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    democraciaLa Unión.- Aunque en el municipio se quiere dar por finalizado el tema Áreas Verdes, los remezones parecen continuar.
    En reunión de concejo celebrada en Puerto Nuevo, en julio pasado, la alcaldesa Angélica Astudillo, ofuscada ante consulta al respecto del concejal DC, Orlando Soto, respondió enérgicamente: “El problema ya ha sido bastante tratado. En este momento se da término al tema”. Ante la consulta por parte de Soto de por qué motivo, Astudillo finalizó todo diálogo con un “porque yo soy la presidenta de esta comisión: Yo lo doy por terminado…”
    En esta misma reunión se exigió al periodista de El Ciudadano apagar su grabadora, lo que generó cierta polémica entre los concejales. Finalmente se estableció que, antes de grabar las sesiones, se solicite autorización unánime al concejo.

    La Respuesta de Contraloría
    A principios del mes de julio, la Contraloría Regional respondió la solicitud presentada por el concejal Soto, en la que éste exigía un pronunciamiento sobre la legalidad de los procesos de licitación de áreas verdes.
    El edil señala haber solicitado a dicha entidad aclarar varios puntos. Entre ellos, la boleta entregada por Daniel Uribe, el veterinario vencedor de la licitación, la que correspondía a un monto muy inferior al estipulado en las bases. Del mismo modo, se cuestionaba que la firma del contrato haya sido realizada fuera de plazo, ya que la licitación se llevó a cabo el 27 de abril y la transacción fue signada el 8 de junio.
    La Contraloría estimó que las modificaciones realizadas no concuerdan con las bases de las licitaciones, por lo que el trámite presentaría irregularidades y por lo tanto, no se ajustaría a derecho. Pero debido al hecho de que los contratos ya estarían suscritos, esta entidad fiscalizadora carece de atribuciones para invalidar el proceso.
    Orlando Soto señala haber pedido los antecedentes “el mismo día 27 de abril. Me dijeron que una vez que se firmaran los contratos iban a ser enviados los datos. Aún no me ha llegado nada. Otro tema es que las copias están firmadas por la alcaldesa subrogante. Imagínese la magnitud de un contrato de 231 millones en áreas verdes y la alcaldesa no lo firma.”
    La Contraloría también cuestiona y tilda de “improcedente” la intervención del asesor jurídico del municipio, Alex Salas, quien formaría parte de las comisiones de evaluación de las propuestas de las licitaciones mencionadas. Por ley, sólo puede orientar estos procesos, sin integrar las delegaciones.
    El concejal Soto va más allá. Quiere que se le de “la verdadera importancia al hecho de que la licitación, al ser realizada con tamañas irregularidades, no habría sido transparente y, por lo tanto, no permitió que todos los oferentes pudiesen ser justamente calificados para ella. Muchos compraron las bases y por falta de dinero para cubrir la boleta de garantía, ni siquiera postularon. No hubo igualdad para ellos”, finaliza el conocido peluquero unionino.

    El Municipio se defiende
    Sin embargo, la visión del municipio difiere totalmente. Ante consulta de El Ciudadano, la alcaldesa Astudillo afirmó que “todo esta bien hecho. Fui yo la que solicitó que esto se regularizara y se hizo. Cuando hay pequeños equívocos no es con mala fe. Queremos trabajar por el bien de la comuna y ojalá nos dejaran. Ante la consulta del origen del problema, sólo se remitió a decir “Conversa con mi abogado, si él habló contigo, date por satisfecho con eso….”
    Alex Salas indicó que “efectivamente, de Contraloría se dijo que había algunos procedimientos que no correspondían con lo que establecían las bases. Debo recalcar que esa presentación la hizo la alcaldesa, ningún concejal. Llegado el dictamen de la contraloría, la alcaldesa emitió de inmediato una orden de servicio donde dio 72 horas para que se cumpliera con lo establecido por las bases y los contratistas así lo hicieron. En estos momentos, las boletas de garantía son estrictamente sujetas a lo que decía en la bases. Cualquier denuncia es extemporánea y es infundada.”
    A su supuesta participación en la comisión, Salas le bajó el perfil: “Se puede leer en el decreto que yo jamás he formado parte de esa comisión, sino que simplemente efectué el asesoramiento de esta.”
    El Ciudadano, ejerciendo un derecho de todo chileno, consultó el acta de la sesión de Concejo Municipal número 41, del día 5 de julio. En el punto 2, que se refiere al tema áreas verdes, se transcribe la solicitud de información que realiza el concejal DC. Y es en este punto que Alex Salas indicó: “si hubo algún error en la ejecución de estos contratos y de los procedimientos para la entrega y valor de las boletas de garantía es culpa de él (Salas), básicamente por inexperiencia, pero no por mala fe o negligencia.” Soto enfatiza: “es inaceptable esta justificación de los errores por parte del abogado, ya que la municipalidad no es un lugar donde ir a practicar el derecho. ¿Cómo puede asesorar a la alcaldesa o al concejo una persona sin experiencia?”. El concejal Waldemar Sepúlveda, considera que la actitud de las autoridades municipales involucradas “es inaceptable y demuestra que los errores cometidos son de exclusiva responsabilidad de quienes rigen el municipio en estos momentos. Las comisiones, las unidades de control, la jefa de finanzas, todos deben responder.” Como puede apreciarse y pese a las afirmaciones en contrario, el tema aún parece lejos de acabar.

    ¿Centralismo Democrático?
    Más de un problema ha tenido con la Contraloría el gobierno comunal en ejercicio desde el mismo día (o antes) de asumir el cargo. Pero al parecer las repercusiones causadas por la investigación y denuncia de nuestro quincenario en el “caso Áreas Verdes” determinaron la definitiva “censura informativa” (tiempos ya superados…¿?) en el municipio de La Unión. El oficio Nº 628 del pasado 15 de julio enviado por la Alcaldesa María Angélica Astudillo a las “unidades municipales”, recuerda a los funcionarios la obligación de “guardar secreto en las materias que determina la ley” o cuando lo establezca la máxima autoridad comunal. Igualmente solicita “abstenerse de entregar a…personas ajenas al municipio, documentos contables o de otro carácter” y por último, “abstenerse de hacer comentarios ante terceras personas que comprometan los intereses municipales o cuestiones (debería decir “cuestionen”) públicamente las decisiones del Concejo Municipal”. Por lo tanto, toda información debe hoy solicitarse sólo a la Alcaldesa Astudillo, procedimiento que no puede dejar de recordarnos el verticalismo y la férrea protección de la información propia de regímenes de signo en apariencia muy opuesto al que hoy gobierna el país y la comuna.

    Equipo ciudadano

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