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    “Intentábamos hacer una recuperación pacífica”, explicaba la voz entrecortada del vocero mapuche a radio Bio-Bio, mientras huía junto a sus compañeros del Fundo Santa Margarita cargando el cuerpo inerte de uno de ellos. “Ingresamos al fundo e inmediatamente Carabineros comenzó a disparar con sus subametralladoras… en eso nosotros comenzamos la retirada y una de las balas alcanzó al hermano Matías”, agregó Rodrigo, nombre con el cual se identificó el joven que la mañana del pasado 3 de enero informó que un nuevo weichafe (guerrero) había caído en Chile víctima de la violencia policial y la ceguera de las autoridades. Se trataba de Matías Valentín Catrileo Quezada, alumno de agronomía de la Universidad de La Frontera de Temuco y miembro de la Coordinadora Arauco-Malleco.


    Cerca de las seis de la mañana de aquel fatídico día, Catrileo junto a una treintena de comuneros del sector Yeupeko, comuna de Vilcún, ingresó al fundo Santa Margarita, propiedad de Jorge Luchsinger, con la intención de efectuar una recuperación territorial. Según la versión policial, el grupo atacó con disparos de escopetas a dos carabineros que los sorprendieron en plena acción, la que habría sido repelida con sus armas de servicio en un acto que el alto mando regional de la institución no dudó en definir a priori como “legítima defensa”. Sin embargo, esto sería desmentido por los comuneros. Según relató Rodrigo a radio Bio Bio, un piquete de Fuerzas Especiales apostado de manera permanente en el lugar los repelió a balazos sin mediar provocación. En ningún caso, subrayó, se habría registrado un enfrentamiento armado. “Queremos que la comunidad sepa que el hemano fue asesinado por la espalda por Carabineros de Chile”, acusó.

    Investigaciones prosteriores respaldarían la versión mapuche. Las únicas balas disparadas aquella mañana, seis en total, provinieron de armas policiales. Una de ellas, percutada por la subametralladora UZI del Cabo 2º de Carabineros, Walter Ramírez Espinoza, ingresó por la espalda, perforó el pulmón izquierdo y salió por el abdomen del universitario, consignó un informe de la Brigada de Homicidios de Investigaciones. Se estableció además que Catrileo cayó mortalmente herido al interior del fundo, su cuerpo fue entregado a unos cinco kilómetros del lugar, en las cercanías de la Escuela La Roca. Hasta allí fue trasladado por sus compañeros en una improvisada camilla, confeccionada con dos palos y un saco, mientras un grueso contingente policial los perseguía a corta distancia por tierra y aire.

    Los mapuches se negaban a entregar el cuerpo y solicitaban la mediación de la Iglesia Católica. “Carabineros no nos da garantía para mantener el cuerpo intacto, tenemos temor a que se manipule la evidencia”, indicó el vocero a Radio Bio-Bio. Tras diez horas de negociación y pese a la negativa inicial de las autoridades regionales a permitir la intervención de la Iglesia, una comitiva encabezada por el obispo de la Araucanía, monseñor Sixto Parzinger, posibilitó que cerca de las 17:00, el cadáver fuera finalmente levantado por personal del Servicio Médico Legal y trasladado hasta Temuco para los exámenes tanatológicos de rigor. “Se logró entregar el cuerpo y de eso me alegro. Los comuneros han sido bien respetuosos y directos”, declararía monseñor Parzinger al cierre de la jornada. “Es algo tremendo, muy grave lo que ha sucedido, debe ser aclarado y no puede pasar más”, agregaría visiblemente afectado.

    BRUTALIDAD POLICIAL

    “Es indudable que a mi hijo lo mató un carabinero, pero en el fondo lo mató la represión que hoy existe contra las comunidades y que les permite a los carabineros disparar a gente desarmada. Si no existiera esa forma de reprimir, no lo habrían asesinado”. Las palabras de Mónica Quezada, madre del joven mapuche Matías Catrileo, permiten dar cuenta del trasfondo de lo acontecido en Vilcún. Por un lado, la militarización que afecta a mapuches en numerosas zonas rurales y, por otro, la brutalidad policial que caracteriza el actuar de la policía uniformada chilena. Brutalidad que bien han conocido en los últimos años los estudiantes (asesinato de Daniel Menco), los trabajadores (asesinato de Rodrigo Cisterna), los mapuches (asesinato de Alex Lemún, Juan Domingo Collihuin, Matías Catrileo) y cientos de desconocidos civiles que pueblan año tras año las estadísticas de víctimas del “gatillo fácil” policial.

    Según fuentes del Ministerio Público, 14 son los predios en la zona mapuche que actualmente contemplan resguardo policial, destacando entre ellos el Fundo Nancahue en Traiguén, propiedad del abogado penalista y presidente de la Fundación Neruda, Juan Agustín Figueroa; el fundo Montenegro en Ercilla, propiedad del empresario agrícola René Urban; y el Fundo Santa Margarita en Vilcún, propiedad del también agricultor Jorge Luchsinger. Dicho resguardo contempla vigilancia policial permanente, ya sea en la modalidad de rondas horarias o en el establecimiento permanente de piquetes policiales en su interior. Estas tareas recaen en unidades de Fuerzas Especiales, equipadas con armas del calibre de la subametralladora UZI que acabó con la vida de Catrileo en Vilcún. O la escopeta antimotines que, en noviembre de 2002, destrozó el cráneo de Alex Lemún (17 años) al interior de un predio de Forestal Mininco, la maderera del poderoso e influyente grupo Matte.
    La brutalidad de sus asesinatos a manos de la policía no es lo único que conecta el caso de Catrileo con Lemún. Para pesar de sus familiares, el crimen del joven estudiante de agronomía es investigado por el mismo fiscal militar que investigó la muerte de Lemún y que, tras años de tramitación, absolvió de cargos al oficial que disparó contra el muchacho. Esto explica el rechazo que ha generado la figura del teniente coronel José Pinto Aparicio como encargado de investigar los hechos y determinar las responsabilidades. Y si bien el fiscal militar ya ordenó la detención del cabo segundo Walter Ramírez y adelantó que “violencia innecesaria con resultado de muerte” sería la figura de la acusación abierta contra el funcionario policial, las críticas en torno a su designación han recrudecido en la zona sur.

    “En base a todos estos antecedentes, y considerando que un proceso llevado por la fiscalia militar no es garantía de transparencia, ya que este organismo es un resabio de la dictadura militar, solicito se nombre un Ministro en Visita de garantía de un debido proceso, que logre dar cuenta de lo ocurrido y que los responsables de la muerte de nuestro peñi, no queden en la impunidad”, fue la petición realizada a la justicia por el alcalde de Tirúa y dirigente mapuche-lafkenche, Adolfo Millabur. Aucán Huilcamán, werken del Consejo de Todas las Tierras, también cuestionó el nombramiento de un fiscal e hizo un llamado al gobierno a no entorpecer el proceso judicial abierto tras la “ejecución” de Catrileo. “Este acto por sus características constituye una ejecución extrajudicial, por lo mismo, exigimos una decisión ejemplar de las instituciones del Estado de Chile, que no se repita lo sucedido con Alex”, señaló el dirigente. Más directo fue el senador Alejandro Navarro (PS), quien indicó que el fiscal militar debía “inhabilitarse, pues la aplicación de la justicia militar en casos en que se encuentren envueltos civiles viola el derecho al debido proceso… La participación del fiscal militar como siempre asegura la impunidad de los militares”.

    “¡NO MÁS IMPUNIDAD!”

    Este fue el llamado que la madre de Catrileo realizó en su único contacto con la prensa, durante el velatorio del cuerpo de su hijo. Pasado el mediodía del viernes 7, Mónica Quezada dirigió unas dolidas palabras a los medios de comunicación y a la opinión pública en una conferencia de prensa realizada al interior del Hogar Pelontuwe. Sentada a pocos metros de los restos de su hijo, la madre leyó un comunicado en el que expresaba el dolor de su familia y el amargo sentimiento que implicaba su partida al interior del Pueblo Mapuche. “Nos aflige el inmenso dolor de ver partir de una manera tan prematura a nuestro querido hijo, sobrino, nieto y hermano, a nuestro querido Matías Catrileo Quezada. Este dolor se acrecienta en cada instante, producto del tratamiento falaz con que algunas autoridades gubernamentales y carabineros se refieren a lo hechos y a la persona de nuestro querido Matías”, afimó evidentemente afectada.
    “Como gente de bien, no hemos criado a un delincuente, nos hemos esforzado tal como nuestros padres con nosotros, para que nuestros hijos acojan valores tales como la solidaridad, el respeto por las demás personas, la justicia social y la tolerancia”, agregó. Respecto de las responsabilidades en el crimen de su hijo, no tuvo dudas en apuntar hacia Carabineros. “Los familiares de Matías tenemos la convicción de que el disparo criminal proviene desde el arma de carabineros. No podemos hacer más que calificar dicha acción como un acto ruin y cobarde. Ruin porque se hizo un uso desproporcionado de la fuerza contra un grupo de jóvenes mapuche, armados apenas con la fuerza de sus ideales. Nosotros y muchísimos más, sabemos cómo se denomina a aquellos que atacan por la espalda”, indicó. Finalizó su intervención asegurando que no descansará hasta que se haga justicia con su hijo, invitando a organizaciones mapuches y no mapuches a colaborar con este esfuerzo para terminar con la impunidad. “No queremos más impunidad, no queremos más hijos muertos por una causa cuya legitimidad ha sido reconocida”, subrayó.


    No estuvo sola con su tristeza. Miles de mapuches y simpatizantes de la causa llegaron hasta el recinto universitario para rendir homenaje al joven mapuche los dos días que se prolongó su velatorio. Hasta allí llegó también Sonia Saavedra, madre de Alex Lemún. “Vengo a acompañarla a ella, porque uno como madre siente todo, el dolor que tiene”, afirmó la mujer. La madre de Lemún aprovechó la oportunidad para realizar un fuerte llamado a las autoridades: “Le digo al gobierno, a la Presidenta Bachelet que se ponga la mano en el corazón, porque ella como madre debe sentir lo mismo que sentimos nosotros. Estoy dolida por lo que está pasando”.

    Al lugar del velatorio llegó también el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de La Frontera y profesor de Matías, Aliro Contreras. El profesor recordó al joven como “un estudiante muy comprometido con sus ideales y solidario”. En el lugar, se acercó a los familiares de Matías Catrileo a expresar las condolencias oficiales de la Casa de Estudios en la que el joven se instruyó durante dos años y destacó como un buen alumno. El decano también acompañaría a los familiares al día siguiente, cuando cerca de dos mil personas despidió a Matías en el Cementerio Parque del Sendero de la capital regional, lugar donde un férreo círculo de seguridad a cargo de militantes de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) impidió el acceso de la prensa, a objeto de resguardar el caracter tradicional y privado de la ceremonia.

    QUIEN SIEMBRA VIENTOS…

    Desde el retorno de la democracia, el fundo Santa Margarita (238 hectáreas) ha sido reivindicado insistentemente por comunidades mapuche del sector, quienes reclaman sobre éste derechos ancestrales. El año 1999, la organización Ayjarewe Wenteche de Truf Truf protagonizó la primera ocupación permanente del predio. Decenas de familias cruzaron la cerca, prendieron fogatas e instalaron ramadas decididas a quedarse. No sólo ocuparon el fundo de Luchsinger. También el fundo Santa Ana, propiedad de Gastón Escala. Pocos días duró la recuperación. Una orden de desalojo y cerca de 100 efectivos policiales fuertemente armados persuadió a los dirigentes de salir pacíficamente del predio. Prometieron volver.
    A partir del año 2001, jóvenes de Yeupeko Vilcún, asesorados por el abogado José Lincoqueo, hicieron que la reclamación pasara de los dichos a los hechos. Estallado el conflicto, numerosas acciones directas comenzaron a sucederse contra instalaciones de Luchsinger, las que a su vez desembocaron en la militarización de la zona.
    Si bien Jorge Luchsinger ha declarado no entender la “insólita animadversión” de los mapuches contra su persona -“los terroristas me han elegido como un símbolo, eso es todo”, declaró al ser entrevistado para el documental El Despojo de Dauno Tótoro.

    El senador Alejandro Navarro considera que el empresario sólo estaría cosechando de parte de los mapuche toda aquella “odiosidad que sembró por años”. Asi lo señaló el parlamentario socialista en enero, al apoyar una querella por “discurso odioso” contra el agricultor que fue presentada por un grupo de concejales mapuche en la Corte de Apelaciones de Temuco. El concepto de “discurso odioso” esta tipificado en la Ley de Prensa “contra toda persona que mediante sus dichos con publicidad fomente la hostilidad hacia cualquier etnia, raza o religión”.
    “Los dichos en cuestión los formuló Luchsinger en la revista Qué Pasa el año 2005, cuando manifestó que los mapuches eran ‘desleales y abusadores, miserables, depredadores y sin capacidad intelectual’, replicándolo en un diario de circulación nacional tras el crimen en su propiedad del joven Matías Catrileo”, detalló el abogado mapuche Richard Caifal, patrocinador de la acción legal y miembro de la Alianza Territorial Wenteche. Y es que si bien Jorge Luchsinger lamentó lo sucedido al interior del fundo, acto seguido no dudó en emplazar a la presidenta Bachelet a actuar con “mayor decisión frente a los terroristas”, según declaró a El Austral de Temuco, brazo de la cadena El Mercurio. “Tenemos que tener garantías para poder trabajar en paz y tranquilos”, argumentó fríamente.

    MÁS MANO DURA

    El llamado a la “mano dura” realizado por Luchsinger, cuando aún los restos del joven mapuche eran velados en Temuco, sería escuchado y atendido con prontitud por las autoridades en La Moneda. Así lo corroboró un equipo del Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas, quienes junto al párroco de Quepe, Padre Fernando Díaz, visitaron las comunidades aledañas al fundo del empresario al día siguiente del asesinato de Catrileo. En su reporte los observadores documentaron una serie de denuncias de comuneros que fueron violentamente allanados en sus viviendas por Carabineros, sin orden judicial, mediante tratos abusivos y degradantes. Los comuneros denunciaron destrozos en sus viviendas y sembrados, así como la sustracción de bienes que les pertenecen por parte de los agentes policiales.

    “Los allanamientos fueron realizados por fuertes contingentes policiales de hasta un centenar de efectivos, los que se desplazaban en buses, tanquetas y helicópteros, con una violencia y desproporción manifiestas. En los operativos, Carabineros usó epítetos racistas, tales como ‘entreguen a los indios delincuentes’, y otros”, consigna el reporte del organismo. Un caso documentado fue el de don Héctor Canio Quidel, de la Comunidad Mariano Lleuful. “Don Héctor Canio Quidel denuncia que su morada fue allanada por un fuerte contingente policial de carabineros en cuatro oportunidades ese día, desde las 9 am hasta las 8 pm. En ninguna de esas oportunidades mostraron orden escrita alguna para realizar el allanamiento. El actuar policial fue brutal, ya que ingresaron a la vivienda derribando puertas, quebrando vidrios, dando vuelta todos los objetos, incluyendo una cama en que se encontraba durmiendo un niño de 1 año. En la ocasión golpearon a su mujer Inés Tralcal Llanquinao, derribándola de un puntapié. Lo mismo sucedió a su madre, la anciana Francisca Quidel Painemil”, detalla el reporte.
    Doña Adela Marilaf y don Arturo Tralcal denunciaron que un grupo aproximado de 80 efectivos entró en su propiedad a las 9 am. del mismo día, abriendo la puerta de su morada con violencia, registrando la misma y realizando destrozos en su interior. La situación más grave fue la vivida por sus padres, Mario Tralcal y Josefina Quidel, ancianos de cerca de 70 años, cuya vivienda aledaña fue allanada violentamente por carabineros, rompiendo cercos, siendo forzados con metralletas, empujados, y violentados con epítetos racistas. Destaca el reporte que Josefina Quidel padece de cáncer, “habiendo sido operada hace un par de meses, cuestión que fue señalada a carabineros, sin que ello alterara en nada el proceder de los funcionarios policiales. En la vivienda se encontraba el nieto de ellos Fabián Tralcal, de doce años de edad, quien recibió una bofetada de carabineros en la cara. Esta última vivienda fue allanada en cuatro oportunidades durante ese día. Carabineros se llevó mochilas, bolsos y un cuchillo de casa, a pesar de los ruegos de los ancianos de que no lo hicieran”.
    Otros operativos se registraron en la Comunidad Juan de Dios Quidel Cordoba. Allí, José Tralcal Coche informa que su vivienda fue allanada también por Carabineros, sin orden alguna, a las 9 de la mañana de ese día. “Su mujer María Lleuful fue tomada con violencia por el brazo, recibiendo culatazos de fusil por la espalda. Carabineros entró a la morada, en que dormían aún sus cuatro hijos, de 18 a 5 años de edad, y procedió a registrarla votando objetos sin respeto alguno. Los niños fueron tratados brutalmente, obligándoles a identificarse. Carabineros destrozó los cercos del campo, ingresando al lugar con tanquetas, destrozando los sembrados de subsistencia que tienen en ellos. Luego regresaron en cuatro oportunidades hasta las 8 de la noche”, informó el Observatorio.

    Pedro Cayuqueo

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