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    La “justicia” de Brasil sigue aplicando su guerra jurídica contra los exmandantarios Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y Dilma Rousseff (2011-2016). Ahora, un juez los imputó por su supuesta participación en una organización delictiva, en el ámbito de la Operación Lava Jato.

    Según el juez Vallisney Oliveira, de la Justicia del Distrito Federal de la nación, son sospechosos de “promover, constituir, financiar o integrar, personalmente o por persona interpuesta, una organización delictiva”.

    En su decisión, Olivera consideró “idónea y formalmente apta” la denuncia que presentó en septiembre de 2017 el entonces fiscal general, Rodrigo Janot, que acusó a la cúpula del Partido de los Trabajadores (PT) de desviar 1.480 millones de reales (casi 390 millones de dólares) de los cofres públicos con sobornos, reseñó Sputnik.

    A los expresidentes se les imputan “varios delitos contra la administración pública (entre ellos corrupción) y blanqueo de dinero”.

    También fueron procesados los exministros de Economía Antônio Palocci y Guido Mantega y el extesorero del PT João Vaccari Neto. Todos, igual que Lula, quien cumple una condena de 12 años y un mes, están presos por otros casos.

    A principios de noviembre, cuando el juez Sergio Moro aceptó la invitación a ser Ministro de Justicia del presidente electo, el ultraderechista Jair Bolsonaro, la defensa de Lula denunció que ese fichaje demostraba que el exmandatario fue “procesado, condenado y encarcelado sin que hubiera cometido un delito, con el claro objetivo de impedirlo políticamente”.

    “Es un lawfare (guerra jurídica) en su esencia, debido a que Lula sufre una intensa persecución política en medio del abuso y del mal uso de las leyes y procedimientos jurídicos”, manifestó el abogado Cristiano Zanin Martins, en esa ocasión.

    Moro fue quien encarceló a Lula en abril de este año por unos delitos que no han sido probados.

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