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    Las cancillerías de Paraguay, Argentina y Brasil exigieron al gobierno de Nicolás Maduro que adecue toda su normativa a las reglas del Mercado Común del Sur (Mercosur) si quiere permanecer en sus filas. Si no es así, según informaron varios medios, el próximo 1 de diciembre, Venezuela  podría ser suspendida temporalmente de la alianza hasta que no tenga sus leyes ajustadas.

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    En una declaración conjunta relativa al funcionamiento del Mercosur y el Protocolo de adhesión de Venezuela al bloque, los países firmantes -no lo acordaron ni Uruguay ni Bolivia, que está en proceso de adhesión- decidieron “otorgar un plazo complementario a fin de que la República Bolivariana de Venezuela de cumplimiento a las obligaciones asumidas en su Protocolo de Adhesión al Mercosur”.

    Según los tres países, desde que Venezuela se sumó al Mercosur en 2013, adecuó menos del 30% de la normativa de su país a las reglas del bloque en todo lo relativo al comercio, la política de energía, infraestructura, política de derechos humanos y defensa, entre otras cosas.

    Es muy poco probable que Venezuela logre de aquí a fin de año ajustarse a las normas del Mercosur, ya que debería aprobar en su Asamblea Nacional, de mayoría opositora, al menos 300 leyes y 40 tratados internacionales para adecuarse definitivamente al organismo regional.

    La canciller venezolana condena y rechaza la declaración

    La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, condenó de manera categórica el comunicado de los gobiernos de Argentina, Paraguay y Brasil, en contra del ejecutivo venezolano.

    Por medio de su cuenta Twitter, la responsable de la diplomacia venezolana señaló que su gobierno, como presidente pro tempore de la organización regional, rechaza la declaración de la llamada triple alianza (Argentina, Brasil y Paraguay) y aseguró que la declaración vulnera la legalidad del organismo.

    En otro mensaje, Rodríguez recordó que las decisiones dentro del Mercosur se toman por consenso, respetando sus normas  y añadió que con esta acción se busca la destrucción de la organización por via de artimañas jurídicas.

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