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    Complejos asuntos plagados de intereses económicos, geopolíticos, ideológico-culturales y hasta raciales que se disimulan y disfrazan de supuestos conflictos de protocolo y buenas costumbres, mientras unos medios de comunicación mediocres, tendenciosos, bizcos y neoliberalmente ideologizados hacen la vista gorda frente a aberraciones políticas y económicas evidentes que han multiplicado los efectos de un desastre natural previsible.


    Hasta el 11 de septiembre de 1973 los chilenos, a través del Estado chileno, éramos dueños del agua y de las empresas sanitarias, de la generación de electricidad y su distribución, de los teléfonos, de las telecomunicaciones y del 95% de la producción y refinación de cobre y del 85% de la Banca y el 100% de la Previsión Social.

    Hoy, después de 34 años compartidos por una dictadura y los administrativos y neoliberalizados gobiernos de la Concertación los teléfonos y la generación hidroeléctrica son de empresas españolas, el resto de la generación es privada o trasnacional, el 70% del cobre -que se exporta además sin refinar- está en manos de trasnacionales y un grupo económico chileno asociado a ellas y el resto de las telecomunicaciones también están privatizadas y trasnacionalizadas.

    El Estado de Chile controla hoy sólo el 10% de la Banca y dos o tres grandes bancos españoles más del 50% del mercado chileno bancario y previsional, que también fue privatizado por la dictadura en 1981 y acumula hoy US$100.000 millones de fondos sobre los cuales sus dueños -los trabajadores- no tienen control alguno, fondos que han sido claves en el brutal proceso de concentración de la propiedad y los ingresos en Chile.

    A pesar de que los dos últimos gobiernos concertacionistas -una alianza entre democristianos, liberales y socialdemócratas- han estado presididos por presidentes militantes del Partido Socialista (Lagos y Bachelet) el proceso de concentración económico ha sido brutal superando de lejos las cifras legadas por la dictadura de Pinochet y CIA.

    El economista Marcel Claude en su libro sobre el gobierno de Ricardo Lagos de 2006 entrega cifras demoledoras sobre esta evolución de la desigualdad en democracia: en 1990 la relación de ingresos entre el 5% más rico y el 5% más pobre era de 120 veces, el 2000 llegó a casi 200 veces y las cifras del 2006 indican que ya se acerca a 400 veces.

    Las cifras de la encuesta CASEN 2006, realizada a 73.000 hogares con un error de diseño muestral teórico de 0,4%, muestran que en diciembre de 2006 el 38,3% de la población no podía comprar una canasta básica de $74.083 (EU$ 105) per cápita. Con el alza durante el 2007 del 19% de esa canasta -diseñada por una fundación semi-oficial- y considerando que los ingresos de los deciles inferiores de ingreso han subido en sólo un 3% resulta que hoy el 45,2% de los chilenos no pueden comprar una canasta que ya cuesta EU$123. El gobierno de Bachelet se vanagloria de ha haber bajado la pobreza a un 13,7% pero la mide con una incompleta canasta básica diseñada en 1987 -durante la dictadura- de apenas $47.099 per cápita (EU$66).

    El error no ajustado (fraude) de la CASEN 2006 en materia de ingresos autónomos familiares fue del 37,31%, de acuerdo con las cifras de las Cuentas Nacionales del Banco Central 2003-2006, y se realizó en el 1% o máximo 2% de familias con ingresos más altos.

    En materia de desigualdad el MIDEPLAN de Bachelet -con la complicidad de tecnócratas militantes de la Concertación de un conocido OI (CEPAL) que hizo el trabajo de ajuste de ingresos de la encuesta CASEN 2006, de toda la prensa escrita diaria de circulación nacional, de la mayoría los políticos del duopolio co-gobernante y de los organismos de estudio de la Alianza de derecha y la Concertación- falsificó las cifras de ingresos del 1-2% de las familias más ricas con el objeto de simular que los índices de desigualdad estaba bajando. Según el gobierno Bachelet la relación 10/10 habría bajado de 35 a 31 desde el 2003 pero las cifras verdaderas muestran que esa relación, medida por individuos, había subido a 132,1 veces y por familias a 78,7 veces.

    Detrás de esas cifras de pobreza y desigualdad asociada se esconden también las gigantescas ganancias de las empresas, muchas de ellas conglomerados españoles como ENDESA, TELEFONICA, Banco Santander, MAPFRE, Banco BBV, que se han adueñado muchas áreas de la economía chilena.

    S.M. el Rey don Juan Carlos de Borbón y Parma posee una fortuna personal y familiar de unos EU$ 1.600 millones que en buena medida está invertida en esas empresas. Esto, más que la defensa puntual del Sr. Aznar, explican mejor su porque no te callas? dirigido contra el líder de un proceso revolucionario que pretende cambiar esas inequitativas realidades capitalistas neoliberales y globalizadoras.

    En cuanto al Sr. Aznar basta revisar su biografía de antiguo cachorro franquista de los 70´s, su actuación en lo de la guerra de Irak, su subordinada relación con Mr. Bush, sus mentiras en el atentado del 11 marzo de 2004 y sus actuaciones golpistas en Venezuela el 2002 y su rabioso y calumniador discurso anti Chávez para concordar en la dura calificación que el líder venezolano le dio durante la XVII Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile.

    Lo que queda meridianamente claro es el talante absolutamente colonizado, malincheano, malintencionado, arribista y servil de casi toda la prensa diaria y TV chilenas. La prensa española, sobre todo la gallega, vasca y catalana, fue mucho más pluralista, matizada y veraz que la chilena de derecha.

    La prensa diaria chilena de circulación nacional pertenece en un 99%, medida por la circulación, a dos grandes empresas -las pinochetizadas y neoliberales El Mercurio y COPESA- engordadas en dictadura con fondos estatales del Banco del Estado y desde 1990 subsidiadas con abundante publicidad por los gobiernos administrativos y subordinados de la Concertación de supuesta centro-izquierda.

    En la TV y radio no es muy distinto. De los 40 diarios regionales que hay en Chile el 70% pertenecen o están controlados por la empresa El Mercurio del Sr. Agustín Edwards, uno de los gestores -desde su exilio en los EEUU y con llegada directa a Nixon y Kissinger- del golpe cívico militar fascista-neoliberal de 1973.

    En este incidente venezolano-español la clase dirigente chilena, sus medios de comunicación y sus mayordomos, capataces y sirvientes se han revelado de cuerpo entero.

    Una muestra de las consecuencias criminales de las políticas salvajes de capitalismo neoliberal desreglado y entreguista que han seguido los gobiernos de la Concertación en materia de impuestos mineros lo da el terremoto de hace dos días en la zona norte e Chile.

    En el puerto minero de Tocopilla y en el campamento salitrero de María Elena, de la Región de Antofagasta en Chile y unos 1.600 kms. de Santiago, se han derrumbado o dañado más del 75% de las casas y de los establecimientos educacionales y de salud. Habrá que demoler y reconstruir unas 5.000 viviendas y dos docenas de edificios estatales y municipales. Se podría haber evitado todo eso con una actuación de los Ministerios de Salud, OOPP y Vivienda que habría costado apenas unos EU$150 millones. Pero no se hizo a pesar de que el peligro inminente de un terremoto en la zona es conocido desde hace más de 20 años.

    Esa zona minera y pesquera en los últimos diez años ha producido ganancias por unos EU$75.000 millones, que han salido de Chile en más de un 90%. Con apenas el 0,2% de esas ganancias exportadas se podría haber evitado una tragedia que hoy afecta a más de 20.000 chilenos pobres. No se trata de EU$150 millones regalados a esa familias -que hoy duermen a la intemperie o en carpas- sino de inversión estatal en viviendas que en un buen % habría sido prestada -y devuelta por las familias- y de inversión en instalaciones de educación y salud que habrían generado una gran rentabilidad social y económica en esas dos localidades hoy destruidas.

    Ningún medio de prensa, radio o TV se atrevió a formular alguna pregunta sobre esas graves omisiones de los últimos gobiernos a la presidenta Bachelet y sus ministros de OOPP, Vivienda y autoridades de Hacienda mientras recorrían la zona destruida el 15 de noviembre pasado catastrando los daños y formulando promesas de ayuda a los 50,000 damnificados.

    Juan Pablo Moreno

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