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    Si el Gobierno de Uruguay concede asilo político al expresidente peruano Alan García (2006-2011) estaría aceptando que en Perú no hay estado de derecho y existe persecución política, dijo este lunes el constitucionalista Víctor García Toma a la agencia Sputnik.

    “Uruguay podría entender que en Perú no se están dando las garantías de un proceso justo y existe persecución política, lo que podría extenderse eventualmente a otros casos (de investigados) que indicarían que para Uruguay no existe estado de derecho en Perú”, argumentó el catedrático de la Universidad de Lima.

    Sin embargo, subrayó que esto únicamente se podrá inferir de la decisión del Gobierno uruguayo sobre la solicitud de asilo, pues las resoluciones para estos pedidos se refieren sólo al caso concreto del solicitante y nunca se manifiestan sobre otros asuntos.

    El expresidente peruano se refugió en la residencia del embajador de Uruguay en Lima con la intención de solicitar asilo, pues considera que es víctima de persecución política por la investigación que se le sigue por presuntos sobornos recibidos de la empresa Odebrecht durante su mandato.

    Convención sobre Asilo Diplomático

    El exmandatario busca ampararse en la figura del asilo en base a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual son firmantes Perú y Uruguay.

    En caso de que Montevideo decida otorgar el asilo político, el Estado peruano estará obligado a otorgar el salvoconducto respectivo para que el exmandatario abandone el país.

    “Perú no debería negarse a otorgar el salvoconducto para evitar que se cumpla con el asilo por estar obligado, como firmante del tratado, a cumplir con eso”, afirma García Toma.

    Sin embargo, el experto sostiene que Perú “podría negarse dentro de una situación indeseada”, que tendría que resolverse en un proceso en el que el Uruguay tendría que “hacer valer su competencia” ante la Corte Internacional de La Haya.

    El caso de Alan García

    Alan García es investigado por la Fiscalía de Perú por haber recibido, presuntamente, cerca de ocho millones de dólares de la empresa Odebrecht como sobornos por la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, obra ejecutada durante su mandato.

    Asimismo, se le imputa el presunto delito de lavado de activos al haber recibido fuertes sumas de dinero por conferencias dictadas en Brasil en 2012. Estas conferencias serían actividades de fachada para “blanquear” dinero ilícito.

    Fiscalía de Perú imputa al expresidente Alan García por lavado de activos

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