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    Reacciones múltiples ha tenido la propuesta de la Presidenta Bachelet sobre un Gobierno Ciudadano. Dirigentes políticos la acusaron de populista-corporativista y más de alguno vio una conspiración con la izquierda más radical;
    otros alegaron que la democracia llamada “participativa” menoscaba la función de los parlamentarios; incluso, un destacado analista y ex Ministro de la concertación dijo que esto no era otra cosa que una expresión del discurso “irresponsable” de los organismos internacionales que andan promoviendo el poder de la sociedad civil. Sin duda, se equivocan.


    ciudadanos

    El debate, sin embargo, ha servido para colocar temas ciudadanos claves para el siglo XXI: reflexionar sobre la necesidad de una nueva constitución y un nuevo régimen de gobierno; explicar las convergencias entre la democracia representativa y la democracia participativa; abrir un debate de dirigentes e intelectuales de las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos, aunque la prensa ocultista continué funcionando.
    Con todo, el susto en la elite política persiste. Otro temor mayor ha provocado la insistencia de los movimientos ciudadanos para que la Presidenta cumpla con su promesa de enviar al Parlamento el proyecto de la Iniciativa Popular de Ley, que no ha tenido aún el eco esperado. A pesar de que ella misma opinó a favor de que el ordenamiento constitucional del país contemple el plebiscito, una vez más la reacciones fueron de gran resistencia, incluso en su propia coalición. Nada de “progresismo” en este caso.

    LA OLA AÚN NO ENCUENTRA LA PLAYA
    Estamos en un escenario en disputa: por ahora, los sectores ciudadanistas de la política no logran doblar la mano a las frondas. Pero el proceso está en marcha.
    Las lecciones que dejó el balance de las políticas de participación ciudadana del gobierno laguista, son claras y contundentes: la resistencia de la política tradicional a la participación ciudadana como factor clave de la falta de resultados en sus iniciativas participativas y una escasa voluntad política de tener un Estado socialmente inteligente, manteniendo el secretismo y estigmatizando a la participación por considerar que ella lentifica las decisiones técnicas.
    En este contexto, los partidos ha demostrado una reducida apertura a reconocer la crisis de sentido que tiene la política en los ciudadanos, por su desconocimiento de la gran diversidad de nuevas maneras de actuación pública en la sociedad civil, como por ejemplo, el propio movimiento de los pingüinos.
    Durante su campaña presidencial, Michelle Bachelet reconoció este diagnóstico, y se comprometió desde su consigna de Gobierno Ciudadano -que, creemos, dejará de usar sólo en forma simbólica- a agilizar y perfeccionar la Ley de Participación Ciudadana que está en debate en la Cámara de Diputados, para así promover una cultura de participación y establecer ¡de verdad! un “nuevo trato” con la ciudadanía y sus organizaciones.

    LA INDICACIÓN DE LA MONEDA

    La reciente Indicación Sustitutiva que ha enviado el Gobierno para perfeccionar el proyecto en trámite parlamentario va en un sentido correcto (ver entrevista al director de la D.O.S. en pág. 19). La propuesta es moderada, sin embargo, confiamos en que en la dinámica política desde liderazgos públicos consistentes con un “nuevo estilo”, se generen iniciativas que le otorguen una calidad superior a la actual democracia. Entre ellas la creación de consejos de sociedad civil en las reparticiones públicas, la incorporación de mecanismos (aunque tímidos) de rendición de cuentas públicas de estas mismas entidades y la creación de formas de control ciudadano a nivel comunal.
    Pero todo lo anterior no es suficiente en la perspectiva de lograr una democracia de calidad y un sistema político deliberativo y participativo, que genere un nuevo pacto entre los actores políticos y las organizaciones de la sociedad civil. La Ley debe ponderarse en el marco de un proceso global, que implique el cambio del sistema electoral binominal; el debate político de la agenda actual de la sociedad civil organizada; la existencia de mecanismos efectivos de participación ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas; la generación de condiciones para que el país tenga una constitución moderna que amplíe la democracia participativa en todos los niveles, democratice los gobiernos regionales, reconozca la iniciativa popular de ley y la revocatoria de mandato, establezca el Defensor del Pueblo y acabe con el secretismo de Estado, y que a la vez cree instituciones que democraticen también el debate de políticas económicas y las macro decisiones en materias de política exterior, de paz y de integración.
    No pedimos demasiado, pues al igual que las autoridades y el empresariado desean que el país sea líder en los estándares de comportamiento mercantil, la ciudadanía espera una mejora en relación a la calidad de su sistema político, de las libertades y derechos de participación.

    QUÉ DICE LA INDICACIÓN

    El proyecto de Ley para la participación ciudadana, que se viene tramitando desde Lagos, contempla 4 capítulos que buscan integrar materias que bien pudieron estar en cuerpos legales distintos. Ellos son: marco regulador de las asociaciones, fondo de fortalecimiento de las organizaciones de interés público, estatuto del voluntariado y participación ciudadana en la gestión pública. Este último capítulo fue completamente modificado por el nuevo gobierno, mediante la indicación sustitutiva que intenta mejorar las insuficiencias del anterior cuerpo legal.
    El nuevo texto señala explícitamente que el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones, hecho que constituye un avance, pues instala la facultad en personas y actores sociales de “intervenir” en los asuntos públicos. También determina que los órganos del Estado deberán establecer las modalidades específicas de participación que tendrán las personas en el ámbito de su
    competencia, dejando señalado que una norma general deberá establecerlo. Seguidamente dice que los órganos del Estado deberán hacer pública la información relevante acerca decompetencia, dejando señalado que una norma general deberá establecerlo. Seguidamente dice que los órganos del Estado deberán hacer pública la información relevante acerca de sus políticas, planes, programas, acciones y presupuestos, asegurando que sea oportuna, completa y ampliamente accesible.
    Destaca en la propuesta la norma que covoca a que el Estado y sus instituciones puedan establecer Consejos de la Sociedad Civil, los que estarán integrados de manera pluralista por representantes de organizaciones de interés público que tengan relación con la competencia del órgano o servicio respectivo. No señala qué tipo de facultades y atribuciones tendrán las organizaciones en tales consejos, lo que puede llevar a pensar que podrían tratarse de entidades informativas y consultivas, como las ya existentes en diversas entidades estatales.
    De interés resulta la propuesta de crear el Concejo Comunal de la Sociedad Civil que reemplazaría al Consejo Económico y Social Comunal (Cesco). Estas nuevas entidades serían elegidas por las organizaciones de cada comuna, sujetándose a un reglamento elaborado por el alcalde y sometido a consideración del Concejo Municipal.
    Sin embargo, al no quedar definido por ley estos consejos -lo que por cierto es una debilidad-, se dejan al arbitrio de la autoridad política comunal materias de alta importancia para el desarrollo de la sociedad civil, pudiendo ser transformado en una entidad meramente decorativa y legitimadora de las políticas municipales.
    Estas son algunas de las normas contenidas en esta indicación, las que por cierto dejan planteadas preguntas e incertidumbres, especialmente relativas a los valores que animan a nuestra democracia. Veamos qué esconde esta propuesta.

    TRAS EL TELÓN
    En primer lugar, la indicación de palacio no precisa el lugar que ocupará la participación ciudadana en el orden político democrático, pues tiende a concebirla como un fin más que como un medio. En consecuencia, no es una acción neutra o desprovista de valores.
    Chile experimenta un contexto de bloqueo democrático, en donde no existen canales institucionales consistentes para el desarrollo de la acción ciudadana. Una ley que busca señalar y normar los límites de dicha acción, debe adoptar definiciones sustantivas sobre el contenido de la participación, esto es, qué niveles y profundidad habrá de tener ella.
    La propuesta en discusión en la Cámara de Diputados hoy, permitiría a la ciudadanía informarse mejor de las políticas públicas y eventualmente ser consultada, pero nada señala respecto a si habrá mecanismos o espacios para la co-gestión de asuntos públicos, o que pueda adoptar decisiones sobre asuntos de su interés y en manos del gobierno, mucho menos indica opciones de control social sobre las políticas o instituciones públicas en materias tales como la gestión presupuestaria o programática efectuada por las organizaciones de interés público con autonomía del Estado.
    En este sentido, si bien el proyecto en debate es un avance respecto a lo obrado por Lagos en esta materia, está lejos de ser un medio que satisfaga estándares de calidad propios de democracias incluyentes de ciudadanía.
    La democracia que reconquistamos a fines de los ochenta, con una intensa participación ciudadana, no fue para transferir el poder del pueblo íntegramente a quienes nos gobernaran: constituyó un pacto democrático en virtud del cual se estableció que tanto la ciudadanía como gobernantes construirían juntos los destinos de Chile. En ningún caso se acordó el diseño de una democracia delegativa, en donde se gobierna haciendo creer que se gobierna con nosotros, la ciudadanía.

    Jorge Osorio, Adolfo Castillo, Bruno Sommer

    Un hombre Clave: Alfonso de Urresti, Presidente de la Comisión de Gobierno Interior.

    -“En la Comisión de Gobierno Interior llevamos despachado hasta el artículo 51, y a partir del martes 5 de septiembre vamos a abocarnos a las indicaciones del ejecutivo”
    -“El trabajo que estamos realizando lo considero apasionante, ya que amplía la capacidad de la sociedad civil de participar en la vida pública y organizativa. Es importante que los municipios reconozcan estas organizaciones ciudadanas como una forma de transparentar su actuar”.
    -“En la Comisión queremos seguir trabajando con la sociedad civil, propiciando encuentros. Queremos realizar seminarios en las diversas regiones, para recoger sus inquietudes y conocer las distintas formas de organización existentes, poder potenciarlas y tratar de asegurarles un financiamiento para su actuar”.
    -“En un plazo no superior a un mes y medio debiera ser despachado el proyecto desde la Comisión de Gobierno Interior para que sea votado en la cámara. No creo que exista rechazo de la oposición, pues las votaciones dentro de la comisión han sido en su mayoría unánimes, esto debería entrar concordado a la sala”.

    Decálogo de la Participación ciudadana

    1. La Participación Ciudadana es un derecho de los ciudadanos-as y asegurarla es una Obligación del Estado, lo que debe estar reconocido constitucionalmente.
    2. Una política pública de Participación Ciudadana debe hacerse en conformidad a Tratados Internacionales y Jurisprudencia Internacional.
    3. La Participación Ciudadana en las políticas públicas debe desarrollarse en tres niveles: consulta en el diseño, colaboración y participación en la ejecución y control de resultados.
    4. Las reparticiones públicas deben generar consejos ciudadanos y oficinas de enlace con las organizaciones de la sociedad civil e incorporar en su gestión indicadores de Participación Ciudadana efectiva, rindiéndose cuenta de ello anualmente en audiencias públicas.
    5. La Participación Ciudadana es desarrollada por organizaciones sociales de diversos tipos y no se requiere que tengan personalidad jurídica para exigirla, ni debe el Estado esgrimir ninguna razón discriminatoria, sea por motivos culturales, religiosos, étnicos, de género, generacional o de orientación sexual para excluirlas, salvo las establecidas por la ley (por ejemplo, organizaciones que fomentan el racismo o el terrorismo).
    6. Se deben fortalecer los Cescos a nivel comunal, para que se constituyan en verdaderas instancias de participación local y de auditoría ciudadana de las autoridades municipales.
    7. Las entidades del Estado están obligadas a practicar el principio de comunicabilidad del Derecho, es decir, cada instrumento jurídico o administrativo que se relacione con las actividades de las organizaciones sociales debe ser comunicado de manera masiva, por diversos medios de comunicación .
    8. Una política pública de Participación Ciudadana debe orientarse hacia la generación de estándares de calidad políticos, que en el caso de nuestro país no puede dejar de considerar: la Iniciativa Popular de Ley y el Defensor del Pueblo.
    9. Se debe implementar un sistema integrado e intersectorial de apoyo al financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil desde el Estado, a través de modalidades transparentes, equitativas y diversificadas, que incorporen un nuevo marco regulatorio y de fomento de las donaciones con fines sociales y la participación de las entidades de la sociedad civil en la discusión de los montos y objetivos del financiamiento público de estas entidades, durante el proceso de elaboración y aprobación del Presupuesto de la Nación cada año.
    10. Todo funcionario-a público que pretenda desconocer o limitar la Participación Ciudadana, exigible según los cuerpos legales establecidos, será sancionado expresamente por la Contraloría General de la República

    Jorge Osorio

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