Sinsabores del primer año de Gobierno de Bachelet

pmoralesSin duda que hace tan solo un año, nadie hubiese imaginado que doce meses después, la mayoría de los chilenos, específicamente el 52% según la encuesta Adimark, desaprobaría la forma en cómo Michelle Bachelet ha conducido su gobierno.

Tampoco era imaginable pronosticar que dos de las principales propuestas de su campaña, reforma educacional y reforma tributaria, aumentarían progresiva y sucesivamente sus niveles de rechazo.

El análisis del primer año de gobierno debe necesariamente realizarse desde una perspectiva política y técnica, dos variables que mal conjugadas pueden ser determinantes en el fracaso de una gestión gubernamental. El actual gobierno decidió partir la ejecución de su programa por la reforma tributaria. La forma en cómo se redactó el proyecto, el ninguneo hacia los parlamentarios de la propia Nueva Mayoría, la falta de muñeca política del Ministro de Hacienda, la poca voluntad de abrir el debate y sobre todo, el terminar “cocinando” una reforma en la casa de un ex Ministro de Sebastian Piñera, demostraron lo que a esas alturas era más que un rumor de pasillo, el débil manejo político de algunos ministros claves para la gestión de Bachelet, la escaza coordinación entre el Ejecutivo y la Nueva Mayoría, así como la falta de cohesión al interior de la coalición que sucedió a la Concertación. A esto se sumó una reforma educacional que careció de toda planificación, sin que se entendiese a la fecha el diseño global, final, al cual aspira el actual Gobierno. No cabe duda que el impulso reformador está y que Michelle Bachelet se ha esforzado por legislar en materias que producen urticaria, no solo en la Alianza sino que en su propia coalición. Pero este primer año de gobierno sembró muchas dudas sobre la real preparación del programa de gobierno y la capacidad política del Gabinete para llevar a cabo sus ambiciones.

A su vez, el Gobierno ha debido enfrentar una de los peores crisis al interior de la política chilena, situación que no hace más que confirmar la debilidad institucional política del país, entendiendo por ello la falta de legitimidad social de nuestros representantes, la poca credibilidad de las instituciones y el fin del mito según el cual en Chile: “estas cosas no pasan”. El llamado caso Penta y Caval demuestran la relación incestuosa entre el mundo financiero y la política en Chile. Pero sobretodo, genera un daño sin proporciones a la legitimidad de quienes están llamados a representar la ciudadanía y no a los interés económicos de turnos.

Por lo mismo, el año 2015, Bachelet tiene la oportunidad de demostrar su convicción y compromiso con lo propuesto en su programa y de proponer una agenda amplia en materia de innovación, competitividad y crecimiento. A su vez, tiene la oportunidad de hacer historia, promoviendo reformas políticas que busquen transparentar la relación entre el dinero y la política, así como reconstruir la confianza entre las instituciones y la ciudadanía, abriendo la discusión constitucional, vía plebiscito.

Si bien las encuestas son móviles y los escenarios políticos cambiantes, estas reformas son urgentes porque de ellas depende la calidad de nuestra Democracia y el dialogo entre ciudadanía y Gobierno.

 

Por Patricia Morales Errázuriz
Presidenta del Partido Progresista

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