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    Héctor Reyes Corvalán,  quien estuvo internado en terapia intensiva en Tucumán falleció tras diez días de agonía debido a las quemaduras que había sufrido cuando un grupo de más diez policías al mando de un oficial de Justicia lo desalojó violentamente de su lote en Santiago del Estero.

    El desalojo de Reyes Corvalán se enmarcó en las acciones de terratenientes contra pequeños campesinos en Santiago del Estero en ejecución de la orden impartida por la jueza María Cecilia Paskevicius, quien ya había dictado medidas similares contra los campesinos en la provincia.

    En el desalojo se registraron destrozos en la propiedad de Reyes Corvalán, quien recibió disparos de postas de goma y sufrió gravísimas quemaduras. Además, mataron a sus perros y desaparecieron unas 200 cabezas de ganado. Nacido en el mismo paraje Suncho Pampa, Reyes Corvalán tenía 56 años.

    El poder del terrateniente

    “Eran como las 10 de la mañana y apareció Quesada, con la policía y un oficial de justicia con una orden de desalojo trucha, porque ya la apelamos y se aceptó la apelación, así que quedó sin efecto. El terrateniente Quesada es el mismo que el año pasado quiso desalojarnos, también a lo bruto”, relató entonces a Página 12 María Rosa Frías, la mujer de Corvalán.

    También contó que “esta gente hace siempre lo mismo, son bandas armadas. Ahora fue calcado del año pasado. Llegaron en dos camionetas y dos patrulleros. Mi marido estaba en el portón, con los animales. Como no se quiso ir cuando le mostraron la orden trucha, le dispararon con balas de goma y le prendieron fuego”.

    Néstor Quesada, a quien señaló la mujer, es un empresario cordobés dedicado al cultivo de la soja que en agosto de 2012 pretendió tomar posesión de unas 270 hectáreas. Los intentos de desalojo fueron rechazados por las familias que habitan en el lugar e integran la Mesa Parroquial de Tierra Nueva Esperanza, formada por curas de la Opción por los Pobres.

    La violencia ejercida durante el desalojo de Reyes Corvalán tiene antecedentes. Durante los últimos años hubo amenazas con armas de fuego, incendios y matanzas de animales y varios intentos de desalojo. En casi todos fueron procedimientos violentos que terminaron detenidos en diversos estrados judiciales.

    “La violencia estructural que concentra casi el 75 por ciento de tierras cultivables en sólo el 15 por ciento de empresarios del agronegocio, sigue poniendo en riesgo la permanencia y la vida de los sistemas campesinos e indígenas”, remarcaron desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) tras el desalojo de Reyes Corvalán.

    El Mocase responsabilizó por el hecho al empresario Quesada, quien estuvo presente en el desalojo; al oficial de Justicia Luis Scillia y a los policías que participaron del desalojo, a quienes identificó en un comunicado: “el oficial inspector José Francisco Corvalán, el oficial ayudante Leonel Moreno, el cabo primero Roberto Corvalán, División de Prevención de Nueva Esperanza, el agente Roldán y otros, en total de diez (10) policías aproximadamente”. La organización pidió la detención de todos los responsables y denunció “los modos de actuación de las fuerzas públicas siempre resguardando a los empresarios y vulnerando la vida de las personas”, además de reclamar la separación de la jueza Paskevicius.

    A pesar de las heridas que le provocaron en el violento desalojo, los policías llevaron a Reyes Corvalán a la comisaría y para su traslado en ambulancia a un hospital aguardaron que la jueza definiera si estaba detenido o no. Con el 45 por ciento de su cuerpo quemado y las vías aéreas afectadas, el hombre fue trasladado a un hospital de Tucumán y finalmente falleció ayer.

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