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    La Coordinación de Comunidades en Conflictos Socio Ambientales, en conjunto con diversas organizaciones sociales y ambientales de la Novena Región, presentaron una denuncia al Comité Contra el Racismo y Discriminación, de las Naciones Unidas.

    El motivo de este pronunciamiento tiene como eje principal lo que los participantes han denominado “racismo ambiental”, en alusión a vertederos y plantas químicas de aguas servidas presentes en la IX Región; además de otras diversas situaciones, como fallidas mesas de trabajo y acciones judiciales para revertir situaciones de discriminación.
    La denuncia se fundamenta en que un 20% de la superficie de la región está en posesión mapuche y un 26% de la población regional pertenece a esta etnia, y a pesar de existir conciencia sobre el desplazamiento, usurpación de tierras y discriminación que han sufrido, el 70% de los vertederos (19 recintos) y el 100% de las plantas químicas y de tratamiento de aguas servidas se ubican en suelo Mapuche.
    Esto produce que 50 comunidades se vean directamente perjudicadas por los embates de los recintos de basura, lo que involucra a más de 3100 personas, de 700 familias; además del 30% de los campesinos de escasos recursos a nivel regional. Escuelas en medio de la basura; aguas contaminadas; graves daños económicos y de supervivencia; y crisis ambiental y sanitaria, son sólo algunos de los efectos que conlleva este “racismo ambiental” en la región.
    Manuel Curilén, de la Coordinación de Comunidades en Conflictos Socio Ambientales, asegura que vienen buscando soluciones con el Gobierno desde el año 2001, y que hoy, tras 6 años, se encuentran “en las mismas condiciones o peor”; recalcando que se sienten discriminados pues “no es una casualidad que la basura se encuentre en tierras mapuches”. Las comunidades afectadas, tras haber presentado diversas propuestas y alternativas para que las autoridades las tomen en serio, acudirán al Comité de las Naciones Unidas, porque sienten que no hay intenciones reales del Gobierno por buscar soluciones al problema.
    Por su parte, Matías Meza, del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, plantea una responsabilidad compartida; por un lado, las empresas que elaboran declaraciones de impacto ambiental en las que no participan las comunidades; y por otro, los servicios públicos, ya que la COREMA es en definitiva la que aprueba o rechaza. En conclusión, se apunta tanto a la responsabilidad social y moral de las empresas como a la responsabilidad del Estado que ha permitido que se den este tipo de situaciones.

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