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    Desde los tiempos de la “justicia en la medida de lo posible” se nos ha  dicho que los responsables de nuestra precaria democracia eran los senadores designados –ya inexistentes- y el sistema binominal. Ellos impedían alcanzar las mayorías parlamentarias requeridas para lograr las transformaciones legislativas y constitucionales que dejen definitivamente en el pasado los anclajes heredados de la dictadura. En la práctica, éste sistema no afecta mayormente a los dos grandes conglomerados, pero sí menoscaba el surgimiento de nuevos actores y grupos políticos.

    El arbitrario sistema que regula la participación de los chilenos en los asuntos públicos contraviene el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como le hizo ver al Estado chileno el Comité de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2007, recomendando su modificación. Pero en el hecho, éste reparte en forma más o menos proporcional ganancias y pérdidas entre los dos binomios que monopolizan la escena política electoral: la Concertación de Partidos por la Democracia y la Alianza por Chile.  Por ende, no les afecta mayormente. La preocupación real es lo que ocurre con aquellos partidos y movimientos que no integran estos referentes y, peor aún, con quienes disputan un cargo de elección popular de forma independiente.  Pese a que el mismo artículo antes citado establece el derecho a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.
    El tema de fondo, al que evitan referirse los políticos “tradicionales”, es que más allá de lo que pueda implicar para la democracia el sistema binominal, se requiere  modificar con urgencia las leyes orgánicas constitucionales que rigen los distintos procesos eleccionarios. Sólo así se podría eliminar las desigualdades que existen en los requisitos exigidos para inscribir candidaturas independientes (a quienes se les exige el patrocinio de un 0,5 por ciento de los sufragantes en el distrito electoral o circunscripción a la que postula -municipal, parlamentaria o presidencial-, todo ello ante notario de forma personal y por parte de personas sin militancia), respecto de aquellos candidatos que permanecen bajo el alero de partidos políticos (y que son avalados con la sola presentación del listado al día de sus miembros, afiliados al menos dos meses antes de la declaración de inscripción). De esta forma se responderá tanto a estándares internacionales como a nuestra propia Constitución, que establecen la igualdad ante la ley como una garantía básica de un estado de derecho democrático.
    Esto es lo que explica esa fórmula poco entendida de candidatos que figuran como independientes, pero asociados a algún partido político. Una solución a la chilena para soslayar los mayores trámites y gastos excesivos en que deben incurrir quienes corren con color propio.  Pues no resulta una solución la conformación de nuevos partidos, dados los múltiples pre requisitos que exige la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos para constituirse como tales. Normativa que también debiera ser revisada, por lo demás, si es que la voluntad es potenciar una representación más amplia y diversa de las distintas visiones políticas, sociales y culturales existentes en Chile.
    INCONSISTENCIAS Y FRAGILIDADES
    A diferencia de lo que se presenta a nivel internacional como imagen país, Chile exhibe deficiencias básicas en el ejercicio del derecho a sufragio, como es el caso del voto de los chilenos en el exterior (establecido en un proyecto de ley que lleva más de una década esperando para ser aprobado en el congreso) y de las personas privadas de libertad (pero no condenadas) que se encuentran en las distintas cárceles nacionales, como ocurrió en la pasada elección presidencial en Argentina. Tampoco contamos con otros importantes avances alcanzados en buena parte de las restantes democracias de la región: como una Ley Revocatoria, que permita a los propios ciudadanos que han respaldado a un candidato con su voto, solicitar su dimisión por faltas graves a lo comprometido. La Cuenta Pública, que reemplace el discurso presidencial del 21 de mayo ante el Congreso, por un real informe de gestión del ejecutivo, para que deje de ser un mero repaso de los logros alcanzados y de rimbombantes anuncios. La Iniciativa Popular de Ley (que en Chile se tramita sin ningún avance en el parlamento, bajo el deslavado nombre de Proyecto de Iniciativa Ciudadana de Ley), y que posibilitaría tanto la propuesta de nuevas leyes como modificar leyes vigentes, por parte de los electores. El Ombusman o Defensor del Pueblo, presente en la gran mayoría de los países de América Latina, por citar algunos.
    Lo anterior, sumado al hecho de que la Ley de Participación, que se encuentra en manos del legislador, también sin avance, regula la conformación de organizaciones y fija la forma de acceder a los beneficios (recursos) establecidos por el Estado, pero poco ensancha o mejora los niveles de participación política en Chile.  Y hay que recordar que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ya en 1996, mediante Observación General (interpretación oficial de un derecho específico enumerado en un instrumento internacional), estableció que la libertad de expresión, de reunión y de asociación son condiciones esenciales para el ejercicio efectivo de la participación política y el derecho de voto y, por ende, deben protegerse plenamente.  Algo que claramente no ocurre en Chile.  Al contrario, han aumentado la represión policial, los seguimientos y las filmaciones de quienes se expresan de manera crítica a la gestión de gobierno; continúa sin ser derogado el decreto supremo promulgado por Pinochet a comienzo de los ochenta y que obliga a solicitar autorización ante las intendencias para manifestarse pacíficamente y son cada vez más frecuentes las prácticas antisindicales.

    NUEVOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS
    A pesar de las desiguales condiciones descritas para acceder a cargos públicos electivos, la debilidad democrática imperante en Chile y el desfavorable contexto para la participación, es evidente que en los últimos años se han intensificado las movilizaciones y el descontento social frente al modelo económico neoliberal y al sistema político impuestos. Insatisfacción que también afecta a la crisis de “gobernabilidad” que experimentan los partidos convencionales tanto a nivel interno como de cara a la ciudadanía, al no representar la voz y las expectativas de sectores permanentemente marginados del debate político.
    Por eso no son pocos los movimientos –algunos con larga trayectoria en luchas sociales- que comienzan a converger en proyectos políticos comunes para incidir en la agenda pública y que no descartan desde esta plataforma emancipatoria acceder a puestos en los gobiernos municipales, a escaños parlamentarios y en su momento, por qué no, levantar una candidatura presidencial alternativa que exprese esta alianza de clases, sectores, grupos y pueblos. La Surda, el Movimiento para la Democracia y la Justicia Social (MDJS), el Movimiento Autónomo por las Libertades (MAL), el Movimiento Nueva Izquierda, la Red de Acción por la Justicia Ambiental y Social (RAJAS) y el Movimiento Asamblea de los Pueblos (MAP) son sólo algunos de estos referentes. Su consigna es construir, desde las distintas experiencias locales y temáticas por las que bregan, un nuevo ideario político, apoyándose en las nuevas tecnologías de la información y en articular medios de comunicación popular y alternativos, para sociabilizar este discurso transformador, autonomista y libertario.
    En otra esquina de este descontento se encuentran quienes optan por la conformación de nuevos partidos políticos, debiendo tener representación en al menos ocho regiones, como el Partido Regionalista Independiente (PRI) y Chile Primero.  El PRI, tras un largo proceso iniciado en 2006, logró constituirse como partido, mientras que Chile Primero –liderado por el senador Fernando Flores y  Jorge Schaulsohn, ambos ex PPD- fue objetado por el Servicio Electoral (Servel) ante problemas en 509 fichas de sus militantes (de 40 mil obtenidas en todas las regiones).  Se le dio plazo “extraordinario” para corregirlas, pero los 45 días que tomaba su revisión hicieron que no pudieran llegar al 28 julio constituidos (fecha límite para la inscripción de candidatos para las municipales de octubre), por lo que acusaron al organismo “de desorden y falta de prolijidad en el proceso”.  Por ello se presentarán como independientes y, en algunos casos, en alianza con el (PRI).  Ello se suma al pacto “Por un Chile Limpio”, que ambos acordaron con el Partido Ecologista de Sara Larraín en Arica.
    Otro que decidió llevar candidatos como independientes, apoyados por partidos, al no alcanzar su legalización a más de un año y medio de presentadas las fichas de militantes al Servel, fue el partido Wallmapuwen.  El mismo diagnóstico: “hemos enfrentado una Ley de Partidos profundamente antidemocrática, heredada de la dictadura y que inhibe la participación ciudadana, al imponer requisitos legales y financieros no fáciles de resolver.  Así como la excesiva burocracia del Servicio Electoral, que lleva meses chequeando nuestros estatutos y escrituras públicas, incluso pidiendo el retiro de conceptos como ‘País Mapuche’ y ‘Autogobierno Mapuche’”, denuncia su presidente, Gustavo Quilaqueo.

    NUEVOS ROSTROS
    En un frío y siempre calculado intento por acercarse a la gente, tanto la Concertación como la Alianza han echado mano a actores y “personajes” de la farándula ofreciéndoles ser candidatos.  Con solo decir sí, pasan a formar parte del “privilegiado” mundo político.
    Pero hay también quienes se han presentado por motivación personal, para contribuir con sus propias diversidades a incorporar enfoques y miradas ausentes del discurso político.  Es el caso del destacado dramaturgo y sociólogo, Ramón Griffero quien, con una innovadora campaña por internet, buscó postular al sillón edilicio más disputado: la alcaldía de Santiago.  Para ello tuvo que recolectar 650 firmas de personas inscritas en la comuna y sin militancia. Dispuso dos notarias donde los adherentes pudieran entregar su respaldo, dado que ni la Municipalidad ni la Intendencia le concedieron permiso para recolectarlas en la vía pública.  Y es que, como señala, “en Chile es imposible que una candidatura ciudadana, absolutamente independiente, libre de compromisos de poder y que dé cuenta de un país distinto al que hoy aparece en los medios de comunicación, tenga viabilidad”.
    Distinto fue el caso de Fernando San Román, quien pudo inscribirse gracias a la adhesión alcanzada por su Movimiento “Tocopilla Vive” y a la importante labor comunicacional desarrollada a través de “El Polémico” (periódico alternativo, parte de una cooperativa de medios a lo largo del país).  San Román es hoy carta casi segura para derrocar al actual alcalde, Luis Moyano (según una encuesta encargada por un partido de la Concertación), demostrando que es posible construir un liderazgo desde la base social y derrocar la poderosa maquinaria de los partidos tradicionales.  Por cierto que producto de esta inequidad electoral hubo candidatos que tuvieron que abrazar la mano de los partidos, en especial cuando son voces silenciadas, como el candidato gay Carlos Sánchez (con los Humanistas).
    Es de esperar que en las próximas elecciones parlamentarias y presidencial no haya que recurrir a estrategias de pactos o sub-pactos para ejercer los derechos que tenemos todos quienes habitamos lo que desde hace casi 200 años se llama Chile.

    Por Paulina Acevedo

    Periodista, Diplomada en Derechos Humanos y Procesos de  Democratización.
    Coordinadora de Comunicaciones Observatorio Ciudadano.

    RECUADRO

    REQUISITOS PARA SER CANDIDATO A ALCALDE

    – Ser ciudadano con derecho a sufragio
    – Saber leer y escribir
    – Tener enseñanza media completa o su equivalente.
    – Tener residencia en la región a que pertenezca la respectiva comuna o agrupación de   comunas, según corresponda, a lo menos durante los últimos dos años anteriores a la   elección
    – Tener su situación militar al día
    – No estar afecto a alguna de las inhabilidades que establece la Ley Nº 18.695, Orgánica   Constitucional de Municipalidades.
    – No podrá ser alcalde ni concejal el que tuviere dependencia de sustancias o drogas      estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un         tratamiento médico. Entre otros.

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