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    La Defensa Pública, órgano del sistema de justicia de Venezuela, brinda en materia jurídica  atención a las 44 étnias y 323 comunidades indígenas del país.

    Así lo aseguró la jefa de la División de Derechos Indígenas de la DP, Marianny Romero, durante un entrevista en la que explicó el alcance del Plan de Atención Integral a Comunidades Indígenas y Vulnerables, diseñado en pro de garantizar los derechos humanos de los pueblos originarios.

    Romero indicó que en esta iniciativa de la Defensa Pública participan diversas instituciones del Estado y una de ellas es el Ministerio del Poder Popular para la Salud, cartera encargada de coordinar la atención integral en el ámbito sanitario.

    La Defensa Pública tiene un programa semanal en el circuito nacional YVKE Mundial (Foto: Cortesía YVKE )

    Romero señaló que el plan está orientado a atender los pueblos indígenas de los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia.

    “A través de este Plan de Atención Integral a Comunidades Indígenas y Vulnerables, funcionarios de la Defensa Pública ofrecen servicios de asesoría y , orientación jurídica, mientras representantes de otros entes gubernamentales realizan jornadas de salud e identificación, entre otros”, señaló.

    Esta organismo público brinda a los pueblos originarios acceso pleno a la jurisdicción del Estado, en los juicios y procedimientos que los involucren individual o colectivamente.

    Romero dijo que la Defensa Pública tiene como misión fortalecer la jurisdicción especial indígena y la administración de justicia en esta materia, para brindar un mejor servicio a los pueblos originarios.

    La funcionaria de la DP recordó que la jurisdicción indígena se diferencia de la jurisdicción ordinaria porque está contempla un conjunto de normas basadas en valores y principios culturales propios, con su procedimientos y prácticas que regulan la vida social en la comunidad. Agregó que esta no aplica cuando se trata de violaciones de derechos humanos y crímenes graves.

    “Ellos (los indígenas) aplican las sanciones desde su punto de vista, según la falta o el hecho que suceda en su comunidad, mientras que la justicia ordinaria conoce todos los delitos consagrados en el Código Penal”, acotó.

    Defensa Indígena

    Por otro lado, Romero se refirió al III Congreso “La Defensa Pública como órgano garante del acceso a la justicia y los Derechos Humanos de los pueblos originarios”, que se realizó el pasado mes de julio en el estado Amazonas.

    Expresó que en este congreso se ratificó una vez más el compromiso de la Defensa Pública en fortalecer la administración de la justicia indígena y garantizar el acceso pleno de los pueblos originarios a la justicia.

    Además, puntualizó, que en dicha actividad se logró profundizar acerca los conocimientos ancestrales y tradiciones culturales de los pueblos indígenas.

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