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    La Armada Nacional colombiana y comunidades indígenas aseguran que grupos paramilitares, el cartel de Sinaloa, disidentes de las FARC, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se disputan el control territorial de zonas del centro y norte del Cauca, por las siembras de cultivos ilícitos y la minería ilegal en cuencas de ríos de esta región.

    La muerte de Edwin Dagua Ipia, gobernador del resguardo Huellas, en Caloto, confirma esta versión, ya que rechazaba la siembra de cultivos ilícitos y venía pidiendo desde hace 5 meses protección al Gobierno, hasta que fue asesinado la tarde del 7 de diciembre pasado.

    Según cifras de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), al menos 21 indígenas han sido asesinados en lo que va del 2018 en ese departamento. Los crímenes más recientes se presentaron el fin de semana del 7 al 9 de diciembre, cuando se registró el homicidio de cuatro nativos en los municipios Caloto y Corinto.

    Para Jhoe Sauca, coordinador del Tejido por la Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de ACIN, las amenazas han aumentado en los últimos meses debido a que, tras la desaparición de las FARC, varios grupos armados pretenden poseer el control total del negocio de los cultivos ilícitos.

    “El Gobierno nunca tuvo la capacidad de controlar los territorios donde estaban las FARC y ahora nosotros somos los que estamos pagando las consecuencias”, concluyó Sauca.

    Genocidio

    La misma ONIC “condena, denuncia y rechaza de manera categórica la sistemática y continua violación a los Derechos Humanos y el exterminio físico y cultural –a nivel nacional– en contra de los pueblos indígenas”.

    “Nos matarán a uno, pero nacerán miles (…). Podrán cortar las ramas, podrán apedrear nuestros frutos, pero las raíces seguirán profundas en el territorio”, clamaba Dagua Ipia en uno de sus últimos discursos antes de ser asesinado.

    Según voceros de la Comisión de Derechos Humanos de la ONIC, un mes antes de su homicidio había circulado un panfleto de las “Águilas Negras” amenazando de muerte a Dagua y otras autoridades indígenas.

    La ONIC aseveró que “estamos viviendo un genocidio con nuestra gente: masacres, asesinatos selectivos, amenazas, tentativas de homicidio, secuestros y víctimas de minas anti persona”.

    Asimismo, recordó que los Awá, Nasa, Embera Chamí y Zenú “se encuentran entre los 38 pueblos indígenas en vía de exterminio físico y cultural, declarados en el Auto 004 de 2009 por la Corte Constitucional de Colombia”.

    El 7 de diciembre, la ACIN y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunciaron el rapto de los comuneros Alirio Quiguanaz Cunda y Marcelo Dagua, cuando realizaban actividades agrícolas. Fueron liberados una semana después, gracias a la intervención de la guardia indígena.

    Las amenazas a líderes indígenas en el Naya, norte del Cauca, también son motivo de alerta para las etnias de la región.

    “Somos un estorbo, debido a sus intenciones de controlar los territorios y de esta forma poder explotar nuestros recursos naturales. También se evidencia la codicia de los autores armados de continuar generando zozobra con el único fin de seguir ampliando sus fronteras del narcotráfico y de explotación minera”, señaló la CRIC en una misiva.

    Explotaciones mineras

    En tanto, el asesinato de 24 miembros de comunidades indígenas este 2018 también genera preocupación en Nariño. De hecho, el 8 de diciembre, la gobernadora del resguardo indígena Alto Cartagena del pueblo Awá, Lidia Gómez, se salvó de morir en un atentado perpetrado por hombres armados.

    Para Jaime Caicedo, coordinador del área jurídica de la organización Camawari y miembro de la comisión de paz del pueblo awá, el control territorial que ellos ejercen en esa zona ancestral podría estar causando disgustos entre los miembros de algunos grupos armados ilegales que quieren tener el dominio total de los cultivos ilícitos en el piedemonte costero de Nariño.

    Pero la otra duda que tiene Caicedo es si todo podría obedecer a que el pueblo awá rechaza la minería ilegal que están ejerciendo las organizaciones al margen de la ley en esa zona.

    “Lo que nosotros queremos es que la justicia, a través de las autoridades competentes, adelante las respectivas investigaciones de manera urgente y que los hechos se esclarezcan”, enfatizó Caicedo.

    Según un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas, mientras la tasa general de homicidios en Colombia se ha reducido en un 40 % en los últimos años, la violencia contra los defensores de derechos humanos va en aumento.

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