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    El hastío con el orden neoliberal capitalista es generalizado. Las protestas sacuden al país, mientras empresas chilenas y transnacionales –defendidas y financiadas por el gobierno- despojan a las comunidades y al país de sus riquezas. En este contexto, toma fuerza la idea que ya los parches a este sistema ya no sirven. Y que es necesario construir un nuevo orden lo que pasa por dar vida a una nueva carta magna.

    La aprobación de la Cámara de Diputados –en primer trámite- de la Ley General de Educación (LGE), a pesar del enorme rechazo social, mostró al país, que tanto la Concertación como la derecha -supuestamente en la oposición- son las dos caras de la misma moneda que sostiene el orden construido por la dictadura de Augusto Pinochet.
    Este año, como nunca desde que comenzara la “transición a la democracia”, las protestas contra el “sistema” y los llamados por poner fin a las políticas neoliberales se han sucedido en todos los ámbitos. El miércoles 25 de junio hubo un nuevo paro nacional de la educación convocado por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios y Universitarios (ACEUS) y que apuntaba sus dardos contra las leyes que sostienen la educación de mercado. Como numerosas movilizaciones anteriores, tuvo una gran acogida entre los estudiantes.
    En una multitudinaria manifestación realizada aquel día en el Parque Forestal, un vocero de la Aceus, Amador Sepúlveda, hizo una afirmación sugerente. Señaló que el movimiento estudiantil está dispuesto a movilizarse todo el año e incluso a perder el año lectivo con tal de conseguir el objetivo de mejorar la educación chilena. Las actuales protestas contra la educación de mercado y por la recuperación de la educación pública han contado con el respaldo del Colegio de Profesores, ente que anunció la convocatoria a un paro nacional de todos los sectores del país para este mes de julio. Esto, con el objetivo que se discuta abierta y participativamente la nueva ley de educación.
    De este hastío no se salva la principal cara del sistema: La Presidenta Michelle Bachelet. Ella ya no puede llegar tranquila a ninguna parte. Ni siquiera en el extranjero está libre del repudio que causan sus políticas que amparan el saqueo del país, la destrucción de los mares, ríos, bosques y la Cordillera, y la gran represión que sacude a quienes se resisten.
    El pasado 26 de junio, tres protestas distintas confluyeron en el centro de Puerto Montt con ocasión de la visita de Bachelet. Estudiantes y profesores pedían fin a la educación de mercado, mientras los desplazados de Chaitén reclamaban por el manejo del Gobierno en la crisis. La respuesta de la presidenta y sus funcionarios fue la de siempre: represión.
    En un reciente viaje de la Bachelet a California, un centenar de chilenos residentes en ese estado del país del norte, y universitarios de diversas nacionalidades, hicieron una contra manifestación para expresar su repudio hacia las políticas contra los mapuche, y en materias de educación y medio ambiente.
    En Valparaíso el jefe de la V zona de carabineros, general Jaime Vasconcellos, señaló en entrevista a El Mercurio de esta ciudad, del 29 de junio, que las más de 100 manifestaciones que se han producido en esta urbe este año, mayoritariamente estudiantiles, tienen desgastados a los efectivos policiales.
    En San Antonio las protestas han devenido en desobediencia civil. Llevan ahí la batuta los pescadores artesanales que piden el fin de la pesca de arrastre y a la miseria que los embarga. En su lucha se han aliado con profesores, portuarios y estudiantes en una sólida coordinadora de organizaciones sociales que exige cambios de fondos al modelo imperante.
    En esta ciudad la represión ha sido brutal. El destacado dirigente de la pesca artesanal Cosme Caracciolo fue golpeado por carabineros en una manifestación ocurrida el 28 de mayo; Su hijo Milko también recibió su parte en esa refriega lo que le dejó como secuela dos fracturas en el rostro. Otro hijo de Cosme, Esteban, fue detenido por carabineros el 18 de junio pasado mientras transitaba por su ciudad. Tras revisársele su mochila, fue acusado –en un aparente montaje- de portar armas, por lo que fue detenido siendo su caso derivado a la fiscalía militar (ver carta al director).
    Es tanta la represión que se está viviendo y que afecta a los mapuches, pescadores, estudiantes, documentalistas y todo a que el que se rebela contra el monstruo neoliberal, que el pasado viernes 27 de junio el ex juez Juan Guzmán definió como dictadura al Gobierno de Chile.

    LA SUCIA TRANSICIÓN

    La supuesta transición a la democracia nunca existió. En verdad lo que se ha vivido es la fase de consolidación de la “democracia protegida” diseñada por Jaime Guzmán y Augusto Pinochet y que tiene en la Constitución vigente su principal sostén. Llena de amarres y concesiones, esta fue hecha a la medida de los militares, las transnacionales mineras y los oligarcas locales, muchos de ellos, funcionarios enriquecidos del régimen dictatorial.
    Tras el triunfo del No en el plebiscito de 1988, hubo una movilización de esfuerzos desde la Concertación y la derecha política, bajo la atenta mirada de Washington, que tuvo por objetivo que se cambiara la imagen internacional de Chile, acabando con su apariencia dictatorial. Pero que a la par, se mantuviera y profundizara el modelo neoliberal que garantizaba el robo legalizado de sus recursos. A la cabeza de esta operación estuvo Patricio Aylwin, presidente de Chile entre marzo de 1990 y el mismo mes de 1994. En esta misión, lo acompañaron Edgardo Boeninger y Enrique Correa, quienes fueron los que negociaron los acuerdos secretos de la transición.
    El más oculto e importante de estos pactos, que se analiza detalladamente en el libro Chile: Una Democracia Tutelada, de Felipe Portales, se dio con ocasión de las reformas constitucionales pactadas entre la Concertación y el Gobierno militar y que fueron plebiscitadas en julio de 1989. Allí la Concertación aceptó derogar los artículos 65 y 68 de la Constitución de 1980. Estos artículos le hubieran dado la posibilidad de aprobar toda legislación ordinaria con sólo tener mayoría en la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Pero los acuerdos con la derecha negaron esta posibilidad.
    Ambos artículos habían sido puestos en la Constitución de 1980 bajo la premisa que Augusto Pinochet ganaría el Plebiscito de 1988. En dicho caso, le hubieran permitido gobernar sin tropiezos en el Parlamento. Pero como lo perdió, Pinochet y Jaime Guzmán urdieron un plan para poder seguir gobernado sin necesariamente tener la presidencia del país. A este plan se sumó sin objeciones Aylwin.
    La propuesta de reforma constitucional aprobada en el plebiscito de julio de 1989 fue prácticamente la copia de un planteamiento en esa dirección hecho por la Unión Demócrata Independiente (UDI) hecho en enero de 1990, con ocasión de su Consejo General.
    Allí, la UDI propuso hacer nueve reformas a la Constitución entre las cuales había una que sostenía que era necesario “darle carácter general a la regla de que la aprobación del Congreso a un  proyecto de ley y a cada una de sus normas o indicaciones sólo se produzca cuando concurra el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes de cada Cámara o cuando lo hagan los dos tercios de los miembros presentes de una Cámara y más de un tercio de los miembros presentes de la otra (artículos 65 y 68). Hacían este planteamiento en la convicción que perderían los comicios generales de diciembre de 1989.
    El Gobierno de Pinochet, que también tenía clara la necesidad de quitarle poder al nuevo Gobierno, propuso el 28 de abril del mismo año, una propuesta de modificación de los artículos 65 y 68 de la Constitución referida. Esta cambiaba la exigencia para aprobar una ley ordinaria, de tener simple mayoría en  la Cámara por tener los dos tercios de ella.
    Las propuestas realizadas por el Gobierno de Pinochet y por la UDI fueron aceptadas por la Concertación, la que escondió toda discusión respecto de estas reformas, centrando el escaso debate que entonces hubo, en otros aspectos como la derogación del artículo octavo de la Constitución o la ampliación de las circunscripciones senatoriales.
    El jurista Armando Uribe relató en una ocasión, que poco antes que Patricio Aylwin asumiera la presidencia del país, él, junto a una delegación de la Izquierda Cristiana lo fueron a visitar. En la ocasión le consultó cuál iba a ser su política en relación con el cobre. Aylwin se habría llevado el dedo índice a la boca diciendo ¡Shhhhh!. O sea: del cobre no se habla. Es el silencio con que se ocultó la tragedia de Chile en el reinado de la Concertación que ha sido el más radicalmente corrupto periodo político que ha habido en la historia de Chile.
    Cómo principal respuesta al agotamiento político de la transición, va surgiendo con singular fuerza la necesidad de avanzar hacia una nueva carta magna. Lo planteó el Encuentro por la Unión de los Pueblos de Chile, que se realizó en la ex Cárcel de Valparaíso en septiembre de 2007, al que concurrieron representantes de las principales organizaciones sociales del país. Lo ha expresado la iniciativa por una Asamblea Constituyente que es coordinada por Roberto Garretón. El presidente de la CUT, Arturo Martínez, hizo algo similar el primero de mayo pasado, cuando dijo que su organización trabajará en la perspectiva de dar vida a una nueva constitución que sea votada en plebiscito ciudadano. Diversos parlamentarios de la Concertación han sostenido lo mismo.
    El pasado jueves 26 de junio, un grupo de estudiantes secundarios quemó con gran parafernalia en plena Alameda de la capital, un ejemplar de la Constitución de Pinochet que nos rige hasta hoy.

    ¿CÓMO AVANZAR HACIA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN?

    Las dificultades para reformar la Constitución y prescindir del sistema electoral binominal, han abierto el debate sobre si es posible llamar a un plebiscito para que sea la ciudadanía quien dirima esta cuestión e incluso para que ésta pueda dar al país una nueva carta política. Es importante considerar que la Constitución que nos rige es en esencia plebiscitaria. En su artículo 5 dice: “La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y (…) por las autoridades que esta Constitución establece”.
    El jurista José Galiano interpreta así esta cuestión: “(En la Constitución del ’80) el plebiscito es el primer instrumento que dispone el pueblo para ejercer, efectivamente, su soberanía; es decir, su derecho a autogobernarse. Las elecciones periódicas y las autoridades que la Constitución establecen son instrumentos que están mencionados en segundo y tercer orden, respectivamente, y no tienen esa ubicación por casualidad, sino porque se trata de herramientas que sólo permiten el ejercicio indirecto de la soberanía a diferencia del plebiscito, que constituye el único medio directo que dispone el pueblo para autogobernarse” (“La Época”, 16 de mayo 1998).
    Los cambios constitucionales han invocado al poseedor del poder constituyente originario, que es el pueblo, a la hora de dar vida a una nueva Constitución, porque es él quien da legitimidad en nuestra república, a las normativas institucionales básicas de la sociedad y al Estado. Las dos constituciones del siglo XX tuvieron su origen en sendos plebiscitos a los que fue convocada la ciudadanía para dirimir disparidad de criterios entre los poderes del Estado respecto de la mejor forma de organizar el país. La Constitución de 1833 fue reemplazada por la de 1925 sin cumplir los rígidos mecanismos de modificación que consideraba su antecesora.
    El presidente Arturo Alessandri Palma dictó el 31 de julio de 1925 el D.L. mediante el que convocó a plebiscito con este fundamento: “Que, en homenaje y respeto a la voluntad nacional, y habiéndose manifestado opiniones divergentes en orden al régimen y forma de Gobierno, el Presidente de la República considera su deber someter la divergencia al fallo autorizado que dicte la voluntad solemnemente expresada de la mayoría de sus ciudadanos”. En 1980, pese al no funcionamiento de las instituciones democráticas, la Junta Militar decidió convocar a la nación para dar vida y legitimidad a una Constitución. En esta convocatoria, se reconocía también el hecho de que el poder constituyente originario reside en la nación y que “sólo a ésta le cabe aprobar una Constitución”, dice Sergio Monsalve en “Poder constituyente y plebiscito constitucional en Chile”. El 21 de octubre de 1980 se promulga el decreto supremo que entre sus fundamentos avala esta doctrina: “Que la voluntad soberana nacional mayoritariamente manifestada en un acto libre, secreto e informado, se pronunció aprobando la Carta Fundamental que le fuera propuesta”.
    Ahora, ¿puede la Presidenta convocar un plebiscito para cambiar la Constitución? Sí. Es más, en la Constitución de 1980 están dados los elementos para que ella pueda dictar un decreto supremo convocando al soberano, como hicieron jefes de estados anteriores, sin una disposición constitucional expresa para hacer tal llamado. La Constitución del 80, junto con eliminar la palabra representativa, se autodenomina semirrepresentativa, semidirecta o plebiscitaria.

    Por Francisco Marín

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