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    “Pehuenche S.A. mantiene un verdadero estado policial en el sector donde tiene sus instalaciones y se comporta frente a la comunidad como la autoridad indiscutida… siendo que, en la práctica, es una empresa privada que sólo se dedica a obtener millonarios beneficios en su actividad de generación de electricidad”.

    Así acusó, en un escrito dirigido al Primer Juzgado de Letras de Talca, el abogado Miguel Carreño Gallardo, representante de una pequeña sociedad forestal colindante con la Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. en el sector alto de la comuna de Colbún, en la Región del Maule.

    La filial de Enel Generación (ex Endesa) mantiene litigios con varios miembros de la comunidad del sector, todos relativos a una supuesta afectación a los terrenos privados de la hidroeléctrica y, principalmente, a diferencias sobre el uso de un camino que históricamente ha permitido conectar zonas apartadas de la comuna, según plantean detractores.

    Cerca de 10 demandas civiles de Pehuenche tiene en su contra, por ejemplo, Gladys Mardones, quien mantiene propiedades en el área. En conversación con El Ciudadano, Mardones señaló que el problema empezó cuando inscribió, en favor de la comunidad, la ruta de ingreso a la sala de máquinas de la central Pehuenche, la cual nace en la Ruta Internacional Pehuenche (o CH-115) y daría continuidad a la L-355 que bordea la ribera sur del Lago Colbún.

    Esto último, indica, lo hizo amparada en servidumbres de tránsito perpetuas que constan en títulos del predio desde el año 1968, fecha en que éste fue adquirido por los agricultores Primitivo Retamal y Alberto Muñoz.

    “Cuando tiraron el proyecto de la línea de transmisión Los Cóndores-Ancoa (extendida desde la central hidro que Enel construye en la Laguna del Maule, denominada “Los Cóndores”), Medioambiente les pidió algo a cambio. Mitigación le llaman. Los miradores no nos servían, entonces en el fondo se peleó mucho con nuestros planos y todo para que entregaran el camino a la comunidad, porque no podíamos llegar a nuestra propiedad. Tenían portones por todos lados”, señaló Mardones.

    En 2012, el Comité de Ministros de Sebastián Piñera obligó a Enel (entonces Endesa Chile) a abrir los primeros cinco kilómetros que emprenden rumbo hacia Colbún urbano desde la CH-115. Esto como compensación por los impactos paisajísticos generados por sus torres de alta tensión y frente a una petición expresa de varias juntas vecinales.

    Aunque originalmente el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dio como plazo perentorio para abrir el camino el mes septiembre del año 2012, el Comité de Ministros modificó la resolución, dando facilidades para que Enel conceda el tramo al Fisco solo una vez que termine la obra de la central Los Cóndores y la instalación del cableado, pensada para 2020.

    El sector, aunque pertenece a la jurisdicción de Colbún, carece de acceso inmediato a servicios municipales básicos. “No tenemos ambulancia ni Carabineros, y la basura la recolecta San Clemente”, precisó Mardones.

    Según la denuncia del abogado Carreño, contenida en una de las tantas causas civiles que Pehuenche inició contra Gladys Mardones por diferencias en deslindes de predios, el 7 de enero de 2018 Pehuenche cerró con candado un portón ubicado en la ruta, lo que motivó denuncias contra personal de la empresa ante la Fiscalía Local de Linares.

    Pese a esto, en las demandas realizadas a través del abogado Guillermo Monsalve -ex integrante de la Corte de Apelaciones de Talca-, Pehuenche se defiende, argumentando que la ex Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), cuando era estatal, efectuó una compraventa que incluyó el espacio afecto a la servidumbre.

    Matías Rojas – [email protected]

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