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    El Ministerio Público Federal en Barra do Garças, Brasil, alertó este jueves al Estado y a comunidades originarias de posibles intentos de invasión o ataque a la Tierra Indígena (TI) Marãiwatsédé, al norte del estado de Mato Grosso, por parte de ganaderos, agricultores, mineros y madereros.

    En la nota, el procurador Everton Pereira Aguiar Araújo afirma que cualquier iniciativa ilegal “recibirá una respuesta enérgica y eficaz de los órganos y agentes estatales encargados legalmente de preservar la seguridad personal, el orden público y el respeto a las instituciones y sus deliberaciones”.

    Según el portal Jornal O Globo, el diputado federal Nelson Barbudo (PSL), estuvo en el municipio de São Félix del Araguaia y grabó un video en el que la alcaldesa Janailza Taveira Leite afirma que la retirada de los no indios fue “un crimen que cometieron sobre los que producían” en el lugar.

    El pasado martes, la oficina regional de la Fundación Nacional del Indio (Funai) pidió apoyo a las autoridades debido a las constantes amenazas de  regreso al  área por parte de los no indígenas.

    La Tierra Indígena pertenece al pueblo xavante y su área, de 165.241 hectáreas, fue homologada en 1998. Después de 14 años de disputas judiciales con dueños de ganado y plantadores de soja y arroz que ocupaban irregularmente el área, el Gobierno Federal realizó en 2012 la retirada de los no indios.

    El oficio de la Funai cita constantes rumores de que la invasión está marcada para los últimos días de enero. Estos rumores generan clima de tensión en la región y los indios xavantes prometen resistir cualquier incursión del área. Asimismo, piden a la Policía Federal que se investiguen las amenazas que se han hecho a indígenas.

    El  procurador recuerda que los indios habían sido retirados de sus tierras en 1966 y el área fue ocupada para la ganadería extensiva en la hacienda Suia-Missu. En 1992, durante la Conferencia Mundial del Medio Ambiente (ECO 92), el grupo empresarial ocupante se comprometió a devolver el área al pueblo xavante, lo que resultó en la demarcación homologada por el Gobierno en 1998.

    En 2012, un informe del Ministerio Público mostró que un tercio de las tierras estaba ocupado por 22 grandes ocupantes, entre políticos de la región, grandes granjeros y hasta un desembargador (juez) del Tribunal de Justicia de Mato Grosso, Manoel Ornellas de Almeida. La hacienda del funcionario tenía 886,8 hectáreas.

    Nuevas ocupaciones

    Hasta 2011, el 71,5 % del área de la Tierra Indígena había sido deforestada. Los grandes sancionados habían sido multados con 158 millones de reales (42 millones de dólares) por crímenes ambientales, pero estos montos no habían sido pagados.

    El Ministerio Público quiere evitar que el área sea, de hecho, invadida. El martes, la periodista Miriam Leitão dijo que la Tierra Indígena de Awa Guajá, en la que había que eliminar invasores en 2014, está siendo invadida de nuevo. Según los indígenas, los hacendados habrían derribado árboles y colocado rebaños en el lugar.

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