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    1. Las constituciones, las asambleas constituyentes y los cuerpos jurídicos, en general, son expresiones de las relaciones de fuerzas existentes en una sociedad en un momento determinado. Es decir; no comportan el “espíritu” neutral de la justicia en términos idealistas, ni mucho menos, las cartas jurídicas fundamentales son hijas de la filosofía y están por sobre las relaciones materiales de una sociedad dada.

    2. Al igual que la radicalización política de los pueblos, y de Chile en particular -que cristalizará mañana en formas generalizadas de lucha popular y cuyo porvenir será sentenciado por su independencia de clase y contenidos socialistas (en su versión anticapitalista y antiimperialista al mismo tiempo)-, las constituciones políticas, y la “puesta de cabeza” y superación de la Constitución impuesta por la dictadura pinochetista en 1980, son siempre, un punto de llegada y no de partida.

    3. Resulta una antigua demanda de los sectores más auténticamente democráticos –quizás parida al día siguiente de la promulgación de la Constitución pinochetista- la convocatoria a una Asamblea Constituyente. En efecto, la Constitución de Pinochet fue impuesta por la minoría burguesa en la década de los 80 y su artífice fundamental, Jaime Guzmán (a cuya inauguración de su escultura-homenaje asistirá la presidenta Bachelet próximamente),es un inimitable articulado que salvaguarda los intereses irreductibles de la clase patronal, cuyas ramificaciones antipopulares se expresan en un Código del Trabajo a la talla del empresariado y contra la sindicalización; el valor supremo de la propiedad privada puesto a escala metafísica; y la imposibilidad de reconstruir de manera viable los viejos “tres tercios” que consideraba la Constitución de 1925, y que permitió, entre otros logros del Estado desarrolista extinguido durante la primera década de los 70, que Salvador Allende accediera al Ejecutivo.

    4. La Constitución del 80, en resumen, es la superestructura jurídico-política del régimen militar capitaneado por Pinochet y la burguesía en un momento de pleno aniquilamiento de las fuerzas populares y sus destacamentos políticos. En realidad, Jaime Guzmán fue hábil, pero no un genio: sólo aprovechó las inmejorables condiciones que le brindaba una dictadura militar para producir una Carta Magna a la medida del puñado de ricos que gobernaba entonces –y, en gran medida, todavía lo hace-.

    5. No deja de ser loable reivindicar una Asamblea Constituyente para construir una nueva Constitución. El enunciado jamás ha sido el problema. Lo realmente sustantivo es que si no se entiende que este empeño debe darse en condiciones de hegemonía de la clase trabajadora y el pueblo, parece que parte de la izquierda chilena continúa desconcentrada y presa de un relato propositivo de grandes rangos pro populares, pero incapaz de dibujar el camino básico, la táctica mínima para enfrentar la enorme acumulación de fuerzas que demanda, no sólo una nueva Constitución, sino, en general, el conjunto de luchas y sujetos para jaquear al capital reinante en Chile.

    6. La primera conclusión del Congreso de Derechos Humanos realizado hace poco más de un mes, indica la necesidad de diseñar una nueva Constitución que garantice los derechos fundamentales de las personas, como la salud, educación, techo, trabajo digno, reconocimiento de los pueblos originarios, la pluralidad sexual, el medioambiente, etc. Tal declaración ya comporta por sí sola un enorme avance de este sector de organizaciones que, producto de la estrategia de la pura judicialización de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, mantenía a este ámbito estrechado al micromundo de los familiares y un pequeño contingente de militantes históricos. Si bien, la propuesta de una Asamblea Constituyente de algún modo, politiza este sector extremadamente encapsulado hasta ahora y que jugó un papel relevante en la denuncia valiente bajo el pinochetismo, no es suficiente para reimpulsarlo y convertir sus acuerdos en algo parecido a un proyecto. Lo vital del Congreso fue, más bien, decidir colectivamente, poner sus tensiones y atenciones al servicio de las actuales luchas del pueblo. Nuevamente la Constitución democrática de las grandes mayorías nacionales se ubica como horizonte de sentido, como proceso que rima con la lucha de clases, camino que hace justicia a la causa socialista de los miles de asesinados durante el régimen militar. No como un punto de arranque.

    7. Las fuerzas de la izquierda chilena resultan “culturalmente” potentes, pero exiguas política y orgánicamente. La agenda impuesta por el bloque en el poder, inmediatamente electoraliza la lucha y organización popular de la izquierda tradicional y los resabios de los destacamentos políticos de inspiración revolucionaria. Pareciera que, en vez de observarse el parlamentarismo burgués como un aditamento significativo, pero no medular, en la construcción de la fuerza social capaz de poner en crisis el actual modelo, se convierte -por obra de matrices políticas correspondientes a un estadio de lucha de clases, a un país y a un mundo completamente distintos al actual- en un fetiche, en una reificación de la arena electoral super controlada por arriba. Considerando, por lo demás, el peso cada vez más relativo del poder legislativo en un Chile donde el Ministerio de Hacienda, el Banco Central y la Confederación de la Producción y el Comercio (gremio patronal) imponen realmente las reglas del juego. Naturalmente ninguna de estas instituciones están sometidas a escrutinio general.

    8. Es cierto; se puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Se puede advertir “tácticamente” a las elecciones ordenadas por la burguesía como una línea de propaganda, visibilización y denuncia del campo popular. Pero lo que resulta peligroso, y no hace más que fortalecer aún más a los que detentan el poder, es ubicar la lucha electoral como eje de la construcción y escenario sobredimensionado donde se resuelve la lucha de clases. Justo cuando hoy, más que nunca, circuitos populares están en pleno proceso de reconstitución, recién asoman la cabeza, vuelven paulatinamente a convertirse en sujeto.

    9. Si las elecciones fueran plenamente funcionales a los intereses del pueblo y los trabajadores, simplemente no existirían en Chile. La concepción de que no estar en el parlamento de los de arriba es sinónimo de marginalidad política, no visualiza lo realmente significativo. Lo que define la marginalidad política de las izquierdas es su escasa existencia en el campo de lucha de los trabajadores y el pueblo, construyendo la armadura de los pobres, orientando desde el seno del pueblo, apostando a las semillas futuras del poder popular. Tener uno o más diputados, uno o más alcaldes incluso (con los cuestionables resultados de gestión en aquellos municipios donde se ha llegado), deben ser piezas de un complejo dinámico de luchas sociales. Por sí solos resultan extraordinariamente insuficientes. Más allá de las nobles intenciones y los deseos.

    10. Se observa, en este plano, una confianza asociada a la nostalgia, al etapismo político, al camino colocado en cuestión por la historia de Chile del reformismo por parte de un segmento de las izquierdas chilenas. Es preciso instalar con fuerzas los horizontes políticos de los trabajadores y el pueblo –como el caso de construir una Constitución democrático popular, pero, por un tema económico-orgánico y político, lo urgente es potenciar las luchas cada vez de mayor tonelaje de los asalariados y el conjunto de rebeldías anticapitalistas, con centrales modos unitarios, privilegiando la organización por abajo –sin desdeñar la escasa presencia e influencia política alcanzable por arriba-. Es decir, es necesario subordinar la táctica por arriba, a las fuerzas reales –dinámicamente en crecimiento y disputa contra el capital, gradualmente politizándose-,a la organización del pueblo concreto. Parece más arsenalería política de museo la creencia de que las elecciones, por sí solas, dinamizan procesos de construcción popular. Desde el retorno a los gobiernos civiles en Chile esto no sólo no ha ocurrido, sino que fortalece el modelo, lo legitima, y la “izquierda dura” electoralmente ha ido de más a menos con los años.

    11. Con las actuales condiciones de fuerza, ni una nueva Constitución, ni la revolución social están a la orden del día en Chile. Lo que sí corresponde a una tarea ineludible de la militancia anticapitalista, es potenciar la organización popular en clave socialista y con independencia de clase, la unidad de todos aquellos cuyos intereses se contradicen al capital y la burguesía, y la convicción de golpear sistemáticamente a la minoría en el poder.

    12. En Venezuela, la Constitución Bolivariana significó un gran avance pro popular debido a que Chávez está en la presidencia, el momento de producirla encontró una oposición política muy debilitada, y la mayoría de las fuerzas armadas apoyan el proceso. Otro gallo canta en Bolivia donde, con Evo en el Ejecutivo y un vasto movimiento social a favor de las transformaciones antioligárquicas, la derecha ha sido capaz de boicotear violentamente la Asamblea Constituyente , restándose de su ejercicio y, en los hechos, deslegitimándola.

    13. Es correcta la demanda por una nueva Constitución política. Sin embargo, para llegar allí es preciso construir las fuerzas populares que la vuelvan acorde a sus intereses. De hecho, de establecerse una Asamblea Constituyente hoy, lo más probable es que se ratifiquen los contenidos de la imperante, se modifiquen aspectos adjetivos y todo quede “en donde lo dejamos”, tal cual ha ocurrido en todas las fórmulas del mal llamado “pacto social” vitoreado por arriba, el que, sin pueblo, reproduce las desigualdades estructurales en la salud, la previsión social, el trabajo, la educación y la salud. El punto clave es la correlación de fuerzas y no solamente lo correcto de nuestras propuestas y salidas políticas.

    Andrés Figueroa Cornejo

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