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    Jair Bolsonaro no ha asumido la presidencia de Brasil, pero ya  dejó ver que su Gobierno será  autoritario y antidemocrático y utilizará la persecución política para neutralizar a sus adversarios políticos, como Fernando Haddad,  a quien este martes  se le abrió  un juicio por supuesta corrupción pasiva y lavado de dinero.

    Aunque el ultraderechista llegará al Palacio de Planalto el próximo 1º de enero, el entramado político ya se está tejiendo para perpetrar una operación que  dañe la imagen de su principal contrincante en las elecciones presidenciales y representante de la oposición. Un guión muy conocido en la nación suramericana, con el que se logró llevar  a la cárcel a Luiz Inácio Lula da Silva y destituir a Dilma Rousseff.

    La embestida legal contra el representante del Partido de los Trabajadores (PT) constituye un ejemplo de la nueva táctica de guerra no convencional conocida como lawfare, que implica el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político.

    Esta estrategia combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para dejar en entredicho la imagen del “acusado” y su entorno con el fin de que mermar su aceptación entre la colectividad.

    En Brasil, el Poder Judicial se ha convertido en los últimos años en un instrumento que opera políticamente, bajo un manto de institucionalidad, para enjuiciar, juzgar y condenar a los actores que resulten incómodos para las élites dominantes.

    Estas élites han logrado colocar en espacios clave a abogados, jueces y fiscales vinculados al poder de turno, para atacar al adversario político  y han encontrado en los medios de comunicación a los más fieles aliados para desarrollar la operación.

    Persecución contra Lula

    El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) fue sometido a un proceso legal con el fin de impedir su candidatura a las elecciones presidenciales de este 2018, tras ser acusado de ser el supuesto dueño de un apartamento en la costa de Guarujá que le habría dado la constructora OAS a cambio de conseguir contratos con la estatal Petrobras.

    Lula denunció que este plan constituye  una “caza de brujas” y calificó a la acción del juez de la causa, Sérgio Moro, como una persecución judicial, perpetrada por la derecha para contrarrestar su altos niveles de  popularidad, tras  haber sacado de la pobreza a más de 50 millones de brasileños.

    Los abogados defensores de Lula, Valeska Teixeira Zanin Martins y Cristiano Zanin Martis señalaron en repetidas oportunidades que  no habían pruebas contundentes que incriminaran al exmandatario.

    La investigación de la Fiscalía no logró probar que el expresidente tuviera una sola cuenta bancaria o una propiedad indebida. Los jueces ignoraron las declaraciones de 73 testigos que contradecían las acusaciones del exdirector de la constructora OAS y los recursos presentados por la defensa.

    También fue evidente el uso de los medios de comunicación por parte del juez Moro y del Ministerio Público para filtrar informaciones no contrastadas y acusaciones sin sustento, con el fin de ensuciar la imagen del líder progresista, en un claro ejemplo de lawfare.

    En julio del 2017,  Moro condenó a Lula a nueve años y seis meses de prisión por los delitos de corrupción pasiva y asociación ilícita,  y en enero de este año, el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región aumentó la pena para 12 años y un mes, tras acusarlo de sobornos para beneficiar a Petrobras.

    A finales de enero de este año, un juez del Tribunal Superior de Justicia (STJ) negó el “habeas corupus” preventivo presentado por la defensa del expresidente brasileño para evitar que se cumpliera de forma anticipada la condena.

    Aunque Lula lideró todas las encuestas para ganar la presidencia de Brasil, a principios de septiembre un fallo del Tribunal Superior Electoral impidió que se presentara a la contienda.

    El objetivo de la derecha fue cumplido, ya que la Corte resolvió implementar la ley de la “Ficha Limpia“, para evitar que el líder del Partido de los Trabajadores  fuese postulado a cargos electivos por tener una condena en segunda instancia, normativa aprobada en 2010 cuando aún gobernaba.

    Impeachment a Roussef

    La sucesora de Lula, Dilma Rousseff (2001-2016), fue sometida a un “impeachment” o juicio político, con el cual fue removida de la presidencia de Brasil, tras ser acusada de supuestas irregularidades fiscales, tras supuestamente haber “maquillado” la cuentas públicas de 2014 y 2015 y “cargado” a los bancos del Estado gastos correspondientes al Gobierno.

    Roussef denunció que estas acusaciones  se trataban de un golpe de Estado por parte de sus opositores,  y  acusó a su  entonces vicepresidente, Michel Temer, de ser “uno de los jefes de la conspiración”.

    El 31 de agosto de 2016 , con 61 votos a favor en el Senado, y 20 en contra se llevó a cabo la consumación del golpe, que dio paso al actual Gobierno neoliberal de Temer.

    En su último discurso antes de ser apartada del cargo, Dilma Rousseff afirmó que: “Soy víctima de una farsa jurídica y política” y denunció  que el juicio político  fue “fraudulento y  un verdadero golpe”.

    Objetivo Haddad

    Debido a la inhabilitación de Lula da Silva, Fernando Haddad debió asumir la candidatura del PT en las pasadas elecciones presidenciales de Brasil, en donde obtuvo el 44,87% de los votos, frente al  55,13% de Jair Bolsonaro, quien salió ganador.

    Desde entonces, Haddad  ha asumido una actitud crítica a los planes del ultraderechista y ha ratificado su compromiso con la democracia y la defensa de los intereses del pueblo.

    Al contar con un masivo respaldo popular, el dirigente del PT es una ficha incómoda para la administración que emprenderá Bolsonaro, por lo que se ha convertido en un objetivo a derribar.

    Este martes, e juez quinto criminal de Barra Funda, uno de los foros de Justicia de Sao Paulo, consideró procedente la denuncia por corrupción pasiva y lavado de dinero que la Fiscalía presentó contra Haddad y decidió llevar a juicio penal al ex alcalde de Sao Paulo en la condición de procesado.

    La denuncia se basó en la confesión del empresario Ricardo Ribeiro Pessoa, presidente de la constructora UTC Engenharia, quien admitió haber hecho donado 2,6 millones de reales (702.702 dólares) para pagar las deudas resultantes  tras la campaña electoral de 2012 en la que Haddad fue elegido como alcalde de Sao Paulo.

    Según Pessoa la ayuda financiera fue solicitada por el entonces tesorero del PT, Joao Vaccari Neto, y señaló que los recursos fueron aportados como un soborno por los contratos con la petrolera estatal Petrobras que le fueron adjudicados irregularmente a la UTC Engenharia en el Gobierno de Lula da Silva.

    El Ministerio Público también solicitó juicioa  cuatro personas más, entre las que figra Joao Vaccari Neto, tesorero del PT durante la gestión de Haddad como alcalde de Sao Paulo (2013-2016).

    Aunque la  Fiscalía también denunció a Haddad por el crimen de asociación para delinquir, el juez no aceptó abrir juicio por este delito.

    Haddad ha negado esta acusación en diversas oportunidades, y ratificó este martes  que la confesión de Pessoa no tiene ninguna credibilidad, por lo que el juicio se abrió sin ninguna prueba en su contra, reseña la agencia EFE.

    “La denuncia es un intento de reciclar la ya conocida delación de Ricardo Pessoa, que no tiene credibilidad. Con ese mismo testimonio, sobre los mismos hechos, de un delator cuyo relato ya fue desconsiderado por la Corte Suprema, la Fiscalía hizo una denuncia por irregularidades electorales que no fue acatada por la Justicia”, dijo citado en un comunicado oficial.

    Irregularidades en el caso

    En opinión del experto en Derecho Procesal Penal, Afranio Silva Jardín,  la denuncia presentada por el Ministerio Público de São Paulo debe ser rechazada ya que no describe ninguna conducta delictiva del ex alcalde Fernando Haddad, por lo que no cumple los requisitos del artículo 41 del Código de procedimiento penal.

    Señaló que la denuncia sólo dice que habría pedido a un determinado empresario una cantidad  de dinero para pagar las  deudas de cla ampaña del entonces alcalde de Sao Paulo.

    “El Ministerio Público se limita a decir que Vaccari dijo que actuaba en nombre de Fernando Haddad, pero ante esta insuficiente narrativa es necesario preguntar ¿cuál habría sido la conducta penalmente típica del acusado Fernando Haddad ? y  ¿dónde y cuándo se habría practicado?”, advirtió el abogado.

    Asimismo, alegó que la parte acusadora no describió ningún acto ilegal que el exalcalde habría practicado como forma de retribuir la  donación (no solicitada por el exalcalde  Silva planteó que si  se produjo una irregularidad, ésta  fue cometida por  justicia electoral,  que omitió la  supuesta donación en la rendición de cuentas del  Haddad.  “No estoy cuestionando la existencia o no de pruebas. Sólo estoy sosteniendo que la acusación, aunque examinada en tesis, es inviable, desde la base del derecho constitucional de la amplia defensa y es contradictoria, ya que niega o cuestiona algo que no se ha afirmado”, dijo.

    Por su parte, el Partido de los Trabajadores calificó la aceptación de la denuncia ofrecida por el Ministerio Público de São Paulo contra Haddad como otro episodio que demostraría “la partidarización del sistema judicial del estado de Sao Paulo, controlado por notorios adversarios” a esa organización política.

    Para el PT la acusación se basa en una “denuncia infundada que no podría haber sido aceptada  en un juicio imparcial”

    Asimismo,  denunció una persecución contra el excandidato presidencial que recibió 47 millones de votos en la segunda vuelta de las elecciones.

    Brasil necesita más justicia y menos persecución política, más democracia y ningún tipo de manipulación de las instituciones, Brasil necesita resistirse a ese tipo de ataque, que no hiere sólo al ciudadano Fernando Haddad, hiere la propia democracia (…) Este episodio tiene olor de venganza y represalia por el gran desempeño de Haddad y del PT en las elecciones presidenciales”, refiere un comunicado publicado el portal web del partido.

    ¿Democracia o autoritarismo?

    En un sistema democrático las diferencias entre una corriente política y otra se dirimen a  través del debate, de la formulación de ideas y propuestas. La decisión final la tiene el electorado que participa en los comicios y que apoya o no  con su voto los postulados y proyectos de los actores políticos.  

    Se respeta y valora la opinión del contrario, los poderes del Estado son independientes  y el sistema judicial aplica la Ley a todos sin distinción. Sin embargo, este no parece ser el camino que no tomará Jair Bolsonaro al frente de la jefatura de Estado de Brasil.

    El ultraderechista es un admirador del presidente norteamericano Donald Trump, a quien incluso parece imitar en su estilo provocador, irreverente y agresivo contra los oponentes.

    Desde su campaña electoral, Bolsonaro esquivó el debate, argumentando motivos de salud, tras ser apuñalado en un acto de campaña.

    Su manera de aproximarse a los electores fue a través de las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, en donde cuanta con más de 14 millones de seguidores en total.

    En estos espacios difundió noticias falsas o “fake news”,  en contra del PT y su política social.  Un hecho que fue denunciado por este partido político semanas antes de la jornada electoral.

    Es  más que evidente que Bolsonaro arremeterá contra el PT,  ya que incluso nombró  al diplomático Ernesto Araújo como próximo canciller de Brasil, quien es conocido por ser acérrimo enemigo de la izquierda y un ferviente admirador del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien cataloga como “la salvación de Occidente”.

    Araujo ya amenazó con investigar las supuestas anomalías ocurridas en el Ministerio de Exteriores durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores.

    Su rechazo al PT se ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones. De hecho ha llamado a este partido como el “Proyecto Totalitario o Programa de Tiranía” que criminaliza a la familia.

    A modo de burla, el futuro canciller ha dicho que el PT plantea que “el coito heterosexual es una violación y cada bebé es un riesgo para el planeta ya que aumentará las emisiones de carbono”. Asimismo, aseguró que esta organización política “odia la libertad: la libertad económica, de pensamiento, de expresión, debido a que el PT, fiel al bello ideal socialista, odia el ser humano”.

    ¿Premio a la injusticia?

    Sin embargo, una de las acciones tomadas  por Bolsonaro que más polémica ha desatado es el nombramiento como nuevo ministro de Justicia de Sergio Moro, el juez que condenó y encarceló a Lula da Silva.

    Moro incluso adelantó su renuncia al cargo de juez para poder “asumir de inmediato un cargo ejecutivo en el equipo de transición de la Presidencia de la República y sucesivamente el de ministro de Justicia y Seguridad Pública”.

    Este nombramiento pone en duda  la imparcialidad de un juez que ya era acusado de haber acelerado el juicio a Lula da Silva, y de condenarlo sin pruebas para dejarle fuera de la carrera presidencial cuando el líder progresista  lideraba las encuestas de intención de voto más del 40% de preferencia.

    No es casualidad este anuncio sobre el juez Moro. Es el coronario o el premio a un programa de judicialización de la política”, indicó a RT el abogado Diego Hernan Dieguez Ontiveros,  quien colabora con la defensa de Rafael Correa.

    El pasado 5 de noviembre los abogados  del expresidente  brasileño solicitaron al Supremo Tribunal Federal (STF) la libertad del exmandatario bajo el alegato de que el juez Sérgio Moro, quien lo condenó, no es imparcial.

    Através de un comunicado, los abogados de Lula sostuvieron que la parcialidad del juez quedó demostrada cuando aceptó el cargo de ministro de Justicia y Seguridad propuesto por el presidente electo,  Jair Bolsonaro.

    Asimismo, alegaron que el juez encargado de las investigaciones de la Operación Lava Jato actuó de forma política durante la campaña del excandidato ultraderechista.

    Además, “mantuvo contacto con la cúpula de Bolsonaro, y durante ese período también estuvo frente al proceso contra Lula, que hasta el agosto lideraba las encuestas de intención de voto”.

     

    Futuro del PT

    Luego del resultado de las elecciones presidenciales, el Partido de los Trabajadores (PT) prometió que  “haría resistencia” al futuro gobierno  de Jair Bolsonaro, y que estaría vigilante para que “cumpla la Constitución”.

    La presidenta del partido, Gleisi Hoffmann, indicó que el PT “construirá un amplio frente de resistencia por la democracia y por los derechos del pueblo ante el Gobierno que se presenta”.

    Vamos a organizar una red de protección solidaria, con todos los abogados del partido” y los jueces que abogan “por la democracia para garantizar esos derechos”, agregó en unas rueda de prensa tras los comicios.

    Subrayó que también está prevista la creación de un “observatorio para que los derechos de las poblaciones que están siendo amenazadas” sean garantizados.

    Hoffmann  destacó que  el “gran articulador de ese frente de resistencia” sería Fernando Haddad, por lo que si es procesado y encarcelado como parte del lawfare, sería otro nuevo golpe para las bases del partido progresista.

    Ante la incertidumbre  el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford (Inglaterra), Timothy J. Power, plantea que el PT tiene dos caminos. Uno es enfocarse hacia el pasado: en el impeachment, en el  golpe (contra Rousseff y en la prisión de Lula.

    “La llegada de Moro al Ministerio de Justicia confirma para ellos la visión de que la Justicia era parcial y podrían insistir con la teoría conspiratoria” dijo en declaraciones a la BBC .

    Planteó que el otro camino es mirar hacia el futuro. Pasar por un periodo de autocrítica y reflexión para lidiar con el antipetismo en el electorado.

    “Tienen que preguntarse: ¿Vamos a volver a ser un partido nacional o vamos a ser un partido regional basado en el nordeste?”, dijo.

    Para Paulo Sotero, director del Instituto Brasil del Centro Wilson, en Washington, un partido de izquierda como el PT debe buscar más apoyos con los partidos de centro para hacerle oposición a Bolsonaro.

    En entrevista concedida al diario El Tiempo, indicó que el PT contará con el más grande grupo de partidarios en la Cámara de Diputados, por lo que tiene la opción de ser una  oposición constructiva, tomando en cuenta que la gente quiere una sociedad tolerante, democrática y una sociedad con una economía de crecimiento,con creación de empleo y respeto por el otro.

    Lo cierto es que el pueblo brasileño exige un cambio y respuestas por parte del Gobierno y la oposición.

    La nación suramericana sufre por una economía que no termina de arrancar tras dos años de recesión histórica (2015-2016) y que tiene casi 13 millones de desempleados.

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