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    El desalojo de 400 familias campesinas de sus tierras en el occidental distrito panameño de Barú, ordenado por la Justicia, es ilegal, anticonstitucional y los despoja de sus derechos, aseguraron hoy defensores de las víctimas.

    El propio contrato-ley entre el Estado y la empresa privada Banapiña Panamá declaró “invasores” a quienes produjeron alimentos durante casi dos décadas en tierras públicas abandonadas por un anterior concesionario agrícola, y ello los protege legalmente según el Código Agrario vigente en el país, aseveró el abogado Santander Tristán.

    La mencionada ley, en su artículo 157, consigna el derecho a quien mantenga la posesión agraria pública y las dedique a la producción “no interrumpida durante quince años, sin necesidad de título”, requisito que cumplen sus representados, según el letrado.

    “En las fincas propiedad de EL ESTADO que se encuentran ocupadas por invasores a la firma de este Contrato, EL ESTADO asumirá por intermedio de las autoridades locales de policía las acciones legales pertinentes para que, al momento de inicio de operaciones de LA EMPRESA, las fincas se encuentren desocupadas”, señala el pacto.

    Basado en tal afirmación, el Gobierno demandó el “lanzamiento por intrusos” a los mencionados productores y la jueza de paz Ulsana Valdés ordenó ejecutar el desalojo, a pesar de que tal competencia es “privativa e improrrogable” de la jurisdicción agraria, explicó Tristán.

    De “inédita expulsión” calificó la líder social Gisela Pérez, de Alianza Estratégica Nacional, la decisión contra los campesinos sin título de propiedad, quienes explotan unas dos mil hectáreas desahuciadas desde 2003 por la transnacional Chiquita Internacional Limited.

    Denunció “tráfico de influencias” en la promoción y ejecución del contrato en tiempo récord de poco más de un mes, y señaló el nombre del exministro Álvaro Alemán, cuyo hermano y sobrino están directamente vinculados a la entidad creada, subsidiaria de la estadounidense Del Monte.

    El modelo bananero, promovido y aprobado por el Parlamento y el presidente del país, Juan Carlos Varela, es la reinstalación del enclave del siglo pasado, un mecanismo empresarial inhumano y abusivo desmantelado bajo el liderazgo del general Omar Torrijos, enfatizó Pérez.

    La representante de los productores, Ada Pinzón, aseveró que las víctimas defenderán sus derechos hasta las últimas consecuencias y pidió la ayuda de los medios para denunciar el despojo, al tiempo que responsabilizó al Gobierno por lo que consideró un contrato amañado, el cual perjudicará igualmente al resto del país.

    En mayo de 2017, ante la oleada de críticas, la Presidencia explicó lo que calificó de “reactivación de Barú”, en la cual expuso los antecedentes y ratificó que Del Monte se compromete a invertir más de 100 millones de dólares en siete años, lo que generará 3.100 empleos directos y 12.000 indirectos.

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