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    Bajo pronóstico reservado, en un hospital de Medellín permanece el joven indígena Luis Humberto Jumí Domicó, de 21 años, quien pisó accidentalmente una mina antipersona en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, en Colombia, cuando adelantaba labores de agricultura.

    Allí también resultó herido en su cabeza un menor de edad, quien se encuentra fuera de peligro. El consejero de la Organización Indígena de Antioquia, Richard Sierra, pidió que se haga un desminado en las zonas de resguardos.

    “Una mina antipersona le afectó la vida, su integridad física y la de su familia. Exigimos como organización indígena el desminado para los territorios donde ancestralmente han vivido y caminado nuestras comunidades”, expresó.

    108 víctimas en 2018

    Las autoridades explican que las minas  fueron utilizadas por grupos armados ilegales “para instalarlas en sus zonas de influencia y, con las cuales, buscaban detener el avance de las operaciones militares que adelantaba el Ejército en esa zona del departamento”.

    Tomando en cuenta cifras aportadas por la coordinadora de la Unidad de Contaminación por Armas del Comité Internacional de la Cruz Roja, Ana María Hernández, al 30 de septiembre de 2018 se habían presentado 106 víctimas de minas antipersona en el país, duplicando las 56 de 2017. A esa cantidad hay que añadirles estos dos jóvenes antioqueños.

    “De las 108 víctimas de 2018, un total de 71 pertenecen a la población civil y 37 son militares. Además, es preocupante que se registren 20 casos de menores de edad y 88 adultos. Asimismo, 12 han fallecido y 96 han sobrevivido. En cuanto al género, son 8 mujeres y 100 hombres”, explicó.

    Los departamentos del país donde se siguen presentando estos casos son Antioquia, Arauca, Bolívar, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Córdoba, Norte de Santander, Cesar, Nariño, Sucre y Guaviare.

    Hernández explicó que, si bien es cierto que el país ha registrado un descenso en el número de víctimas en comparación con años anteriores, es importante que las personas tengan en cuenta que en muchas zonas del país quedan estos artefactos.

    “Las comunidades entran a sus zonas de cultivo y pasan los accidentes. Estos artefactos son de fabricación improvisada, se activan por la cercanía de personas o animales“, añadió.

    Por ello, recomienda que las personas eviten lugares donde se hayan presentado combates, caminos poco transitados, sitios donde ya se hayan suscitado accidentes y zonas donde se encuentren cultivos ilícitos, ya que no hay manera de detectar las minas.

    Afirmó Hernández que si se llega a presentar la explosión de uno de estos artefactos, es muy importante la respuesta de la comunidad, el apoyo a la familia y, en especial, la respuesta de las autoridades locales.

    “A las víctimas se les debe entregar una certificación por parte de las autoridades locales. Las víctimas la necesitan para poder acceder a las ayudas”, dijo.

    Finalmente, la coordinadora alertó que, aunque la mayoría de víctimas aún se encuentran en zona rural, en zonas urbanas de Buenaventura y Norte de Santander este año también se han presentado casos.

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