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    Tras el desbordamiento de una presa con desechos mineros de una filial canadiense, las comunidades indígenas de Oaxaca exigen al Estado mexicano que se cancele la instalación de proyectos de extracción de metales.

    Debido a las lluvias que se registraron el pasado domingo 7 de octubre en la presa ‘Jales’, propiedad de la empresa Cuzcatlán S.A. de C.V. (filial de Fortuna Silver Mines), hubo un derrame que contaminó el agua del río Coyote.

    Pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, dos días después, denunciaron 22 casos de violaciones a sus derechos durante el ‘Juicio Popular Comunitario en contra del Estado y las Empresas Mineras’, en el que señalaron la incapacidad del gobierno para impartir justicia.

    Desde 2011, la filial de la compañía canadiense que opera el proyecto minero ‘San José’ se dedica a la explotación de oro y plata en el municipio San José del Progreso, que se encuentra en el distrito de Ocotlán, donde la gente vive del cultivo de verduras.

    Alfredo Salcedo Martínez, encargado de relaciones comunitarias de la empresa en Oaxaca, declaró a Sin Embargo que ya hubo una inspección por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría del Medio Ambiente.

    En un comunicado, la Profepa mencionó que desde el 12 de octubre solicitó a la minera que realizara ‘medidas de urgente aplicación’ para no afectar más los elementos naturales. No obstante, la empresa no atendió el llamado y la Profepa realizó un análisis de suelo, por lo que se encuentra esperando los resultados para determinar el grado de contaminación y la sanciones correspondientes.

    Ignacio Francisco Vázquez Sánchez, presidente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo), declaró que las parcelas que tienen cerca de la empresa han resultado dañadas y su los pobladores encarcelados y asesinados.

    “Nos han encarcelado y han asesinado a Bernardo Vásquez Sánchez y a Bernardo Méndez (en 2012) mientras Rosalinda Dionicio, defensora de San José del Progreso, fue agredida con armas de fuego debido a su activismo contra la mina”, dijo.

    Sobre los asesinatos, Sofía Robles Hernández, zapoteca del comité directivo del Pueblo Mixe aclaró que se trata de atentados. “Era muy claro su trabajo de defensa que venían haciendo. No se puede pensar que fue por aras del destino, fueron asesinatos premeditados, bien planeados” denunció.

    Por su parte, la compañía canadiense Fortuna Silver Mines emitió un comunicado, fechado en Vancouver, para reconocer que se derramó un estanque donde almacena residuos sólidos y líquidos de la extracción minera, y agregó que los relaves de la mina La Trinidad están libres de metales pesados y solo contienen contaminantes que son estériles.

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