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    Tres millones 729 mil personas pidieron que la CVRD, la segunda compañía minera más grande del mundo, vuelva a manos del Estado brasileño, en un plebiscito organizado por el Movimiento de los Sin Tierra.



    El Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), la Central Única de Trabajadores (CUT) y otras 200 organizaciones sociales celebraron la primera semana de septiembre, la de las fiestas patrias brasileñas, con un plebiscito para construir la soberanía del país, a casi dos siglos de su independencia. El 8 de octubre dieron a conocer los resultados, una abrumadora victoria de los contrarios a la privatización entre los participantes en la consulta. El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) se sumó a la propuesta, pero el gobierno de Lula (donde el PT gobierna en una coalición más amplia) la rechazó: una muestra de las contradicciones que cruzan al actual gobierno brasileño.
    Las urnas del referendo estuvieron abiertas del 1 al 9 de septiembre. En las boletas se preguntó a los ciudadanos si quieren que la Companhia Vale do Rio Doce (Compañía Valle del Río Dulce, CVRD, o “la Vale”, como es conocida en el país) siga en manos privadas o vuelva a estar bajo control del Estado y del pueblo brasileño, diez años después de su privatización.
    Tres millones 729 mil personas acudieron a votar. El 94% tachó el “no” y pidió que la Vale vuelva a estar bajo control de los brasileños.
    Precio de descuento
    La cuestión que decidieron estos casi cuatro millones de ciudadanos no es banal. La CVRD es la segunda compañía minera más valiosa del mundo por su valor comercial, tasado en unos cien mil millones de dólares; es la mayor productora de hierro del mundo y está presente en los cinco continentes. Según su sitio web, sólo en Brasil la Vale controla la tercera parte de lo que entra o sale del país por el mar, a través de las seis terminales portuarias que posee; tiene casi 10 mil kilómetros de vías férreas y transporta el 16 por ciento de lo que viaja en los trenes brasileños.
    Además, la CVRD tiene varias centrales eléctricas que la abastecen exclusivamente a ella y, según varias denuncias, ha podido aumentar su rentabilidad gracias a los subsidios a la energía; es una de las principales alumineras de América Latina y es propietaria de la compañía Inco, una de las mineras más grandes de Canadá.
    Fundada en 1942, durante el gobierno de Getulio Vargas, cuando fue privatizada en 1997 era ya una de las principales compañías del mundo y su valor estaba tasado en unos 40 mil millones de dólares. Sin embargo, el gobierno de Fernando Henrique Cardoso la vendió por la décima parte de esa suma, en una operación que, según los que se oponen a la venta, estuvo plagada de irregularidades.
    Los tribunales tienen la palabra
    Según el abogado Fábio Konder Comparato, profesor de la Universidad de Sao Paulo, entre estas irregularidades se pueden citar, además del hecho de que la Vale fuera vendida por un precio mucho menor al real, el que no se cumplió el requerimiento legal de justificar la enajenación de bienes del Estado en aras del interés público. “El edicto de alienación del control de la CVRD se limitó a declarar que la desestatización de la empresa “encuadra en los objetivos del Plan Nacional de Desestatización”, sin justificar ni la función de este plan ni en qué medida contribuiría al bienestar del país.
    Konder Comparato y los abogados detrás del centenar de denuncias contra la venta de la Vale que todavía están en los tribunales creen que sólo estos dos hechos ya ameritarían que el Poder Judicial anulara la venta. Pero hay más. Según dijo Joao Pedro Stédile, dirigente del MST, en entrevista con la agencia de noticias InterPress, “la empresa que valuó la compañía para el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social fue la misma que asesoró al banco Bradesco”, uno de los actuales propietarios. Para el líder campesino, “eso quiere decir que los valuadores asesoraron tanto al vendedor como al comprador”.
    Algunos tribunales coinciden con Stédile y sus compañeros. Por ejemplo, un magistrado de segunda instancia ya dictó sentencia sobre una de las querellas, en diciembre de 2005, y estableció que hubo fraude en la venta de la CVRD, por lo que ésta debería ser anulada. Aunque fue una buena noticia, quienes buscan que la Vale vuelva a estar bajo control de los brasileños y del Estado reconocieron que “lo que sigue durará años”, ya que quedan todavía varios recursos por resolver.
    El PT sí, pero el gobierno no
    Aún antes de que el MST, la CUT y los demás participantes en la campaña dieran a conocer los resultados de la consulta y el rotundo no de los participantes a la privatización de la CVRD, el plebiscito ya había provocado varias reacciones y había puesto de manifiesto un cierto desfase entre la clase política y sus bases y entre el gobierno y las organizaciones que lo apoyan.
    Entre otras acciones que han tenido una fuerte respuesta, el Grito de los Excluidos, la gran manifestación nacional convocada año con año, y que en esta ocasión se sumó al plebiscito, tuvo un millón de participantes en todo Brasil, según sus organizadores.
    Además, el pleno del III Congreso del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se sumó a la propuesta. Algunos altos dirigentes de la agrupación llegaron a apoyarla directamente, como la gobernadora del estado de Pará, Ana Júlia Carepa, que acudió a depositar su voto en la consulta.
    No todos los líderes del PT, sin embargo, comparten del todo la idea de emprender acciones contundentes para recuperar la Vale para los brasileños. En declaraciones al diario Folha de Sao Paulo, el 2 de septiembre, cuando comenzaba la consulta, el presidente del partido, Ricardo Berzoini, dijo que el plebiscito “es una acción de los movimientos sociales que el PT apoya, lo que no quiere decir que el resultado de la consulta vincule al partido”.
    El presidente Lula coincidió con él y declaró cuando la consulta ya estaba en marcha que “la discusión sobre el tema de la CVRD no está ni estará en mi escritorio”, y fue más lejos, al decir que el asunto “no se discute en el gobierno pues existe un acto jurídico perfecto que el gobierno va a respetar”, a pesar de las acciones judiciales emprendidas por varios colegas de Konder Comparato.
    Es decir, que el partido en el gobierno va por la renacionalización de la CVRD, pero el gobierno no.
    No es cosa fácil
    La tarea de poner a la Vale otra vez en manos de todos los brasileños será larga y difícil. Por lo pronto, el presidente nacional de la CUT, Artur Henrique, reconoce que después de la consulta se inicia “una nueva etapa de lucha”, aunque celebra que “la condena de la privatización y de la sumisión a los conceptos formulados por el imperialismo ya está, una vez más, confirmada” por el pueblo de Brasil.
    Aunque éste pueda ser un gran logro, y el haber convocado con pocos recursos a tres millones 729 mil de votantes es en sí una victoria, los adversarios a enfrentar son poderosos. Baste con ver la conformación de la estructura de propiedad de la CVRD.
    Desde septiembre de 2003, por ejemplo, el consorcio japonés Mitsui, uno de los más poderosos del archipiélago nipón, tiene un 15 por ciento de las acciones de Valepar, el conglomerado de accionistas que controla el 53 por ciento de los votos de capital de la CVRD.
    Además, como publicó el diario La Jornada basándose en los datos mostrados por la propia Vale en su página de Internet, la cuarta parte del capital ordinario de la CVRD está en manos de extranjeros, sólo siete por ciento en manos de brasileños y el Estado controla apenas otro siete por ciento. De su capital total, en fin, casi dos terceras partes están a merced de las bolsas de valores, en Nueva York y Brasil.
    Todo esto, sin embargo, no amedrenta al MST, la CUT y los millones de brasileños que se volcaron a celebrar la independencia buscando que sea verdadera y total. El lema del Grito de los Excluidos de este año resumió bien lo que piensan: “¡Esto no Vale!”

    Fuente: diario La Jornada (México

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