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    La emblemática acción judicial, cuestiona la Constitución Política, que en virtud a tratados internacionales firmados por Chile, no reconoce la libre determinación de los pueblos indígenas, obligándolos a ser parte de la nación chilena.



    Los pueblos aymara, quechua y likan antay interpusieron un recurso de protección contra el Estado de Chile, representado por la Presidenta Michelle Bachelet, infiriendo la vulneración de derechos fundamentales, que ha forzado a los originarios a asumir una nacionalidad impuesta, desconociendo a las naciones indígenas anteriores y superiores a Chile y a su ordenamiento jurídico.

    La acción judicial realizada hoy al mediodía en la Corte de Apelaciones de Santiago, se sustenta en los derechos a la vida digna de los pueblos indígenas, el deber de igualdad y no discriminación, garantizados en la Constitución.

    Así como el reconocimiento de la libre determinación de los pueblos, de acuerdo a Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, recientemente suscrita por Chile, volviéndose así un país infractor de adecuar su Constitución a tratados internacionales firmados.

    Cabe destacar que la nación aymara y quechua han sido reconocidas oficialmente en Perú, Argentina y Bolivia, tres países que admiten en sus constituciones la existencia de una multiplicidad de naciones, y no fuerzan u obligan a pertenecer a una nación con la que no comparten una historia, lengua o cosmovisión ancestral, como el caso de Chile –según artículo 3 de la Constitución- al declararse un país unitario.

    De acuerdo a los dirigentes firmantes del recurso, Chile no ha hecho más que desconocer de manera discriminatoria al territorio multicultural, negando la libertad de expresión de los pueblos originarios, e incumpliendo con los tratados internacionales al no modificar su legislación interna.

    Esta emblemática solicitud, denominado “Choque frente al Estado de Chile”, surge del sentir de representantes indígenas y cuenta con el respaldo legal del Observatorio Control Interamericano de los Derechos de los y las Migrantes –OCIM-, quienes no descartan acciones a nivel internacional en el caso que la justicia chilena declare inadmisible el recurso.

    Leyla Noriega

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