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    En México, el 77 % de la población indígena se encuentra en pobreza, lo cual significa que su ingreso no es suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y, por ende, presentan carencias sociales, como el acceso a la seguridad social, a la vivienda y a servicios de salud.

    Lo anterior no es un asunto menor, pues pone en riesgo el ejercicio de los derechos fundamentales, como el derecho a la salud. Esto tiene consecuencias graves y diferenciadas entre las mujeres y hombres que conforman los pueblos indígenas, sobre todo si nos enfocamos en los servicios de salud, específicamente en aspectos sexuales y reproductivos.

    El acceso (sin discriminación) a la información y a los servicios de salud sexual y reproductiva para personas indígenas es un asunto que el Estado no ha podido resolver adecuadamente, ya que en México se han documentado distintos casos de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de este grupo, que van desde negarles métodos anticonceptivos, información o material audiovisual sobre el tema en su idioma y con intérpretes, y hasta practicarles esterilizaciones forzadas.

    Esta situación afecta principalmente a las mujeres y revela la ausencia de sensibilidad (y capacitación adecuada) del personal médico y de quienes diseñan políticas públicas para garantizar el ejercicio pleno de estos derechos.

    Ante este panorama, es necesario reconocer la situación en la que se encuentran los pueblos indígenas, y pensar en propuestas para cambiarla, sin dejarlos fuera de la discusión.

    Salud comunitaria

    Bertha Dimas Huacuz llega al fondo de esta discusión en su artículo “La salud y la educación de los pueblos indígenas de México: Apuntes de propuestas de acción“, publicado en el portal otrasvoceseneducacion.org en el que propone la medicina comunitaria para atender a este grupo étnico.

    Para la investigadora, la situación de la salud y la enfermedad en los pueblos indígenas se debe abordar desde la perspectiva del nexo de la pobreza, la inseguridad alimentaria, la desnutrición, la degradación del medio ambiente, la insalubridad y la enfermedad.

    “Se deben considerar igualmente la precariedad de los servicios médicos y las brechas de atención a la salud existentes en las comunidades indígenas, a la vez que las limitaciones del ‘Modelo Intercultural’ aplicado por los servicios institucionales de salud”, dice en su artículo.

    Consecuentemente, en un marco conceptual del derecho a la salud, a la alimentación y a un ambiente saludable, se propone la necesidad del establecimiento de un sistema integral de salud comunitaria para los pueblos indígenas, cimentado en:

    • El ejercicio de las autonomías jurisdiccionales locales y la revalorización de las estructuras de convivencialidad comunal, culturalmente pertinentes en la atención a la salud.
    • La investigación, promoción y aplicación de saberes tradicionales y etnoprácticas de medicina y salud pública.
    • La formación (y contratación por el sistema) de médicos indígenas, bilingües, en un contexto de educación universitaria intercultural.

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