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    La crisis política y económica que atraviesa Venezuela es percibida como una oportunidad de negocio para los inversionistas y la banca internacional. Desde Wall Street, las agencias y los tenedores de bonos observan con atención los acontecimientos de la nación caribeña.

    El país rico en petróleo, minerales y recursos naturales está sometido a una constante agresión liderada por el gobierno de Estados Unidos con el fin de asfixiar su economía y crear un clima de desestabilización que conduzca a una intervención militar.

    Desde el 10 de enero las acciones injerencistas de Washington se han incrementado, al utilizar al diputado opositor en desacato, Juan Guaidó, como ficha para que se autoproclamara “presidente encargado” y tratara de usurpar las funciones del gobierno legítimo de Nicolás Maduro, quien fue electo por el pueblo en los comicios celebrados en 2018.

    A este golpe de Estado en desarrollo sigue una operación política y militar, para usar el supuesto envío de ayuda humanitaria estadounidense como Caballo de Troya para poder  consumar la invasión militar.

    El desenlace de esta provocación y violación a la soberanía venezolana puede desencadenar un conflicto internacional de grandes proporciones y ocasionar pérdidas humanas y materiales a la nación bolivariana. Sin embargo las empresas financieras del mundo están atentas a cómo sacar partido de este escenario.

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    Deuda venezolana

    La economía venezolana se encuentra inmersa en una profunda crisis, consecuencia de la caída del precio del petróleo en el mercado internacional, del acoso financiero y una guerra económica, basada en las prácticas de acaparamiento, especulación y contrabando de extracción,

    A  lo que se suman las acciones de corrupción dentro del propio Estado; la baja de los niveles de producción de crudo de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sanciones unilaterales aplicadas por Estados Unidos y la Unión Europea.

    El bloqueo financiero internacional le ha ocasionado a Venezuela pérdidas por el orden de  350.000 millones de dólares en producción de bienes y servicios entre 2013 y 2017, lo que equivale a 8.400 y 12.100 dólares por cada venezolano o al Producto Interior Bruto (PIB) de aproximadamente un año y medio, según un estudio publicado recientemente por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).

    Por tales motivos, el país se ha visto obligado a contraer una deuda externa que, aunque es difícil de precisar, fue calculada en 2016  por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en 132.000 millones de dólares.

    Estos compromisos se basan  un promedio de 15 bonos soberanos emitidos por el Estado y por Pdvsa, que han sido adquiridos por bancos de inversión.

    De acuerdo con el gobierno venezolano,  el 62% de los tenedores de bonos de deuda son norteamericanos y el 12% de nacionalidad británica, los cuales son clientes de grandes bancos de inversión internacionales.

    Estos son los mayores tenedores de bonos PDVSA y Soberanos

    Mientras que la agencia Bloomberg reseñó que de los  seis los bancos de inversión con mayor cuota de títulos de la República y de Pvdsa, cinco son estadounidenses. Estas empresas son Goldman Sachs (EE.UU.), Blackrock (EE.UU.), Fidelity Management and Research (EE.UU.), T. Rowe Price Group (EE.UU.), Invesco LTD (EE.UU.) y Ashmore Group (Inglaterra).

    Adicionalmente, se debe tomar en cuenta la deuda contraída por Venezuela a través de los préstamos concedidos por China y Rusia.

    En el caso de la nación asiática el monto oscilaría en 21.000 millones de dólares, aunque el propio Nicolás Maduro explicó en diciembre pasado que “los acuerdos con China no generan deuda, todo el dinero que se debe se ha pagado con petróleo”.

    Mientras que el viceministro de Finanzas de Rusia, Serguéi Storchak,  declaró que Venezuela realiza sin retraso dos pagos al año de la deuda, evaluada en 3.000 millones de dólares.

    Pago de la deuda y riesgo país

    El informe del  Celag plantea que “uno de los brazos del boicot financiero” contra Venezuela “provino de las agencias calificadoras”, debido a que el indicador del ‘riesgo país’ se incrementó de forma desmesurada sin guardar relación con el riesgo económico real, ni con los precios del petróleo ni con la capacidad de pago del país.

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    Aunque en 2014 y 2017 el país latinoamericano cumplió con el pago de 68.653 millones de dólares por concepto de deuda externa, obtuvo las peores notas de las calificadoras de riesgo, tales como Moody’s y Standard & Poors.

    Aunque los compromisos e intereses se pagaron a tiempo, la deuda y riesgo país fue calificada como si correspondiera a países en guerra, como Siria, concluye el análisis. Esta situación empeoró con las sanciones financieras del Gobierno estadounidense desde 2017.

    Riesgo de default

    Los rumores y expectativas de que Venezuela “podía caer en default” (suspensión de pagos de sus bonos) han sido  frecuentes dentro del mercado financiero internacional.

    Sin embargo,  los tenedores de deuda se encuentran atentos a los efectos que podrían tener las recientes sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Pdvsa y que prohíben la compra de petróleo venezolano por parte de compañías norteamericanas.

    De este modo, la nación caribeña que exporta un promedio de 500.000 barriles de crudo por día a  EE.UU., podrá sufrir pérdidas en 2019 por el orden de 11.000 millones de dólares en envíos no realizados.

    Si el Estado venezolano no tiene recursos para cancelar los compromisos y cae finalmente en default , los activos de la República y de Pdvsa en el exterior estarán en riesgo de embargo por parte de los acreedores.

    Esto puede incidir en la producción y venta de crudo por meses, en el cierre de los mercados financieros internacionales, de modo que el gobierno y el sector privado no podrán recurrir créditos.

    Asimismo, se puede generar una reducción de la inversión extranjera directa, agudizando el estancamiento de la producción y llevando a la economía nacional de los actuales niveles de escasez y desabastecimiento a una situación aguda, conforme a los intereses de Washington.

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    Fondos buitres

    Ante la posibilidad de incumplimiento de los compromisos crediticios, la cotización de los bonos de la deuda venezolana en los mercados internacionales ha disminuido, por lo que los tenedores de títulos, estarían dispuestos a transarlos en el mercado secundario, aun con descuentos considerables. 

    En este contexto entrarían en juego los llamados fondos buitre,  que podrían comprar a precios muy bajos la deuda  venezolana para cobrarla con beneficios.

    Estos fondos reclaman el pago de su dinero, por el valor del bono a la fecha de su vencimiento. En caso de no obtener el desembolso, recurren a tribunales internacionales, donde generalmente obtienen sentencias favorables o pueden pactar acuerdos ventajosos con el deudor.

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    Presión para un cambio de gobierno

    Las empresas capitalistas ven en un posible cambio de gobierno en Venezuela una oportunidad para obtener condiciones ventajosas .

    Pese a la autoproclamación de Guaidó como “presidente interino” y la escalada de agresiones estadounidenses, las mismas agencias internacionales que constantemente colocan el riesgo país venezolano al mismo nivel de Siria, optaron por mejorar este indicador.

    El índice de Riesgo País (Embi+) elaborado por JP Morgan disminuyó 30,18% durante el mes de enero.

    Mientras que índice de rendimiento de la deuda venezolana aumentó 40,6% en enero, consolidando su mejor mes desde 2013.

    De acuerdo con los informes de la Casa de Bolsa Rendivalores, dicho aumento está impulsado por las expectativas ante un posible cambio político en el país, lo que no es de extrañar ya que Guaidó ha prometido la vuelta de las prácticas neoliberales a Venezuela.

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    Paquete neoliberal

    El supuesto “presidente interino” presentó su denominado Plan País,  que tiene como uno de sus principales objetivos “acceder a la banca multilateral para solicitar el financiamiento requerido en condiciones preferenciales y ayuda económica internacional”, con  “la asistencia masiva de organismos financieros multilaterales”.

    En otras palabras, pretende querer aplicar la misma receta de Carlos Andrés Pérez en 1989, quien recurrió al  Fondo Monetario Internacional (FMI), para obtener un crédito de 1.500 millones de dólares, a cambio de  la liberación total de la economía, el  aumento de los servicios públicos, y la congelación de cargos de la administración pública, lo que desencadenó un estallido social.

    El plan de Guaidó contempla una privatización de las empresas estatales, al plantear que para estabilizar la economía se debe “dar apertura a la inversión privada en las empresas públicas y las medidas que sean necesarias para recuperar su capacidad de operaciones, especialmente en la gestión de servicios públicos”.

    Asimismo, prevé una  “inversión privada internacional y nacional en petróleo” y reformar las leyes para “permitir que el capital privado sea accionista mayoritario en proyectos petroleros”.  Lo que se traduce en un proceso de apropiación de recursos y empresas nacionales por parte de los capitales imperialistas  y la entrega de Pdvsa  y el crudo venezolano a los intereses norteamericanos.

    Incluso el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, confirmó que el verdadero interés de Estados Unidos en Venezuela es tomar el control de la explotación petrolera de la nación suramericana.

    En una entrevista con Fox Business afirmó que “haría una gran diferencia” si petroleras estadounidenses pudieran acceder a los pozos de crudo de Venezuela.

    “Estamos conversando con las principales compañías estadounidenses ahora”, apuntó Bolton, y añadió que su objetivo es que esas empresas “produzcan el petróleo en Venezuela“.

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