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    El complejo minero Cerro Matoso  fue  condenado el primer semestre de este año,  por la Corte Constitucional, a pagar US$400 millones en indemnizaciones a ocho comunidades indígenas por supuestas afectaciones en su salud debido a las operaciones de la minera. Sin embargo, la semana pasada ese mismo tribunal declinó el fallo inicial.

    Luego de este escollo seguirán invirtiendo en las comunidades vecinas y, además, trabajarán con ellas alrededor de ocho consultas previas. Esta empresa funciona con la misma licencia desde que arrancó con la operación y este nuevo fallo los obliga hacer unas consultas previas.

    Las ocho consultas se harán de aquí a abril de 2019, cada una de ella tarda entre seis semanas a cuatro meses. Uno de los requisitos para presentar el tema de Impacto Ambiental en la oficina de ambiente impuso fue el tener las consultas previas resueltas.

    Esta empresa terminó el año fiscal en junio con 43.700 toneladas extraídas y este nuevo año fiscal que va corriendo, es decir 2019,  van 40.500 toneladas. Entre  los nuevos proyectos realizan estudios de prefactibilidad en Planeta Rica y  San José de Uré proyectados para finales de 2020.

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