dichos de su colega, expresó que en el municipio existe más de una situación anormal, como el caso de la licitación para la mantención de las áreas verdes, tema que se comprometió a retomar “por el bien de la comunidad”.
    Soto y Sepúlveda están conscientes que, ante la gravedad de las denuncias, se debe llegar hasta las últimas consecuencias porque los recursos involucrados pertenecen a todos.
    Ambos ediles, por separado, dejaron abierta la posibilidad de presentar una acusación al Tribunal Electoral de Puerto Montt por notable abandono de deberes por parte de la alcaldesa Astudillo. Se desconoce por el momento si otros concejales apoyarían esta iniciativa.
    El Ciudadano intentó dialogar con la señora Maria Angélica Astudillo, para conocer en detalle su versión de estos hechos. Lamentablemente, la alcaldesa declinó ser entrevistada por nosotros y sólo se remitió a entregarnos la ya mencionada declaración pública, documento que en uno de sus puntos señala: “acerca de la querella judicial interpuesta por particulares ante el Ministerio Público local, esta Alcaldía se hace un deber precisar que, como debe ser siempre la actuación de las autoridades ajena al poder judicial, no le corresponde emitir opinión frente a un hecho que se ventila ante los órganos de justicia, sino tan sólo manifestar su decisión de facilitar la gestión de la Fiscalía local, prestando toda la colaboración que permita arribar a las mejores y más justas conclusiones”.
    Por último, creemos necesario expresar a nuestros lectores que nos sentimos satisfechos porque buena parte de la comunidad ha valorado y respaldado nuestra labor periodística independiente y veraz. No obstante, es importante precisar que también hemos recibido amenazas de distinta índole, situación que en democracia -y viniendo de “demócratas”- repudiamos absolutamente, pues sentimos que es nuestro deber, como medio de comunicación, constituirnos en un ente de colaboración y opinión entre los ciudadanos y la sociedad a la cual pertenecemos.

    Leonardo Hernández

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