Chile: Un Estado de derecho en crisis

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Así, bajo estas premisas, el ministro del Interior se libraba a conjeturas desde el Estado que él mismo encarna.

En sus Discursos, Maquiavelo advierte que cuando los poderosos se acostumbran a convivir con la corrupción, no pueden ser restringidos por ningún método, ya que son capaces de asistir a la ruina de su Estado (República) con tal de satisfacer sus deseos e intereses privados. En un segundo nivel de su escritura, el consejero florentino se daba por tarea poner en guardia al pueblo acerca de las malas prácticas de las elites corruptas.

 

Es algo que hace consenso público. Son las elites políticas y empresariales las que han roto el vínculo de confianza con la ciudadanía. De ellas se sospecha. Han generado un proceso de desconfianza en las instituciones puesto que en ellas y desde ellas se cometen delitos tributarios; parlamentarios solicitan dinero ilegal para las campañas políticas y se defrauda de paso al fisco si se tienen los medios y se trafican influencias. Y no lo hace cualquier “privado” común y corriente. Ahí donde mandan el mercado, los símbolos y los estatus del poder, unidos al dinero sonante (o a montos prestados) hay siempre desigualdad social ante estos recursos. Que no sólo corrompen, sino que su uso obsceno genera la mayor de las veces indignación y, otras, anomia. Es la moral de los sucesos.

 

En efecto, el desarrollo mismo de las aristas político-legales de los casos conocidos y los nuevos elementos que surgen son los que indican que poderes e instituciones clave del Estado se han conjurado en su momento contra la ciudadanía y los valores de la democracia. De éstos, al menos los que vale la pena defender con ahínco: la transparencia en los asuntos públicos —puesto que se oculta información significativa— y las leyes que permiten juzgar a todos por igual y, por sobre todo, a quienes como los empresarios, parlamentarios y personal de gobierno y del Estado abusan de sus privilegios, poder y función y caen bajo sospecha de ser infractores de la ley.

 

Es el concepto mismo de Estado de derecho, noción clave en el discurso de los adalides de la democracia liberal y representativa, el que está y seguirá estando en entredicho y, es más que seguro que saldrá muy rasguñado en su legitimidad: al revelarse su carácter clasista (de protección de los socialmente privilegiados que actúan por encima de las leyes) en esta saga de escándalos de corrupción y de delincuencia de la elite empresarial y política que lleva años impune.

 

Además del caso Penta y de sus aristas de fraude al fisco, cohecho, lavado de dineros y financiamiento ilegal a la UDI, hemos visto el de Caval-Banco de Chile, que no amaina, pues sigue afectando a las más altas esferas de la Moneda y al gobierno de la Nueva Mayoría.

 

Para peor, los ciudadanos se han percatado como la diligente investigación de la fiscalía acerca del financiamiento de la política con boletas truchas emitidas por SQM —la poderosa empresa de Ponce Lerou, empresario con prontuario y en cuyo directorio hay otros de parecida calaña como Hernán Büchi y Wolf von Appen— que ha construido su poder económico durante la dictadura y la transición pactada, fue obstaculizada por el mismo Servicio de Impuestos Internos (SII) con pretextos que no tienen asidero, ni legal ni menos democrático. Este organismo, dependiente, en última instancia del ministerio de Hacienda y del ministro Arenas negó el acceso a la fiscalía a los informes contables (entre 2009 y 2014) con triquiñuelas administrativas y legales para proteger los nombres de políticos y políticas de la Nueva Mayoría que obtuvieron financiamiento ilegal de SQM. Bastaría con que Arenas hubiera ipso facto dado luz verde. Pero no lo hizo. El SII sólo reaccionó tardíamente a la presión de la ciudadanía, generando así las más normales sospechas acerca de su imparcialidad.

 

¿Cómo se nombra este actuar de ministros y organismos del Estado?

 

Es evidente que por medio de estas zancadillas administrativas y legales al sentido democrático se quiere evitar que los ciudadanos sepamos los nombres de los miembros de la casta política del duopolio que son financiados por estas empresas u otras. Y, además, que ante la crisis de las instituciones que se atropellan por salvar las apariencias legales, se creen precedentes. E incluso, que el destape de lo podrido genere una coyuntura política donde no haya vuelta atrás. Que se comience por exigir la renuncia a sus cargos de todos los implicados o llamados a declarar ante la Fiscalía. Lo que lleva a concluir que los actores políticos más diversos se pronuncien: líderes estudiantiles, sindicales, parlamentarios honestos, precandidatos presidenciables y movimientos sociales.

 

No hay que ser un estratega comunicacional de Imaginacción, ni pagarle una asesoría al inefable sociólogo Eugenio Tironi para darse cuenta que empiezan a reunirse condiciones para que se instale un otoño caliente.

 

Y en lo que fue una maniobra legal obstruccionista al trabajo de la justicia, el mismo Tribunal Constitucional (TC) (la segunda sala) acogió a trámite el requerimiento del abogado, ex Secretario General del PPD, Samuel Donoso en representación del ex gerente general de SQM —caído en desgracia— Patricio Contesse para negarle a los fiscales del caso el acceso a nombres, montos y delitos (“presuntos” por supuesto). Para después cambiar de postura. Obvio, lo hizo bajo presión mediática y ciudadana.

 

Cuando es el TC el que demoraba y en la práctica obstaculizaba una investigación que sigue teniendo por objeto defender la democracia contra quienes la corrompen, es porque se ha ido demasiado lejos. En este marco el Consejo Presidencial Asesor no podrá hacer otra cosa que preparar un punteo de buenas intenciones que buscará religitimar en el papel el Estado de derecho en crisis.

 

Ahora bien, si por un lado están los poderes y organismos del Estado que conspiran para impedir que los ciudadanos conozcamos la verdad (Legislativo—por no hacer nada—, Ejecutivo junto con su organismo fiscal (SII) inoperante, además del Tribunal Constitucional (con sus miembros no elegidos sino que nombrados a dedo) que también obstruye, están quienes persiguen su esclarecimiento. Habrá que decirlo: los fiscales han demostrado estar del lado de la democracia y la Justicia contra quienes corrompen. Y la información de calidad circula gracias al trabajo de periodistas competentes.

 

De esta manera, bajo la ficción de Estado de derecho se revelan aparatos legales ineficientes en la regulación del poder corruptor del capital productivo y financiero y en la defensa de lo común y ciudadano, pero configurado para defender los intereses de las castas oligárquicas.

 

Entre la multiplicidad de factores que hace que los pueblos se indignen y se levanten, hay al menos uno de sentido común: las cosas sólo pueden cambiar radicalmente cuando una masa crítica de ciudadanos y ciudadanas han dicho basta y echado a andar. Como ya lo hemos visto en la historia, los defensores de la ficción del Estado de “derecho” son los primeros en reclamar la vuelta al orden normal de las cosas y el respeto a las instituciones que ellos mismos dejaron caer por las malas prácticas de los mismos actores institucionales.

 

Ahora bien, lo nuevo e interesante; “el después”, lo posible y por hacer está inscrito en la situación chilena misma y reside en el vínculo inteligible que aparece en la consciencia colectiva entre instituciones postdictadura en crisis —responsables en última instancia de la corrupción— y la necesidad, para iniciar un renacer democrático de Chile, de construir nuevas. El segundo paso es argumentar incansablemente, en debates públicos y asambleas populares, que esto es posible y necesario. Lo que obliga a iniciar un proceso constituyente a contrapelo de los partidos políticos binominales impugnados que desemboque en la convocatoria a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución democrática. La iniciativa debe provenir de los movimientos sindicales, estudiantiles, ambientalistas, de mujeres y otros que pueden pronunciarse y movilizarse para lograrlo, además de incorporar la nueva demanda compartida: la lucha contra todas las formas de corrupción de los poderosos que se enseñorea en el modelo económico neoliberal y en su institucionalidad política.

 

 

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