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    Los hechos tras el referéndum independentista catalán del pasado 1 de octubre se han desarrollado de manera vertiginosa y han propiciado un escenario de conflicto sin vuelta atrás, donde las opciones de salida son ajustadas, las que de paso pueden tener consecuencias para el resto de las autonomías del reino de España.

    Fuera de la represión ejercida durante la jornada electoral, la cual fue justificada por el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, y el jefe de Estado, el rey Felipe VI, se han concretado las acciones de fuerza con las que amenazó el Ejecutivo español: primero, detuvo y dejó en prisión preventiva a los dirigentes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, bajo los cargos de sedición; y segundo, anunció la aplicación del artículo 155 de la constitución española, a través del cual Madrid asume la administración de Cataluña, cesando al gobierno catalán y cerrando su parlamento.

    Para justificar la aplicación del controvertido artículo, que permite intervenir todas las instituciones, Rajoy señaló que “el Gobierno ha tenido que aplicar el artículo 155 de la Constitución; no era nuestra intención ni nuestro deseo”, agregando que “algunos querían que se llegara a esta situación, porque no se pueden hacer peor las cosas, incluso para los intereses de los que las han hecho”.

    Por su parte, el gobierno catalán bajo la conducción de Carles Puigdemont ha forjado una estrategia de propiciar el diálogo con España, explicar las reales dimensiones del proceso independentista y de defender el derecho a decidir respecto de su soberanía con España.

    En este sentido, la primera demostración de la voluntad de conversar de Puigdemont se dio al declarar la independencia y la inmediata solicitud de suspenderla a fin de concretar un diálogo con mediación internacional. Aunque, en su alocución en el parlamento catalán, ya proyectaba lo complejo que sería iniciar cualquier proceso de negociación con el gobierno español: “no podemos ignorar el hecho de que estas hipotéticas conversaciones tiene que partir de un reconocimiento de la realidad: la relación de Cataluña con España no funciona”. 

    Y tal como adelantaba Puigdemont, el diálogo no solo no se concretó sino que la distancia de las posiciones se profundizó llegando a que España, como se explicaba anteriormente, está utilizando todas las herramientas que tiene a disposición para aprisionar el deseo independentista catalán.

    Así, la postura del presidente Catalán es clara: “no perdemos el tiempo con aquellos que ya han decidido arrasar el autogobierno de Catalunya. Seguimos! #CatalanRepublic”, sostuvo Puigdemont a través de redes sociales para responder a la “invitación” del Senado español para poder “defender sus argumentos” frente al órgano que debe dar los votos para ejecutar el 155. Mismo artículo que está siendo utilizado por parte del gobierno de Rajoy como herramienta de amenaza para cualquier intento de enfrentar al sistema político español por parte del resto de las autonomías.

    Artículo 155: El puño de acero de Rajoy

    Es sabido que uno de los ejes del discurso de la administración de Mariano Rajoy (PP), en conjunto con el PSOE y Ciudadanos, es la defensa de “la unidad de España” y para ello no trepidó en el uso del aparato judicial español y de la fuerza policial para intentar, fallidamente, detener el referéndum del 1 de octubre y, luego, ejercer presión sobre el gobierno catalán para evitar la declaración de independencia.

    La última carta que se juega el Ejecutivo español es la aplicación del artículo 155 de la constitución ibérica, que vagamente señala: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general“.

    Este artículo hasta ahora no había sido utilizado por el gobierno español, por lo que su respectivo reglamento fue gestionado en esta ocasión por el Partido Popular (PP), quien encabeza el gobierno de coalición junto a Ciudadanos y socialistas y, para el caso de Cataluña, busca intervenir todas las instancias del gobierno catalán, incluyendo el sistema educativo, de salud y medios de comunicación.

    Ahora, aprovechando el momento, desde el PP ven en este artículo una herramienta de control para las autonomías que están fuera de su autoridad. Y la amenaza de utilizarlo contra aquellas que sigan el ejemplo catalán, no se ha dejado esperar. 

    De hecho, dirigentes del partido de gobierno han dado a conocer sus tesis centralizadoras, a partir de los paralelos que pueden haber con Cataluña en las comunidades como Euskadi, Navarra y Castilla-La Mancha.

    Según el editor de la revista Viento Sur, Jaime Pastor, en una publicación del diario electrónico Público, lo planteado por los dirigentes “peperos” significa que “no puede haber una tercera vía entre la recentralización y el independentismo, que se está con la aplicación del 155 o con los independentistas. Hay una beligerancia autoritaria contra las formaciones que cuestionan el marco de la Constitución”. Junto con ello recalca que “estas declaraciones buscan un cierre de filas ante lo que está pasando en Catalunya, pretenden dar a entender que esto va en serio”.

    “Puede ser que alguien tenga la tentación de aprovechar la coyuntura para revisar el Estado democrático en sentido centralista“, agrega al respecto el politólogo de la universidad de Girona, Quim Brugé.

    Pastor, en tanto, establece que estas medidas apuntan a poner fin al modelo instalado tras el fin de la dictadura de Franco, con el acuerdo de “gobernabilidad” entre el PP y el PSOE en 1978. Al respecto, admite que “se está desvelando que se quiere utilizar la interpretación más recentralizadora de la Constitución para decir ‘hasta aquí hemos llegado’ con el Estado autonómico”. Además, agrega otro elemento a la discusión sobre el fin de la transición española: “supone el cierre de un período en la que la derecha se quedó con la percepción de que había cedido mucho en términos políticos, y ahora quiere recuperarlo. A partir de ahora ya hay un precedente de la aplicación del artículo 155″.

    El nacionalismo de Madrid al alza

    Uno de los elementos que se ha ido visibilizando en este período de conflicto es la imposición de un sentido nacionalista español, con un claro enfoque centralista más que unitario, donde Madrid juega un rol preponderante a la hora de la construcción de dicho relato.

    Este discurso unionista, que viene construido desde el franquismo, se sostiene a partir del modelo de democracia instalado durante la transición y que hoy se encuentra en contradicho, por lo que la defensa de ese formato político social es una forma de sortear la crisis política que existe hoy en España.

    En este sentido, el investigador catalán Vincent Navarro sostiene al respecto que “el Estado español ha sido siempre el máximo instrumento de ese nacionalismo españolista, vehiculado por la Monarquía Borbónica. Esta visión uninacional es también dominante en la intelectualidad española. Y es tan poderosa y tan generalizada que los autores que la reproducen ni siquiera son conscientes de ello”. Y recalca, en el caso catalán, que “en Cataluña el independentismo solo ha surgido cuando la plurinacionalidad del Estado no ha sido aceptada por el Estado central”.

    “La enorme brutalidad con la que el nacionalismo españolista se impuso en Cataluña explica, por ejemplo, que la bandera borbónica española, máxima expresión de tal nacionalismo, nunca haya sido muy popular en este territorio”, sostiene Navarro. Junto con eso recalca que las causas verdaderas del crecimiento del independentismo en Cataluña son “el nacionalismo uninacional del Estado español Borbónico y del establishment político-mediático español”.

    En este sentido, el historiador catalán Joan Culla sostiene, en un artículo del New York Times, que el alza en la aspiración independentista catalana puede que “haya fortalecido un nacionalismo español que ya existía, aun cuando para muchos parecía haberse quedado solo bajo la superficie”. 

    Al mismo tiempo, Culla recalca, en referencia a la gestión del PSOE durante la transición española, que “dejó ir la oportunidad de crear un nuevo concepto de identidad española sin que los fueran a calificar como herederos de Franco”.

    “El problema sustancial viene de la cultura política de España, ya sea de derecha o izquierda, que nunca ha intentado desarrollar el pluralismo y ha tratado como traidor a cualquiera al que le importa más un himno regional que el español, que ni siquiera tiene letra”, agrega Culla.

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