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    La petrolera estatal peruana, Petroperú, acusó este miércoles a un grupo de indígenas de cortar un ducto clave para la seguridad energética del país, porque transporta el crudo desde la Amazonía hasta la costa del Pacífico.

    Beatriz Alva Hart, representante de la estatal, declaró a la radio local RPP que el corte también ha provocado el derrame de al menos 8.000 barriles de petróleo y que no puede ser detenido porque los indígenas no permiten el ingreso de trabajadores petroleros para sellar el corte e impedir la salida del crudo.

    En un comunicado, Petroperú manifestó que el incidente ocurrió en la víspera, a 500 metros de la remota comunidad selvática llamada Mayuriaga, por donde transcurre el ducto.

    Alva indicó que un contingente policial, junto a un fiscal, se trasladaba a esa zona ubicada a unos 546 kilómetros al noreste de Lima, a la cual se llega en un viaje que incluye más de un día por auto y luego otros dos días a través de ríos.

    La fauna de la Amazonía norperuana sufre por los derrames petroleros. Foto: Agencia

    La petrolera calificó el corte del oleoducto como “un acto delincuencial”, debido a que la infraestructura de 40 años y más de 850 kilómetros de extensión -que cruza bosques, ríos, montañas y llega al desierto del Pacífico- es considerada “un activo crítico nacional”.

    Razones del corte

    La zona amazónica del noreste peruano, por donde transcurre el oleoducto, tiene decenas de derrames de hidrocarburos atribuidos por las autoridades ambientales, en su mayoría a la petrolera estatal, y los vertidos de crudo han afectado a comunidades indígenas que se encuentran entre las más pobres de Perú y carecen de servicios básicos, así como de representantes en el parlamento.

    Los vertidos de crudo han afectado a las comunidades indígenas. Foto: Agencia

    Según expertos, los reclamos indígenas por contaminación no han sido atendidos a plenitud por el Estado en años, por lo que pobladores de las comunidades de Fernando Rosas y Arutam  piden una solución inmediata para el problema de la contaminación por crudo presente en la quebrada Shifeco y el río Morona, debido a la actividad en la estación desde hace más de tres décadas.

    Los ríos se encuentran contaminados de bitumen proveniente del oleoducto. Foto: Agencia

    En estos años, decenas de delegaciones han emprendido su viaje a Lima para hacer oír sus demandas y exigir una solución definitiva para la emergencia ambiental que viene afectando a sus comunidades.

    El pasado 04 de mayo, sostuvieron una reunión con el Ministerio del Ambiente (MINAM) y con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

    Heydi Araujo, coordinadora de gestión de conflictos socioambientales del OEFA, afirmó que el cronograma de remediación de los daños ocasionados por las filtraciones de crudo ya ha sido exigido a Petroperú y que OEFA se compromete a hacer seguimiento para que se cumpla.

    Más adelante, en la reunión sostenida con Marco Arana, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, se analizó el estado de emergencia en el que se encuentran las comunidades afectadas por derrames y filtraciones de petróleo a lo largo de todo el Oleoducto Norperuano.

    Asimismo, Arana manifestó la necesidad de priorizar el respeto por los derechos de los pueblos indígenas que habitan en la Amazonía peruana frente a un modelo económico que es dependiente de la actividad extractiva, pero que a su vez no realiza una fiscalización ambiental adecuada en las zonas de impacto de cada proyecto.

    Además, mencionó que es necesario solicitar que se realicen informes sobre las condiciones del ducto, las poblaciones aledañas a estaciones a lo largo de él, e incluir en el informe sobre derrames de petróleo, que ya existe, el tema de las filtraciones y su impacto en la población.

    Por otro lado, en la reunión sostenida con Omar Trujillo, director ejecutivo de la Dirección de Pueblos Indígenas del MINSA, se analizaron las demandas de salud de las comunidades afectadas, y se acordó implementar un anexo de Puesto de Salud en la comunidad Fernando Rosas.

    Finalmente, en la reunión sostenida con representantes del Ministerio de Energía y Minas y de Petroperú, la estatal aceptó su responsabilidad respecto a la contaminación del agua de la quebrada y el río por crudo y se comprometió a priorizar la remediación de los daños y a dotar de una bomba de agua y de tanques a la comunidad para que las familias de Fernando Rosas y Arutam puedan abastecerse de agua limpia.

    Nuevas concesiones

    A pesar de la posición de 110 comunidades indígenas de prohibir concesiones petroleras en su territorio, la empresa Geopark, socia de Petroperú, actual concesionaria del lote, está a la espera de que el Estado apruebe el Estudio de Impacto Ambiental para iniciar sus operaciones a fines de este año; mientras que Petroperú busca financiamiento para la ampliación del Oleoducto Nor Peruano que conecte el lote a la Estación de Bombeo 5.

    Tanto la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), que congrega a 45 comunidades, como el Gobierno Territorial Autónomo (GTA) de la Nación Wampís, que congrega a 65 comunidades, han expresado su rechazo contundente a la actividad petrolera mediante un pronunciamiento.

    “Los Wampis y Achuar somos conscientes de que el desarrollo que el mundo debe promover no consiste en continuar insistiendo en la quema de combustibles fósiles en nombre de progreso, sino en incentivar la aplicación de tecnologías alternativas”, señalan.

    Este rechazo de la población se sustenta en las nefastas consecuencias que ha tenido la actividad en el Lote 192 (ex 1AB), en Loreto, para los pueblos indígenas, quienes han sufrido la contaminación en sus territorios durante casi cincuenta años.

    Los pueblos Achuar y Wampís son conscientes de lo inefectivas que son las políticas y normas ambientales en Perú, que han permitido que las empresas como Pluspetrol no cumplan con los mínimos estándares de buenas prácticas ambientales y, además, evadan sus responsabilidades de remediación.

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