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    Existe un alarmante aumento de los actos de violencia hacia los pueblos indígenas a nivel mundial, así como graves impactos negativos de los proyectos industriales hacia ellos. Así lo reveló el último informe de Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos.

    “Por desgracia, no puedo. No puedo nombrar ningún país que esté proporcionando una protección real a los indígenas”, declaró la relatora sobre su informe anual ante la situación de los pueblos originarios.

    En el documento, Tauli-Corpuz denuncia que los proyectos a gran escala relacionados con industrias extractivas, agronegocios, infraestructura, represas hidroeléctricas y tala están haciendo cada vez más difícil y letal que las comunidades indígenas protejan sus tierras y sus derechos.

    Las comunidades indígenas, junto a sus tierras y bosques, poseen más del 50% del territorio mundial, pero solo tienen derechos legalmente reconocidos en el 10%. Esta situación da vía libre a los Gobiernos para declararlos ilegales en las tierras que han habitado durante generaciones, de modo ancestral.

    Desencadenando una crisis mundial

    Tauli-Corpuz difunde datos de la organización Front Line Defenders, sobre el informe de los defensores de los derechos humanos a los que se quitó la vida en el mundo en 2017.

    Los autores documentan el asesinato de 312 defensores en 27 países y señalan que el 67% de los asesinados defendían derechos sobre la tierra, derechos ambientales y derechos de los pueblos indígenas.

    Casi todas esas muertes se produjeron en el contexto de megaproyectos, industrias extractivas y grandes empresas; y aproximadamente un 80% tuvieron lugar en cuatro países: Brasil, Colombia, Filipinas y México.

    Por su parte, la organización Global Witness documentó en 2016 acerca de 200 muertes de personas que defendían sus tierras, sus bosques y sus ríos contra las industrias destructivas, en 24 países.

    Los autores llegaron a la conclusión de que casi el 40% de los asesinados eran indígenas y de que el 60% de las muertes había tenido lugar en América Latina.

    Medidas de protección y prevención

    Así, la relatora enfatizó sobre la responsabilidad de los Estados en velar para que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos de manera segura y rendir cuentas por las violaciones cometidas contra los defensores indígenas.

    “Es urgente adoptar medidas concertadas para poner fin a la tendencia a los ataques, la criminalización y la impunidad de quienes cometen violaciones contra los pueblos indígenas”, está escrito dentro de las conclusiones del informe.

    Asimismo, una de las primeras recomendaciones que brinda es cesar la frecuente ejecución de proyectos industriales debido a que son el principal factor que impulsan e intesifican los ataques a los pueblos indígenas.

    “Los pueblos indígenas no están en contra del desarrollo, pero rechazan los modelos de ‘desarrollo’ que se les han impuesto sin su participación y que menoscaban sus derechos a la libre determinación y su derecho a establecer sus propias prioridades de desarrollo respecto de sus tierras, territorios y recursos”, alegó.

    Además, los Gobiernos de distintos países deben reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre la tierra y darle prioridad a las evaluaciones del impacto que causarían todos los proyectos en los derechos de los pueblos originarios.

    “Se necesita un enfoque de ‘tolerancia cero’ respecto de los asesinatos y la violencia contra los defensores de los derechos humanos de los indígenas”, acentuó Victoria Tauli-Corpuz.

    Finalmente, en el informe se recomienda a la sociedad civil que siga prestando apoyo y asesoramiento jurídico que facilite el intercambio de experiencias y medidas de protección a los pueblos indígenas.

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