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    “Los presos mapuches son personas que buscaron la manera de solucionar las cosas de una manera que no es la democrática ni la pacífica. Cometieron delitos, incendiaron propiedades”, argumentó la Mandataria en la segunda jornada de su primera visita de Estado a Suiza, durante una conferencia de prensa junto a la presidenta helvética, Micheline Calmy-Rey. A través de cartas, organismos sociales europeos emplazaron a la primer mandataria por la situación mapuche.


    SUIZA / La Presidenta Michelle Bachelet aseguró el pasado fin de semana en Suiza que “en Europa hay una mirada equivocada” sobre la situación de los numerosos presos mapuches que en hay en la zona centro-sur de Chile, señalando que “no son prisioneros políticos” sino personas que han “cometido delitos”. “Yo he sido una presa política y sé lo que es eso”, subrayó la Presidenta, al remarcar que “nosotros no tenemos prisioneros políticos en Chile”.

    “Los presos mapuches son personas que buscaron la manera de solucionar las cosas de una manera que no es la democrática ni la pacífica. Cometieron delitos, incendiaron propiedades”, argumentó la Mandataria en la segunda jornada de su primera visita de Estado a Suiza, durante una conferencia de prensa junto a la presidenta helvética, Micheline Calmy-Rey.

    Luego de haber iniciado su gira presidencial el martes en Helsinki, Finlandia, Bachelet se dirigió a Oslo, Noruega y este viernes a Suiza, en un recorrido que “responde a invitaciones de los respectivos presidentes o primeros ministros, pero también a las excelentes relaciones históricas que hemos tenido con los tres países y a las perspectivas comunes que compartimos en distintas áreas”, asentó la presidenta chilena antes de iniciar un periplo europeo no exento de contra manifestaciones y emplazamientos por la situación mapuche.

    Denuncian control policial

    En el Hotel Intercontinental de Ginebra y mientras sostenía una reunión con un grupo de chilenos invitados por la Embajada en Suiza, la primer mandataria recibió formalmente una carta firmada por la Defensoría Internacional de los Derechos de los Pueblos (DIDEPU), la Asociación Tierra y Libertad para Arauco, la Asociación Pueblo y la Federación Sindical Mundial – Región América, entre otras instancias sociales europeas y sudamericanas, “concientes de los graves problemas de violación de los derechos humanos que existen en Chile y de la represión sistemática del Estado chileno contra el Pueblo Mapuche”, según manifestaron en la misiva.

    “Su visita a Suiza con la cual se pretende demostrar y vanagloriar los avances del Estado chileno en materia de derechos humanos, nos conlleva a una reacción de preocupación, decepción e indignación”, señalaron las organizaciones, esto debido a que “la represión y la persecución política contra cualquier organización social que se oponga al modelo neoliberal, es práctica cotidiana por parte de la policía chilena y los aparatos de seguridad del Estado, quienes utilizan sofisticados métodos y tecnología cuyos costos, paradójicamente, son solventados gracias al pago de tributos de quienes el Estado reprime y persigue”.

    “Durante su gestión la represión, hostigamiento y persecución política contra las comunidades mapuche, sus comuneros y dirigentes se ha intensificado con el objetivo de desarticular y dividir el movimiento que lucha por la recuperación de sus tierras ancestrales y por ejercer el derecho a la autonomía y libre determinación. Derecho ampliamente reconocido en tratados y pactos internacionales que el Estado chileno ha firmado y ratificado”, subrayaron los firmantes. “En la actualidad -agregaron- su gobierno ha incrementado el control policial en territorio mapuche a través de personal de Carabineros de Malleco y de organismos de inteligencia provenientes de la capital”.

    A juicio de las organizaciones, que protagonizaron una contra manifestación con lienzos y gritos de consignas en contra de la primer mandataria en la “Place de Nations”, frente a la sede central de Naciones Unidas (ONU), innumerables podrían ser los atropellos contra comunidades que podrían ser mencionados y que sustentan las denuncias en Europa, hechos sobre los cuales Bachelet tendría cabal conocimiento. “Las promesas electorales no quedaron sólo en promesas, sino que se han transformado en nuevos engaños a los cuales el pueblo mapuche ya está acostumbrado por parte de los diferentes gobiernos de la alianza denominada Concertación de Partidos por la Democracia”, señalaron.

    Carta de INCOMINDIOS

    Ya el pasado viernes, el Comité Internacional para los Indios de las Américas (INCOMINDIOS Suiza) se dirigió a la presidenta también por medio de una carta donde, entre otras cosas, le recuerdan que “Chile es el único país latinoamericano, con importante presencia de pueblos indígenas, que no reconoce, constitucionalmente, la existencia física y cultural de dichos pueblos”. La misiva hizo también referencia a la ratificación del Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo, una promesa hecha a los pueblos indígenas de Chile desde 1989 y de acuerdo al organismo “utilizada como consigna política para elecciones presidenciales, parlamentarias e incluso municipales”.

    La organización denuncia, a partir de una acuciosa revisión de la prensa chilena, que la promesa de ratificación de este importante instrumento de derechos humanos se hace con una regularidad media de cada 68 días, mientras que diplomáticos chilenos la han, formalmente, comprometido en 11 ocasiones ante organismos internacionales desde el año 1992. La última promesa en este sentido la hizo la propia presidenta, cuando anunció en acto público en La Moneda el pasado 31 de marzo los cinco ejes de su política indígena, donde se considera dar urgencia al proyecto de ratificación que se encuentra estancado en el Congreso.

    Las irregularidades en los procesos seguidos en contra de personas mapuche y la invocación y aplicación de disposiciones antiterroristas en el marco de sus legítimas reivindicaciones territoriales, fueron otros de los aspectos abordados por INCOMINDIOS Suiza, así como los constantes allanamientos a sus comunidades. La misiva fue remitida también a la oficina de la Ministra de los Asuntos Exteriores de Suiza, Micheline Calmy-Rey, y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Louise Harbour, ambas personeras con quienes Bachelet se reunió este sábado en Berna.

    Ley Antiterrorista

    A juicio de diversos organismos, las declaraciones de Bachelet en Suiza revisten mayor gravedad al considerar que se desentiende de las conclusiones y recomendaciones del Comité de Derechos Humanos que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité en su sesión 89, de 15 de marzo de 2007, expresó su “preocupación ante la definición de terrorismo comprendida en la Ley Antiterrorista 18.314, que podría resultar demasiado amplia. Preocupa también al Comité que esta definición ha permitido que miembros de la comunidad mapuche hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social”.

    “El Estado parte -agrega el Comité- debería adoptar una definición mas precisa de los delitos de terrorismo de tal manera que se asegure que individuos no sean señalados por motivos políticos, religiosos o ideológicos. Tal definición debe limitarse a crímenes que ameriten ser equiparados a las consecuencias graves asociadas con el terrorismo y asegurar que las garantías procesales establecidas en el Pacto sean respectadas”. Para ello, el Comité de Naciones Unidas dio plazo de un año al Estado de Chile para que informe del cumplimiento de ésta y otras recomendaciones.

    Cabe recordar que hace un año atrás, en otra gira europea de la Presidenta, el Premio Nóbel portugués, José Saramago, invitó a Bachelet en un acto cultural celebrado en la ciudad de Madrid a “mirar a los mapuches, los primeros habitantes de Chile”, en directa alusión a la situación de los dirigentes encarcelados por demandas territoriales no resueltas. Tras su regreso a Chile y como consecuencia de tales emplazamientos, la primer mandataria anunció que bajo su administración no sería aplicada la polémica Ley Antiterrorista 18.314, precisamente la legislación que permitió condenar a gran parte de los comuneros hoy recluidos.

    La propia presidenta Bachelet reconocido el año pasado que la Ley 18.314 define de modo demasiado amplio los tipos penales de “terrorismo”, no correspondiendo incluir bajo ese rótulo los actos contra la propiedad, principales delitos investigados por los tribunales en el caso de las movilizaciones mapuches. Por este motivo envió al Congreso un proyecto de Ley (Boletín 4298, de 5-07-2006) para reformar la Ley 18.314 y así ajustarla a las normas de derechos humanos y debido proceso, dejando fuera de la calificación terrorista aquellos actos que afectan cosas y no a vidas. En su mensaje del proyecto de ley Bachelet reconocía que:

    “La ley N°18.314, como antes se señalara, protege variados bienes jurídicos, entre los cuales hoy se encuentra el de propiedad. Dicha protección a través de esta legislación especial no aparece adecuada”. El proyecto proponía que “sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, sólo constituirán delitos terroristas aquellos que afecten la vida, la integridad física, la libertad y la salud pública”. El proyecto de ley Boletín 4298, presentado con la firma de la presidenta Bachelet el 5 de julio de 2006, quedó sin embargo abandonado en el Congreso Nacional / Azkintuwe

    Por Pedro Cayuqueo

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