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    Una mirada joven a la situación actual de los derechos humanos es la que entrega Mariano Fernández Valle, profesor de Derecho Constitucional en las universidades de Buenos Aires y Palermo, e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Con El Ciudadano conversó además de la aplicación de las leyes de drogas, la televisación de algunos procesos judiciales y de una interesante experiencia de alfabetización legal en los suburbios de Buenos Aires.



    ¿Cómo graficarías la situación de los derechos humanos en América Latina?

    – Hay, por lo menos, una trayectoria doble. Por un lado encontramos todo el marco de abordaje del concepto de derechos humanos ligado al pasado autoritario y las consecuencias de las dictaduras militares que asolaron el hemisferio. Por otro lado, se ve el desarrollo de temas propios de la democratización, la superación de situaciones de exclusión histórica, de discriminación y marginación, de satisfacción de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; cosas que ya no tienen que ver exclusivamente con el terrorismo de Estado o con conflictos armados, sino con situaciones que ocurren a la vuelta de la esquina en cualquier estado “democrático”. No obstante, estos compartimentos no son estancos y se entrecruzan constantemente.

    En Buenos Aires trabajaste en los suburbios haciendo alfabetización jurídica ¿Cuéntanos de qué se trató esa experiencia?

    – Entre otras cosas, allá trabajaba como investigador en programas de políticas públicas de justicia, en una Fundación llamada CIPPEC. Estos programas tenían un fuerte énfasis en temas de “acceso a la justicia” de sectores económica y socialmente desaventajados. Dentro de éstos era común hacer cursos de alfabetización jurídica, que consistían en viajar a comunidades alejadas de los núcleos urbanos para capacitarlas en temas de derechos humanos, para explicarles las leyes y derechos existentes y las mecánicas institucionales o para – institucionales diseñadas para hacerlos valer. Es decir, darles herramientas para que traduzcan las situaciones de precariedad cotidiana en términos de derechos humanos exigibles ante el estado y los particulares.

    ¿Cómo fue la respuesta?

    – Muy buena, aunque siempre hay quienes no creen eso y tienen la sensación de que vendemos cuentos que nunca vieron ni verán. Pero, por otro lado, había quienes tenían una mirada más esperanzadora. Personas que creen en la posibilidad de cambio y que se animan al conocer las herramientas existentes para superar las situaciones que vivimos. A la larga fue efectivo, e incluso los más escépticos, terminaron liderando procesos de empoderamiento. Hicimos cursos para hombres y mujeres, líderes barriales y de comunidades; estudiantes y profesores de escuelas; abogados y profesionales no relacionados con temas de derechos humanos; etcétera. La idea era organizar a la demanda de derechos (las víctimas) y juntarla con la oferta de derechos (las instituciones).

    FALLO EN LA TELE

    ¿Qué te parece el fenómeno reciente de televisación de los procesos judiciales que termina generando un juicio en tribunales y otro posterior en los noticiarios de televisión? La semana pasado los jueces garantistas eran los acusados.

    – Tal situación es positiva al romper con la idea de que el juez tiene que hacer justicia sólo en su despacho y con sus libros, ajeno al mundo que lo rodea. Soy imparcial si no me involucro, dice esa máxima. La televisación obliga a los jueces con la ciudadanía, al ser observados por ella. Por favor, si las sentencias de los jueces ni siquiera se entienden. Eso vulnera cualquier principio de legalidad, yo necesito saber cuáles son los derechos, cuáles son las leyes y porqué los jueces razonan como razonan. Hoy los jueces deben acercarse un poco más a la comunidad y abandonar la idea de que sólo hablan a través de sus sentencias. Claro que también la responsabilidad compete a los medios de comunicación, que en vez de forzar este acercamiento lo dificultan a partir de una inadecuada transmisión de la labor judicial.

    Pero la televisación también ha provocado juicios gratuitos y tergiversadores de opinión pública, como lo dicho hace unas semanas en un noticiario nocturno por un Senador, quien señalaba que fueron muchos los procesos judiciales que terminaron en libertad de los acusados por errores policiales en los procedimientos y que esos acusados bien podrían ser más delincuentes en las calles.

    – No he escuchado los dichos del Senador, así que mal podría opinar sobre ellos. No obstante, ese es un discurso común y generalizado. Creo que mucha gente no tiene muy claro que significa el garantismo, más allá de que luego enfáticamente lo combata. Y los medios de comunicación tienen una importante responsabilidad cívica en esto. Tienen que criticar, pero también tienen que explicar. Si los principios liberales y garantistas fueran bien explicados a la opinión pública, probablemente ésta los abrazaría. Todos deberíamos festejar que el Estado o la policía no tengan permitido hacer una serie de cosas. Si se aceptaran mayores niveles de intervención penal o policial, las consecuencias serían mucho peores a las garantías de hoy (que, obviamente, nada tienen de perfectas). Después de años de dictadura deberíamos tenerlo claro. Muchas personas creen que “a ellas nunca les va a tocar”, que el Estado nunca caerá sobre sus cabezas. A ellas les diría dos cosas: una es que efectivamente “sí les va a tocar”, aunque aparentemente siempre les toque a los mismos, y otra es que “aún si no les toca, no es correcto que a otros injustamente les toque”. Entonces, este discurso alentado por muchos sectores me parece desafortunado y para la galería. Si yo fuera acusado injustamente por el Estado, querría la mayor de las protecciones, querría toda posibilidad de demostrar que no hice nada y querría que el Estado esté obligado a probar sin margen de duda mi culpabilidad. Usted querría lo mismo y la vecina de enfrente también. Entonces, todos somos garantistas, lo que pasa es que muchos no ejercen.

    LEY DE DROGAS

    Es curioso pero, por ejemplo, en términos de intervención penal las leyes de drogas suelen tener a las víctimas como victimarios.

    – Es que se hicieron a partir de tesis de peligro abstracto, esta idea de estar castigando por un bien que eventualmente puede estar en peligro, pero que no está actualmente en peligro o no se sabe si realmente está en peligro. Es contra-intuitivo tener una herramienta del derecho penal para combatir riesgos que cuesta definir con precisión, como por ejemplo la “salud pública” en el caso de las drogas.

    Ocurre que hay una ficción social instalada, ya no es una sustancia con determinados efectos sobre el ánimo, es “la droga”. Hay un tabú operando.

    – Siempre depende del argumento que el Estado utilice para castigar un delito. Si yo castigo a alguien porque tiene drogas para consumo personal sobre la base de que se está “degradando como persona”, bien podrían decirme que es pésimo argumento. Al Estado no le debiera interesar en lo más mínimo lo que cada persona define como plan de vida, no tiene que meterse para definir lo que es una “vida virtuosa”. El Estado no sabe que es la virtud para cada uno de nosotros.

    Por otro lado, si el Estado castiga para “cuidarme”, también es complicado. Esta idea paternalista, que pretende protegernos de nuestras malas decisiones, es sumamente cuestionable. ¿Cómo el Estado sabe lo que es mejor para mí? A un Estado que me castiga para cuidarme yo le diría: “le agradezco mucho, pero mejor me cuido solo”. No sé. Por otro lado se argumenta que se penaliza este tipo de conductas porque son un peligro para terceros, siendo común el argumento de que la gente se droga para salir a robar. O que aquellas personas que se drogan pueden ocasionar daños que no ocasionarían de otra forma. La pregunta es si ese daño a terceros existe realmente. Y yo creo que no puede establecerse en “abstracto”. La pregunta que debieran hacerse los jueces es si hay alguien en peligro concreto, porque es ese el estándar a utilizar. De lo contrario, esta acción queda en la esfera privada de uno. Sólo cuando hay un daño real, medular y concreto a terceros, la acción pasa a la esfera pública y el Estado puede intervenir sobre ella, desalentando e incluso castigando.

    Chile tiene el porcentaje de consumo de cáñamo más alto de Latinoamérica superando el 7% de la población. ¿No es peligrosa la existencia de una ley que penalice las conductas de casi uno de cada diez chilenos?

    – Si esa conducta no ocasiona ningún daño concreto a nadie, no creo que exista una razón para criminalizarla. Me parece problemático que el Estado, para desalentar una conducta, utilice la peor herramienta que tiene a su alcance, el ejercicio de violencia más extrema: el derecho penal. Entonces si es un 5, un 7 ó un 20 por ciento de la población, en realidad no importa. Es problemática la existencia de una ley que penalice una conducta que no se sabe bien que daños genera en terceras personas.

    ¿No es dañino también para la convivencia democrática que casi uno de cada diez habitantes esté obligado a vulnerar constantemente la ley?

    – Nadie está obligado a violar la ley. Que se viole es otra historia. No obstante, que una buena parte de la población haga caso omiso a una ley es un argumento más para revisar su existencia. Obviamente, tener una ley que nadie perciba como justa y que un porcentaje importante no cumpla es un déficit importante. Se está validando una situación donde hay una desobediencia y una ley en la que nadie cree. Pero creo que esto está íntimamente ligado al hecho de que es una ley que trata de meterse en prácticas dónde las personas sienten que la ley no tiene mucho que hacer.

    Y tenemos a la policía preocupada de si alguien se mete una pastilla en su cuerpo…

    – Creo que muchos otros sectores, antes que la policía, deberían interesarse en eso. Puede ser muy problemático que una persona se meta una pastilla en su cuerpo. Pero llamaría a la policía y a los jueces en último lugar para resolverlo. Vuelvo a lo mismo, lo interesante es porqué y para qué el Estado interviene y no tanto el tipo de acción que el Estado interviene. Eso es bastante difícil de justificar, sobre todo si termina llevando a alguien a la cárcel, como ocurre en Argentina, en donde efectivamente alguien puede ir preso por meterse una pastilla en la boca. ¿De qué forma la cárcel podría mejorar la situación de esa persona?

    SOCIEDAD CIVIL

    ¿Qué áreas de los Derechos Humanos consideras que habría que profundizar en Chile?

    – Veo que en Chile hay un desarrollo de la sociedad civil más reciente e incipiente que en otros países. Habría que revisar los incentivos que el Estado chileno ofrece para fomentar la existencia de esta sociedad civil. Si es fácil organizarse, el nivel de participación posiblemente aumente. No creo que seamos participativos o no participativos por naturaleza, sino que está condición está asociada a las posibilidades estructurales que nos rodean. La sociedad civil debe participar, no debe ser excluida. Creo que Chile tiene una democracia más representativa que participativa, y eso es una lástima.

    ¿Faltan espacios de participación?

    – Es más común en Argentina que la sociedad civil intervenga respecto a la discusión de la cosa pública. Acá el reconocimiento constitucional de ciertos derechos humanos y mecánicas de participación es precario, y tampoco existen garantías adecuadas capaces de hacerlos valer. En Chile no abundan las herramientas legales aptas para exigir determinados derechos. Eso debería sumarse a otras cuestiones, como la urgente revisión del sistema electoral que existe, la gobernabilidad establecida a partir de pactos entre partidos políticos históricos, los obstáculos para la participación política de las mujeres, entre otras cosas.

    Finalmente, cuéntanos acerca de lo que incluye el Anuario de Derechos Humanos, recientemente editado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad.

    – Se intentó hacer una especie de paneo general acerca de qué temas están en la agenda pública respecto de derechos humanos, tanto en Chile como en la Región. La publicación pretende acercar nuevas y diversas miradas académicas sobre estos aspectos, en un ambiente de pluralismo y respeto. Busca posicionar temas y juntar a autoras y autores de diferentes latitudes. Esto varía cada año, aunque hay patrones constantes, como los temas de exclusión, discriminación contra grupos desaventajados como mujeres, migrantes o personas no heterosexuales. Si bien la situación de derechos humanos de estos grupos mejora en alguna medida, no deja de percibirse que la situación de exclusión estructural va a continuar un buen tiempo. Esta discriminación pasa por una distribución de poder político y económico sumamente asimétrica y desigual. Dar ese poder a quienes no lo tienen, lo que en parte implica sacárselo a quienes lo tienen, es un trabajo de largo aliento.

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