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    Un grupo de ciudadanos ajenos al poder político lanzó por la red la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente que culmine con una nueva Carta Magna. A la fecha se han sumado muchos y se preparan ya actividades para su difusión. Argumentos sobran: la nula validez de una Constitución promulgada en dictadura, la escasa y cada vez mayor apatía por un sistema representativo que te amenaza con cárcel para que votes, o el simple hecho de que a la clase política le gusta gobernar así.



    A diferencia de otras constituciones del continente, en la norma fundamental que rige Chile conceptos como derechos humanos, participación social o multiculturalismo no existen o están muy acotados. Sí aparecen a cada línea ideas como deber, seguridad nacional u obligaciones. No se le puede pedir más si fue firmada por Pinochet y cada modificación posterior ha debido ser consensuada con sus herederos políticos.

    Esta situación provocó que un grupo de actores de bases sociales, académicos, intelectuales y organizaciones generaran un movimiento ciudadano que apunta a instalar una Asamblea Constituyente que permita la redacción de una nueva carta fundamental, “donde se garanticen los derechos humanos, económicos y sociales, restableciendo la soberanía nacional al pueblo de Chile”, según señalan.

    REFORMAS CONSENSUADAS

    La Constitución de 1980 fue elaborada por civiles adictos a Pinochet y poco antes de que éste abandonase el poder, sus seguidores políticos y la Concertación negociaron algunas reformas. Durante los 17 años posteriores se han aprobado 13 reformas constitucionales parciales y una ley interpretativa de la Disposición Transitoria 33.

    La principal reforma fue en 1989. Juan Enrique Prieto, abogado humanista y participante de la redacción de aquella, cuenta que “una vez establecido el gobierno de Aylwin, a los dos años los humanistas nos desconcertamos por el rumbo que la coalición en el poder iba tomando. En 1992 nos fuimos a despedir de Patricio Aylwin en La Moneda y notamos el espíritu que lo animaba, expresado luego en su frase `todo en la medida de lo posible`. Allí nos quedó en evidencia la fuerza del modelo que seduce con el dinero y el prestigio, dando poder y que termina por cambiar la forma de pensar, que debe justificarse ante si mismo, en primer lugar y ante sus seguidores después”.

    Años después, el presidente Lagos, meses antes de dejar el cargo, agregó su firma a un texto plebiscitado sin garantías ciudadanas y complementado por leyes de una junta militar. El hecho significó para Prieto “la caída de la máscara. Unos y otros, liberales y social demócratas, creen de veras la idea que sólo ellos, y nada más que ellos, pueden gobernar. Es la evidencia del continuismo en la administración, simbolizada en que esa constitución de consumidores, que hizo el gobierno militar a su medida, ahora está avalada por el líder de la socialdemocracia”.
    A juicio del ex candidato presidencial Tomás Hirsch el gesto de Lagos “fue una burda maniobra pretender engañar al país poniendo su firma en vez de la de Pinochet. Una constitución es válida luego de un proceso de Asamblea Constituyente, en donde los distintos sectores sociales estén representados y eso jamás estuvo en los cálculos de Lagos. Su modificación cosmética jamás fue plebiscitada”.

    LLAMADO MULTISECTORIAL

    A la convocatoria por una Asamblea Constituyente se han sumado distintos actores sociales, entre los cuales firman el ex ministro Jacques Chonchol, el sociólogo Tomás Moulián, el ex juez Juan Guzmán, el dirigente de la CUT Etiel Moraga, el economista Orlando Caputo y el presidente de la Fech, Giorgio Boccardo, quien comentó a
    El Ciudadano que “la actual constitución no responde a la sociedad chilena post dictadura, lo que hace indispensable generar otra, de acuerdo a las necesidades del pueblo. Cualquier proyecto de desarrollo para el país que quiera mejorar el desequilibrio social y la distribución de la riqueza va a chocar con la institucionalidad pinochetista, que ha asegurado un falso consenso y estabilidad a un costo social altísimo”.

    “Seguimos teniendo una constitución absolutamente antidemocrática, creada a la medida de un dictador, aprobada en condiciones irregulares y con párrafos claramente antidemocráticos – comenta Hirsch- además, no garantiza derechos humanos fundamentales como la salud, una buena educación, el vivir en un ambiente no contaminado o el derecho a participar en las decisiones locales; lo que sí enfatiza en forma desmedida es el valor de la propiedad”.

    Felipe Portales, sociólogo y militante DC, añade que “se requiere una nueva constitución democrática; si bien ha habido cambios significativos a la instaurada por Pinochet, sigue aún vigente su obra y es irreformable sin el apoyo de la derecha. Desde el punto de vista de la doctrina democrática aún somos una democracia tutelada”.

    Guillermo Teillier, secretario general del Partido Comunista, agrega que “es una pelea que los comunistas hemos dando desde la época de la dictadura. Aunque creemos que en estos momentos las condiciones no están dadas, ya sea por la escasa participación ciudadana y el desinterés de la clase política institucional. Lo que debemos hacer es salir a explicar a la gente de qué se trata y hacer conciencia porque muchos no tienen idea que significado tiene”.

    LA EXPERIENCIA COLOMBIANA

    Los procesos sociales que hoy ocurren en Bolivia, Venezuela y Ecuador no se hubiesen desarrollado sin el proceso de una Asamblea Constituyente, aunque la experiencia de Colombia se asemeja más a la situación que hoy vive Chile.

    Frente a una prolongada crisis política y social incapaz de ser superada por la clase gobernante, las federaciones estudiantiles colombianas llamaron para incluir en las elecciones del 11 de marzo de 1990, una séptima papeleta solicitando convocar a Asamblea Constituyente. Aunque el voto no fue aceptado legalmente, se contó de manera extraoficial y la Corte Suprema tuvo que reconocer la voluntad del 86.6% de los electores que pidieron una nueva carta magna. Diez meses más tarde se eligieron los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, instancia que terminó promulgando la Constitución de 1991, reconocida como una de las más democráticas del mundo.

    El abogado Roberto Garretón, uno de los firmantes pro asamblea en Chile, ha llamado a usar el derecho a rayar el voto en las próximas elecciones municipales pidiendo dicha instancia constituyente. “La idea es que se vea que el pueblo chileno no quiere una Constitución impuesta en Estado de Sitio, a la fuerza, sin registros electorales, sin ninguna participación democrática”, sostiene.

    DEMOCRACIA PROTEGIDA

    La actual Constitución Política de Chile estableció un Consejo de Seguridad Nacional con decisión política y mayoría militar por sobre las autoridades electas democráticamente y un parlamento en el cual sólo participan las dos más altas mayorías electorales; generando, en definitiva, una “democracia protegida”, según la llamaron sus creadores.

    “Creímos ingenuamente que en la dirigencia concertacionista había convicción –añade Hirsch- y con el paso de los años fue evidente que no había voluntad, cosa que los ingenieros de la Concertación tenían claro hace rato. Pese a que ahora hay caras distintas, la verdad es que la dirección sigue siendo la misma. Hace rato que dejaron de ser un proyecto político y se transformaron en sociedad anónima con accionistas y directorio, sin un proyecto político claro”.
    Sergio Aguiló, diputado PS, respalda el llamado, “pero debo reconocer que al interior de la Concertación hay un grupo de poder que está de acuerdo con la actual institucionalidad y piensan más con una lógica de realismo político. Es más, en las reuniones de los partidos concertacionistas no se ha conversado formalmente de esto. Aunque lo comparto, no he firmado el llamamiento porque pide anular el voto en las próximas elecciones, lo que sería un suicidio político”, comenta.

    A juicio de Orlando Caputo, economista y Gerente General de Codelco en el gobierno de Allende, ésta es “una gran iniciativa y, a diferencia de otras convocatorias hechas todos estos años por la izquierda, creo que su transversalidad, su planteamiento a nivel de adhesiones individuales y no sectario constituyen su fuerza. Creo que el sistema institucional y los partidos políticos están profitando de la constitución pinochetista. Es difícil que de ellos provenga un cambio”.

    Aunque también se manifiesta escéptico en llamar a rayar los votos en la próxima elección, prefiriendo convocar a recoger firmas, Portales acusa que la Concertación “se ha acomodado al neoliberalismo de tal forma que uno de los fundadores de la Escuela de Chicago, Arnold Harberger, llegó a sostener hace poco que le daba gusto escuchar a Ricardo Lagos hablar con las mismas palabras que un economista liberal. Esto da cuenta del extremo al que han llegado las elites de la Concertación”.

    Prieto acusa “la necesidad de perfeccionar la democracia para que sea real y no meramente formal, nos pone en la disyuntiva de avanzar con una institucionalidad desde la actual etapa de desarrollo, como parecen pensar los seguidores del neoliberalismo y la socialdemocracia, o darnos una nueva que recoja las necesidades de justicia y equidad en una sociedad integrada por seres humanos y no por productores y consumidores”.

    Según Teillier, una nueva constitución debiera consignar la recuperación de la soberanía económica, como la explotación del cobre y otros recursos básicos; democratizar la institucionalidad del país, estableciéndola sobre la base de la voluntad popular; garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos y a los de los trabajadores; el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y cambiar la cláusula que hoy impide que el Estado pueda ser empresario”.

    La propuesta está abierta
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    + info:
    Ponga su firma en: www.asambleaconstituyente.cl
    Sorpréndase con las constituciones de otros países:
    www.constitucion.es/otras_constituciones

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