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    La suspensión del proyecto denominado “Sistema Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan”, en el estado de Puebla, en México, podría revertirse, porque aunque un juzgado emitió una resolución favorable a los pueblos indígenas, se esperan los resultados de una consulta a las comunidades que se verían afectadas por el proyecto.

    De acuerdo con medios mexicanos, los resultados podrían verse alterados si finalmente las comunidades ceden ante presiones de grupos violentos financiados por sectores económicos relacionados con la actividad minera.

    En rueda de prensa en Tehuacán, reseñada por el portal Sin Embargo, representantes de la Coordinadora Plan de Ayala (CNPA) y del Movimiento de Autogestión Social, Campesino, Indígena, Popular (MASCIP) confirmaron haber ganado la suspensión definitiva de la obra.

    Si embargo, “en las listas de los juzgados federales y en el resumen legal que presenta el tribunal de la Federación, sólo se determina la suspensión temporal”.

    En Zoquitlán, alertan defensores de la tierra, la hidroeléctrica devastaría tres ríos y pretende apropiarse de los caudales más importantes de Puebla, como los de los límites de Tlapa, en la comunidad de Matazongo de Guerrero y Naranjastitla, hasta llegar a la estación caracol Oaxaca y Veracruz.

    Destacan que la empresa hidroeléctrica no compareció a la audiencia de fecha 22 de enero de 2019, lo que representa un incidente en el juicio. No obstante, lamentan que para la asamblea que se realizará en Huitzilatl se haya dejado a un lado a las principales comunidades en resistencia.

    Peligro de manipulación

    Los defensores que representan a las comunidades de Zoquitlán manifestaron su temor frente a la defensa del territorio por la vía legal que lleva adelante la comunidad de Huitzilatl, pues podría tratarse de una estrategia para favorecer la Minera Autlán, propietaria de la hidroeléctrica, para imponer una consulta indígena “a presión y con la compra de conciencias”.

    Amador Montalvo, defensor de las comunidades en Coyolapan y Zoquitlan, manifestó que la consulta indígena no es fiable debido “a la tensión, conflictos y violencia que viven estas comunidades”.

    Recordó que con la presencia del crimen organizado, así como de los operadores de la hidroeléctrica, particularmente de terratenientes, caciques y exalcaldes, la consulta indígena sería manipulada bajo presión a las familias, por lo que esta instancia “es la antesala para arrancar de manera estratégica y legal el robo de las tierras y de los recursos naturales“.

    Montalvo explicó que la consulta debió realizarse antes de que en Huitzilatl se realizaran barrenaciones (perforaciones mineras) en búsqueda de minerales, en las que se abusó del uso de químicos y residuos altamente tóxicos.

    Minería al acecho

    Los defensores de la tierra en Zoquitán, que no fueron considerados para la asamblea de Huitzilatl, señalan que mientras esta comunidad está peleando la consulta por la vía legal, mientras la empresa podría estar planeando la explotación del suelo, ya que topógrafos e ingenieros han realizado excavaciones similares a las que se practican en la minería.

    En este sentido, manifestaron que la Minera Autlán está buscando la explotación de minerales en esa zona, y entonces la hidroeléctrica no sólo iría por la devastación de los ríos, sino también por los minerales.

    Por su parte, el asesor legal de la Coordinadora Plan de Ayala, Leonel Rivero Rodríguez, manifestó que la suspensión definitiva fue concedida el día 4 de octubre, cuando se ordenó que no podía realizarse ningún tipo de obra, hasta en tanto no se resolviera el juicio de amparo principal.

    Omar Esparza, dirigente nacional del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), manifestó que este fallo legal, del que hablan CNPA y MASCIP, abarca la suspensión de las obras y el tema de los permisos. Esto quiere decir que están suspendidas hasta que el juez lo determine mediante una consulta indígena, previa libre e informada.

    “Esto no quiere decir que el proyecto esté definitivamente cancelado, sólo es una etapa jurídica. Sin embargo, los poderes fácticos vienen influyendo para que el robo de las tierras sea por la vía legal hasta agotar los amparos que favorezcan a las empresas”, expuso.

    Por último, destacó que este proceso legal marca un precedente para el robo de la tierra, pues la empresa buscará a toda costa interponer amparos que la favorezcan. El logro de la comunidad de Huitzilatl no determina que el proyecto esté muerto, ya que la empresa buscará presentar los requerimientos legales para generar consultas en los territorios.

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