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    Así lo dio a conocer el Secretario General de la Organización de Estados Americanos OEA, Luis Almagro, en su cuenta de Twitter al revelar que el informe sobre la violación de los derechos humanos y la comisión de crímenes de lesa humanidad.

    El informe fue entregado directamente a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, quien se encargará de corroborar las investigaciones realizadas y determinar si hay mérito para llevar un juicio.

    El informe además lleva una carta de tres páginas, en la que la que se certifica que se entrega oficialmente el informe y solicita que sea investigado por todo lo que se reseña y que en concepto del organismo, es causal para que se presuma que el mandatario venezolano y otros funcionarios sean sometidos a la justicia internacional.

    Al tanto que la OEA como institución no tiene capacidad para enviar un caso a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, pero sí puede hacerlo cualquiera de los Estados miembro del organismo panamericano que han suscrito el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.

    La diferencia radica en que, si un Estado denuncia a los miembros del Gobierno de Venezuela ante la CPI, la Oficina del Fiscal debe abrir una investigación de manera automática; mientras que, si lo hace un individuo (en este caso Almagro), la Fiscalía debe recibir la autorización previa de un grupo de jueces.

    El informe fue elaborado a partir de 26 testimonios de personas que intervinieron en audiencias celebradas el año pasado en la OEA, así como decenas de testimonios de víctimas entregados a la Secretaría General y documentos de más de 40 organizaciones no gubernamentales.

    Desde el principio, la misión de Venezuela en la OEA ha tachado de “ilegal” las audiencias.

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