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    Decenas de adultos mayores no han cobrado la ayuda de emergencia de 500 dólares de la Agencia Federal para el Manejo de Desastres (FEMA, en inglés) , pese a que el huracán María, dejó grandes secuelas hace un año en Puerto Rico. Con esto se vislumbra que la explotación financiera continúa en esa nación.

    La abogada Irma Rosado del Río, quien trabaja en el Centro Integral de Apoyo a Víctimas (CIAV) de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, explicó que “posterior al huracán ha habido muchos casos de explotación financiera. Identificamos personas que tuvieron problemas con la primera ayuda de $500, porque la solicitud la llenó otra persona, la dirección y cuenta de banco eran de esa otra persona”.

    Así mismo, indicó que debido a los trámites burocráticos que realiza la FEMA inicia con la investigación a nivel federal. “es un proceso bien largo. Es posible que muchas personas no hayan recibido nada todavía”, expresó.

    La personas mayores no recibe lo que le corresponde

    La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada reveló que, tan solo en los dos meses posteriores al paso del ciclón, recibieron 1,369 reclamos por abuso financiero, lo que representó 684 querellas mensuales, cantidad que fue más del doble de las 254 registradas, en promedio, en el año fiscal 2017. Situación que refleja los casos de toda la isla.

    “Lo que vemos regularmente es que hay muchos familiares que les administran los bienes a las personas mayores alegando que es para ayudarlos pero, a la larga, la persona no recibe lo que le corresponde” dijo al reiterar que es difícil lograr una acción judicial contra esos victimarios “quienes cometen estas acciones regularmente, son familiares que están con ellos y se les hace bien difícil tomar una acción contra esa persona, que es la que ellos perciben que los cuida”.

    La explotación financiera es solo uno de los asuntos que atiende el CIAV, un proyecto financiado con fondos federales del “Victim of Crime Act” (VOCA) que administra el Departamento de Justicia, que arrancó en 2017, para dar apoyo legal a adultos mayores y víctimas de trata humana.

    Las personas conocen sus derechos y los victimarios entienden que hay una protección en ley

    Para este 2018, el proyecto se amplió para cubrir víctimas de violencia doméstica, además los servicios de orientación como los de representación legal se ofrecen gratuitos.

    “Siempre tratamos de hablar de eso en los centros de actividades para adultos mayores a los que vamos porque, cuando la gente lo escucha, puede identificar que lo que le pasa no se supone que esté ocurriendo. Hay que darle mucha divulgación porque las personas conocen sus derechos y los victimarios entienden que hay una protección en ley”, mencionó Rosado del Río.

    A su juicio, hace falta concienciar a la población acerca de los procesos de incapacidad y tutela declarada únicamente por un tribunal. Es recurrente que un hijo o hija le diga a una persona mayor: “Ya tú no puedes administrar tus cuentas”. Sin embargo, que una persona tenga una edad ‘X’ o se le haga más lento llegar a un sitio o pensar, “no quiere decir que no puede administrar sus bienes”,acotó la abogada.

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